POR CLAUDIA PALACIOS
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Los querellantes del Caso Hogar Seguro Virgen de la Asunción buscan modificar la acusación presentada por el Ministerio Público (MP) contra Santos Torres, exdirector del hogar; Anahí Keller, exsubsecretaria de Bienestar Social y Carlos Rodas, exdirigente de la misma institución.
La organización Mujeres Transformando al Mundo (MTM) presentó una querella contra los exfuncionarios, en la cual se les señala de los delitos de tortura y homicidio, por los vejámenes cometidos contra los niños, niñas y adolescentes del Hogar Seguro.
Esta acción amplía los señalamientos realizados hasta ahora contra Keller, Santos y Rodas, teniendo en cuenta también los vejámenes de los que fueron víctimas los niños y adolescentes hombres los días 7 y 8 de marzo de este año, cuando algunos de los menores de edad internados en el refugio intentaron huir y protestaron contra los maltratos que sufrían a manos de las autoridades del centro. El levantamiento terminó con un incendio en una de las aulas del hogar en el que murieron 41 niñas y adolescentes mujeres.
La querella deberá investigarse como un caso aparte, pero la organización espera que más adelante el expediente se unifique con el proceso penal que se conoce actualmente en tribunales, explicó Paula Barrios, abogada de MTM.
Además, ayer el abogado Édgar Pérez solicitó modificar la acusación contra los exfuncionarios para cambiar el delito de maltrato contra menores de edad por el de tortura, y el de homicidio culposo por el de femicidio.
De acuerdo con Pérez, los cargos imputados por la Fiscalía son leves para la gravedad de los hechos ocurridos.
El juez Carlos Guerra deberá resolver la solicitud este miércoles, cuando defina si los acusados irán a juicio por la muerte de las 41 niñas y adolescentes.
A criterio del fiscal del caso, Edgar Gómez, los hechos no encuadran en los delitos de tortura ni femicidio. En el primer caso porque no se pretendía obtener información o intimidar a los menores. En el segundo caso considera que no se puede establecer una relación de poder por razón de género entre las niñas víctimas y las autoridades, como debe suceder para poder tipificar el delito de femicidio.
