POR JOSÉ DEL ÁGUILA
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Edgar René de la Peña Archila y Ramiro Armando Lorenzana Ortiz, sindicados en el Caso IGSS-Pisa, denunciaron por medio de un comunicado dirigido al Procurador de los Derechos Humanos (PDH) retrasos en el proceso penal que se sigue en su contra y el rechazo de los jueces a otorgarles una medida sustitutiva. El Ministerio Público (MP), por su parte, considera que ambos no han fundamentado las razones por las cuales se les debe otorgar libertad condicional.
De la Peña Archila y Lorenzana Ortiz, directivos de la Droguería Pisa de Guatemala, al momento de su detención, aseguran que llevan “más de 26 meses presos en Mariscal Zavala”, sin poder ser juzgados, debido a que varios jueces, entre ellos el juez Carlos Ruano, se han excusado de conocer el caso.
Ruano pidió ser separado del caso derivado de las presiones de la exmagistrada Blanca Stalling para que otorgara una medida sustitutiva a su hijo, Otto Stalling. Otra de las juezas, Miriam Hernández, se excusó porque declaró como testigo en esta declaración, pero la misma fue rechazada. Otros togados se han inhibido por enemistad con algunos de los sujetos involucrados en el proceso.
Los sindicados también alegan que durante la audiencia de primera declaración, el Juzgado Sexto de Primera Instancia Penal les negó la medida sustitutiva por el alto nivel de acceso que tenían al IGSS, lo cual ellos califican como un argumento “subjetivo”.
El fiscal Juan Francisco Sandoval dice que el MP nunca se ha opuesto a que ambos obtengan medida sustitutiva, pero ninguno ha fundamentado debidamente su solicitud ante los jueces.
