POR MARIELA CASTAÑÓN
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Tras el incendio del 8 de marzo en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción (HSVA), administrado por la Secretaría de Bienestar Social (SBS), 559 niños, niñas y adolescentes (NNA), fueron enviados a diferentes lugares o con sus familias. La situación de los menores de edad no es alentadora, porque aunque estén en casa de sus parientes o en hogares privados y públicos, la mayoría no está en condiciones idóneas.
José Luis Patzán es padre de cuatro adolescentes que tienen edades comprendidas entre 13 y 19 años, y que estaban en el Hogar Seguro. Tras el incendio que provocó la muerte de 41 niñas, sus hijos fueron trasladados a diferentes hogares.
Según el entrevistado, hace cuatro meses el Estado, a través de la SBS, le entregó a su hijo de 19 años, quien padece discapacidad intelectual. Esa institución le indicó que le daría un subsidio de Q500 mensuales para que se hiciera cargo del joven; abrieron una cuenta, pero no le depositaron nada.
De acuerdo con Patzán, el muchacho regresó a su entorno familiar, pero está muy afectado por mezquinos en sus manos y sarcoptosis. La SBS le habría recomendado llevarlo a una clínica de especialidades ubicada en la zona 1; la primera visita fue gratis, al igual que algunos medicamentos, pero después debía pagar por ellos y no pudo adquirirlos, porque es “de escasos recursos”.
Las marcas físicas y psicológicas son evidentes en el joven, que ahora trabaja junto a su padre, que es herrero. El adolescente tiene infecciones en la piel, principalmente en sus manos y rostro.
Patzán relata que por las noches su hijo ha tenido pesadillas y grita que “Mamá Tere y Hugo pegan muy duro”. El joven interviene en la conversación y dice “en el hogar”.
Por otro lado, el padre de familia indica que el pasado 20 de junio el Estado le entregó a su otra hija de 17 años, pero únicamente estuvo con él diez días y volvieron a institucionalizarla. Argumenta que esa situación se originó porque la niña “estaba muy rebelde”.
En tanto sus otros dos hijos, una niña y un niño de 13 y 16 años respectivamente, que fueron enviados a otro hogar en el interior del país, están mal de salud, indica.
“Los otros dos niños están bastante mal, están demacrados y aislados, porque tienen hepatitis. A la nena hasta se le estaban cayendo los dientes”, lamenta.
Según Patzán, las autoridades querían entregarle a sus hijos, pero debido a que “no puede hacerse cargo de ellos”, no pudo recibirlos.
“Me los querían dar, pero no puedo –cuidarlos–. Me querían dar un dinero, pero ellos necesitan una doctora. Nos estamos manteniendo -él y su hijo- con mi trabajo -de herrero-, pero me cuesta bastante, -llevarme a mi hijo al trabajo-; tengo que verlo y darle su comida”, reitera.
Patzán pide el apoyo del Estado, para que su hijo pueda recibir el tratamiento por su padecimiento -discapacidad intelectual- o al menos pueda comprar los medicamentos que necesita por las infecciones en la piel. (Lea el recuadro El destino de la niñez del Hogar Seguro).
Recientemente, Ana Ruth Mérida, defensora de las Personas con Discapacidad de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), dio a conocer que 49 niños y adultos con discapacidad, que fueron evacuados del Hogar Seguro, todavía se encontraban en el Centro de Atención Especial Alida España de Arana.
Mérida dijo que aunque están en mejores condiciones, en comparación con las visitas realizadas hace algunos meses, continúan en una situación “no idónea”.
“Las condiciones no son idóneas, pero en comparación de algunos meses ha mejorado. Estamos esperando cuándo harán el traslado de las 49 personas o la integración a sus familias, que a eso se le debe apostar”, reiteró.
¿DÓNDE ESTÁN?
La Hora consultó al Consejo Nacional de Adopciones (CNA) sobre los lugares donde se encuentra la niñez que fue evacuada del Hogar Seguro y explicó los datos.
Según el CNA, la información validada con la SBS y la Procuraduría General de la Nación (PGN), tras el siniestro del 8 de marzo, da cuenta que hasta el 14 de julio de este año, la niñez se encontraba así:
Un total de 29 NNA abandonaron el proceso de protección y activación de alerta Alba-Keneth; 23 fueron egresados por mayoría de edad, 238 fueron reintegrados con sus familias -la PGN y la SBS da seguimiento a los casos-, una niña fue acogida por una familia, 124 fueron trasladados a hogares y centros públicos de la SBS, una niña está en un albergue de la Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVET).
Además, 2 fueron trasladados a un centro de detención para jóvenes en conflicto con la ley, 5 fueron repatriados a Centroamérica, 2 están hospitalizadas en Estados Unidos, una adolescente que regresó de Estados Unidos, estaba hasta julio pasado en el Hospital General San Juan de Dios y 133 fueron trasladados a hogares privados.
MEDICAMENTOS VENCIDOS Y PERFILES MEZCLADOS
La PDH realizó verificaciones a por lo menos siete hogares públicos o de la SBS, que fueron habilitados para los NNA que estaban en el Hogar Seguro, y que no fueron recibidos en centros privados.
Esos lugares están ubicados en la zona 15, San Cristóbal y uno en un anexo de la zona 1, según la Procuraduría.
De acuerdo con Abner Paredes, representante de la Oficina del Ombudsman, en las visitas encontraron que algunos hogares tenían medicamentos y comida vencida. En tanto, aunque no ubicaron sobrepoblación, sí les indicaron que en ocasiones estos lugares exceden su capacidad.
“Entre los principales hallazgos que podríamos mencionar es que en algunos hogares que visitamos, encontramos medicamento vencido y que –caducará– en los próximos tres meses. En uno de los hogares también encontramos comida vencida y se solicitó que procedieran a eliminarla. En el tema de las condiciones que son para ambientes más reducidos, tenían el número para el cual están habilitados, sin embargo, la información que nos proporcionaron las personas responsables es que hay días que sí ha aumentado la capacidad de los hogares”, indica Paredes.
Según el entrevistado, en cuanto a condiciones generales, sí hay literas, ropa y zapatos para los menores de edad. Lo que no encontraron fueron rutas de evacuación y señalización por si se presenta una emergencia. En tanto, en la mayoría de hogares hay extintores, pero no hay capacitación al respecto.
El profesional dice que los expedientes de los NNA no están integrados. Es decir, que no cuentan con toda la papelería y no hay registros del plan individual; tampoco están en un formato digital.
Además, no se han atendido las medidas cautelares en seguridad que recomendó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mientras que siguen ingresando más niños a los hogares, que son parte de nuevos procesos.
Paredes refiere que aunque estos hallazgos son preliminares y en su momento los nuevos representantes de la PDH emitirán un informe oficial con las recomendaciones necesarias, sugieren que exista un mejor control de los medicamentos, se verifiquen los alimentos, se evite el hacinamiento y se atienda el tema de salud.
El entrevistado concluye que desafortunadamente el modelo de atención no ha variado, pues aunque se sigue contando con personal médico, psicológico y pedagógico, no hay avances en el plan individual de cada NNA, no se han separado perfiles, pues a la fecha están mezclados quienes tienen problemas psiquiátricos con perfiles violentos. En tanto, lo ideal será que se adapten hogares, según el perfil o atención que necesita cada niño o niña.
SUPERVISIONES, SEGUIMIENTOS Y SUBSIDIOS
Según las diferentes instituciones involucradas en la supervisión de hogares, seguimientos y entrega de subsidios han realizado diferentes diligencias, tras el incendio en el HSVA.
El CNA explica que ha realizado un total de 85 supervisiones a hogares públicos y privados, con el fin de verificar la situación actual de la población y atención biopsicosocial recibida.
Rudy Zepeda, portavoz del CNA, detalla que en los hogares públicos ha realizado 23 supervisiones en ocho hogares ubicados en los departamentos de Guatemala, Quetzaltenango y Zacapa.
“La Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, a partir de la tragedia del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, ha implementado cinco viviendas para el acogimiento residencial, principalmente para adolescentes varones y población con discapacidad. Asimismo, reubicó niños, niñas y adolescentes en tres hogares ya existentes, haciendo un total de ocho hogares administrados por la Secretaría de Bienestar Social”, indica.
De acuerdo con el CNA, ha recomendado implementar de manera urgente, programas de atención integral especializada con enfoque de derechos humanos, especialmente para la población con discapacidad.
Además, ha sugerido evaluar al personal que brinda atención directa a la población, fortalecer los procesos de selección y capacitación para garantizar que desempeñen su rol de acuerdo al puesto para el cual fueron contratados.
También ha enfatizado en la urgente necesidad que la SBS fortalezca sus programas de prevención y acogimiento familiar, para evitar la institucionalización innecesaria.
En el Hogar de la SVET, también se llevó a cabo una revisión, por parte del CNA, se explica.
Por otro lado, el portavoz refiere que esta instancia ha efectuado 61 supervisiones, en 31 hogares privados, ubicados en Chimaltenango, Chiquimula, Escuintla, Guatemala, Huehuetenango, Jalapa, Petén, Quetzaltenango, Sacatepéquez, Suchitepéquez y Zacapa.
“Los representantes legales y directores de hogares privados de protección brindaron apoyo para el abrigo temporal de niños, niñas y adolescentes, durante y posterior a la emergencia del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, lo cual benefició a la mayoría de la población”, expresa Zepeda.
El entrevistado agrega que se ha determinado que algunos hogares privados cuentan con equipos multidisciplinarios para atender a la población abrigada, sin embargo, la falta de traslado oportuno de expedientes por parte de la SBS (especialmente médicos, psicosociales, y educativos) ha causado dificultades para el seguimiento en la atención integral de la población, conllevando su revictimización.
El comunicador agrega: “Resulta necesario enfatizar que el Consejo Nacional de Adopciones ha presentado denuncias a los Juzgados de Niñez y Adolescencia del área metropolitana cuando se ha verificado amenazas o vulneraciones a los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes abrigados en hogares públicos y privados, para que decreten medidas de protección inmediata, cese la vulneración de derechos y certifiquen los conducente, cuando corresponda”.
Por otro lado, la PGN explica que se ha contratado a ocho equipos de cuatro personas: psicólogos, trabajadores sociales, investigadores y abogados, que dan seguimiento a los casos de los NNA que fueron ubicados en diferentes áreas tras el incendio.
Antes la plantilla era de cuatro equipos de cuatro personas, sin embargo, tras lo ocurrido, se han fortalecido las acciones por parte de PGN.
¿QUÉ DICE LA TITULAR DE LA SBS?
En tanto, Heidi Estrada, quien asumió como nueva titular de la SBS hace menos de dos semanas, fue cuestionada por las condiciones en las que se encuentran los NNA que fueron trasladados a los diferentes hogares, la funcionaria dijo que se han pedido informes al respecto, pero con los equipos multidisciplinarios pretenden no revictimizar a los menores de edad, también se sigue buscando infraestructura para ellos.
Estrada dice que evalúan las propuestas de su antecesora, Cándida Rabanales, quien había planteado dos modelos residenciales para los NNA: uno provisional y otro residencial comunitario.
Por otro lado, se consultó a Dania Franco, subsecretaria de Preservación Familiar, por los atrasos en los subsidios que entregarían a las familias; la entrevistada argumentó que el tema se debe a que aún necesitan un ordenamiento jurídico y legal.
“Se está viendo la parte del ordenamiento de los jueces, que es donde se le puede evaluar a los niños, porque la prioridad de los subsidios familiares va para los niños con discapacidad. Como esto es nuevo por el tema de la emergencia, se tiene que hacer un ordenamiento jurídico para que tenga soporte y legalidad”, reitera.
