Por Joseline Ayala
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El Ejecutivo continúa presionando al Congreso para aprobar pequeños cambios o algunas condiciones de la Ley de Compras y Contrataciones, algo que ha sido criticado por los diputados por prestarse a poca transparencia y controles de la ejecución.
La jefa de Encuentro por Guatemala, Nineth Montenegro, aseguró que con varias propuestas que ha formulado el gobierno se estaría retornando a prácticas oscuras del pasado en donde existía poca rendición de cuentas y ausencia total de transparencia.
Son varios los organismos del Ejecutivo, municipalidades y algunas bancadas las que ya han presentado algún cambio a la regularización, pero EG explica que los mismos podrían prestarse a abusos y a corrupción en compras directas y por excepción.
«Piden otra vez volver a la compra por excepción y eso sería volver otra vez a las prácticas corruptas que todavía hoy estamos viendo sus efectos, ya no sólo con instituciones del Estado sino con el sector privado», declaró Montenegro.
Por su parte, el jefe de la bancada Todos, Juan Ramón Lau, indicó que esta ley no representa candados para el Ejecutivo, sino únicamente restricciones de ejecución por lo que instó a las instituciones a planificar de forma adelantada el presupuesto para contar con los recursos que requieren y realizar las licitaciones en el momento oportuno.
Lau agregó que la falta de capacidad del equipo de trabajo del presidente Jimmy Morales ha demostrado que la necesidad de los cambios tiene como motivo saltarse procedimientos y contar con una facilitación de responsabilidades.
«No hay candados como lo ha estado manifestando el Ejecutivo, lo que hay es que ciertos rubros no pueden ser cambiados de la naturaleza para lo que fueron designados y considero que no deberían hacérsele mayores cambios a esa ley, en vez de eso se debería planificar el trabajo, algo que actualmente no se hace», indicó Lau.
LAS CIFRAS
Montenegro evidenció que la presión que ejercía el Ejecutivo para que el Congreso aprobara al menos 13 cambios en la Ley del presupuesto de este año, incluyendo el artículo 100 que suponía un «candado» para la ejecución presupuestaria y que fue descartado por los diputados, solo suponía una excusa.
Esto al demostrar que a partir de la negativa del Legislativo, el Gobierno ha emitido 261 cotizaciones que comprenden unos 108.3 millones de quetzales y 164 licitaciones por 804 mil quetzales.
