POR JOSÉ DEL ÁGUILA
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La defensa de Édgar René de la Peña Archila y Ramiro Armando Lorenzana Ortiz, sindicados en el Caso IGSS-Pisa, se comunicó con este medio para indicar que el Ministerio Público (MP), en reiteradas ocasiones, se ha opuesto a que ambos obtengan una medida sustitutiva, con lo cual el ente investigador está violando la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.
David Pineda, abogado defensor, dijo que las pruebas ofrecidas por el MP consisten en interceptaciones telefónicas y testimonios ajenos a la acusación que se hace contra sus patrocinados, por lo que no existe impedimento para que sus clientes obtengan una medida sustitutiva.
Asimismo, dijo que la Convención Americana Sobre Derechos Humanos estipula que toda persona detenida tiene derecho a ser juzgada en un plazo razonable o a ser puesta en libertad.
En tanto, el fiscal Juan Francisco Sandoval negó los señalamientos del abogado y dijo que asumir una postura respecto a la libertad de los sindicados no implica vulneración a ningún derecho.
“Si los órganos jurisdiccionales han denegado las peticiones es porque no han logrado convencerlos –la defensa– de la necesidad de la variación de la medida de coerción”, comentó el fiscal.
