POR KIMBERLY LÓPEZ
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Entre el 2016 y 2017 el Estado ha invertido Q1 mil 80 millones 52 mil en programas sociales que, según las mismas autoridades que los administran, no han ayudado a las familias beneficiarias a salir de la pobreza. Pese a su importancia para la población, el Ministerio de Desarrollo (Mides) sigue siendo uno de los más ineficientes.
Según el registro de asignaciones presupuestarias y montos devengados por el Ministerio de Desarrollo en el Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN), durante el año pasado y los meses transcurridos este año, el gasto de programas ha superado los Q1 mil millones. Estos se han invertido en recursos para la operatividad de los comedores, bolsas de alimentos, becas y transferencias monetarias condicionadas en salud y educación. No obstante, los efectos de estos recursos gastados no son los esperados en relación a la reducción de condiciones de pobreza.
IMPACTO ESCASO
El Mides avanzó en la realización de un censo de beneficiarios de programas sociales para verificar que cada uno cumpla con el perfil solicitado: estar en condiciones de pobreza o pobreza extrema. Era un requisito de la Ley de Presupuesto, que luego fue declarado como inconstitucional.
Sin embargo, en la medida en que revisaron las circunstancias de los beneficiarios, las autoridades confirmaron que casi ninguna de las familias que ha recibido ayuda del Estado ha salido de la pobreza y, peor aún, es probable que sus hijos tampoco lo hagan.
El viceministro de la cartera, Carlos Vidal, a cargo de las políticas de programas sociales para poblaciones vulnerables, indicó a La Hora que no es significativa la cantidad de personas que serán retiradas del padrón de beneficiarios por haber superado su condición de pobreza, quizá solo se elimine a 10 o 15 personas.
Según Vidal, al no tener programas integrales implementados, no han logrado que las comunidades más necesitadas logren mejorar su situación de vida. Es decir, que en muchos casos hay familias cuyos hijos siguen necesitando de los programas sociales y su condición de pobreza sigue siendo la misma.
GASTOS EN PROGRAMAS
En el SICOIN se detalla que solo en 2016 el gasto en programas ascendió a Q587 millones 224 mil 986, sin tomar en cuenta los recursos en procesos administrativos de la cartera.
De este total, la mayoría fue utilizada en el programa de Transferencias monetarias condicionadas en salud y educación (Q540 millones 134 mil 859). El resto fue utilizado en comedores, bolsa de alimentos y programa de becas.
Mientras tanto, en los meses transcurridos este año y, a pesar de que el Mides ha alcanzado apenas un 15.99 por ciento de ejecución, ya ha gastado Q492 millones 827 mil 916.
De ese total, Q393 millones 694 mil 871 fueron utilizados en Transferencias monetarias condicionadas en salud y educación. (Ver infografía: Presupuesto y ejecución)
SEÑALAN DEFICIENCIAS
Luis Linares, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), considera que el Mides, desde su creación, ha sido un ministerio innecesario, especialmente porque su propósito era servir de medio para la distribución de programas de carácter asistencial. Sin embargo, en sus años de existencia se ha prestado al clientelismo y a la corrupción.
Según Linares, estas políticas no han tenido ningún impacto en la reducción de la pobreza y esto confirma su opinión sobre lo innecesario de la cartera.
“Es un gasto poco razonable o irracional, que no ha resuelto nada y solo es un desperdicio de recursos públicos. Se deben tomar las medidas para suprimirlo y ver qué ministerios serían los responsables de asumir las funciones que podrían persistir de las que actualmente existen”, comenta.
ZAPATA: BIEN MANEJADOS, SÍ FUNCIONAN
Para Adrián Zapata, excomisionado presidencial para el desarrollo rural integral, los programas sociales de protección social y particularmente las transferencias condicionadas son programas que sí han demostrado su eficacia como medidas a corto plazo para combatir la pobreza en países de América Latina.
Sin embargo, su eficiencia depende de su adecuada implementación, la cual debe cumplir con requisitos mínimos: El primero es que los mismos no estén inspirados en intereses clientelares, que no haya una politización de los programas.
Asimismo, debe existir una entrega regular de los beneficios; por ejemplo: las transferencias. Además, se tienen que vincular las transferencias de dinero con ciertas condiciones, como llevar a los niños a la escuela y Centros de Salud para garantizar los derechos a la educación y salud.
“También es importante que se combine con programas productivos programas de agricultura familiar, cuya competencia ya no es del Mides sino del Ministerio de Agricultura”, agrega.
No obstante, en el país los programas no se han ejecutado de esta forma y es por eso que los niveles de pobreza no disminuyen. En los primeros meses de este año ningún programa social fue entregado debido a los cuestionamientos alrededor del padrón de beneficiarios. En tanto, las entregas de dinero no conllevan ningún compromiso por parte de los padres de menores de edad.
La muestra total de inoperancia de la cartera, según Jorge Santos, de la Unidad de Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de Guatemala (Udefegua), es la gestión actual. Bajos niveles de ejecución presupuestaria e inestabilidad en la dirección de la cartera son los escenarios que han destacado este año.
“Nos parece que la construcción de los programas de asistencia tenía como finalidad coadyuvar a erradicar las necesidades existentes en el país. Había un andamiaje que permitía pensar en una estrategia coherente, pero fue en el marco de desarrollo que estos programas se fueron desvirtuando”, indica.
El escenario es aún más desalentador para las familias en pobreza y pobreza extrema, debido a que tampoco hay una política nacional a mediano y largo plazo para superar este flagelo. Zapata insiste en que si no se mejoran las condiciones de vida de la mayoría de la población, el desarrollo del país se verá estancado.
