POR KIMBERLY LÓPEZ
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En el 2013, el entonces ministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, defendía el uso de bonos para pagar la deuda flotante de gestiones pasadas. Tras la investigación del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), las declaraciones del funcionario en ese entonces tienen más sentido, según analistas consultados, sumado al hecho de que dicha cartera ha sido un botín histórico.
Sinibaldi, en su gestión como ministro de Comunicaciones, hacía referencia a la deuda de Q3 mil 500 millones de la cartera, como producto de desorden administrativo, mala administración y corrupción. Asimismo, impulsaba el uso de bonos para pagar esa deuda.
“La red vial la dejaron despedazada, los puentes en pésima condición; esa es una realidad que no tengo que explicárselas, porque los guatemaltecos claramente han circulado en las carreteras y pudieron darse cuenta cómo dejó las carreteras el Gobierno anterior”, indicaba.
Según la analista Stephanie Rodríguez, desde antes de que se conocieran los casos de corrupción en las contrataciones de Comunicaciones, se ha sabido que el Ministerio ha sido un botín histórico.
“Es interesante ver lo que decía Sinibaldi como funcionario y ver lo que dice ahora, siendo un prófugo de la justicia. El problema del ministerio va más allá de una administración como tal, ha sido un botín histórico”, expresó Rodríguez.
También indicó, como en este caso, la deuda flotante se arrastra en cada gobierno y siempre se culpa a la administración previa, no obstante, es un problema de corrupción provocado en gran medida por la falta de controles en la ejecución de recursos.
En tanto, el politólogo y analista Ricardo Barreno, dijo que los comentarios del ahora sindicado, toman sentido en la medida en que apoyaba el uso de bonos del tesoro, a la luz de la estructura de corrupción que construía, según las investigaciones de CICIG y MP.
Sumado a la corrupción evidenciada durante la gestión de Sinibaldi, el uso de bonos también es un riesgo en un sistema débil, en donde las normas no aportan la certeza democrática que deberían, indicó Barreno.
El problema de los bonos que impulsaba es que carecen de acompañamiento legal. Es decir, mientras los recursos asignados en el presupuesto cuentan con un proceso de fiscalización, con los bonos existen riesgos.
La asignación es de manera arbitraria y en el marco del 2013, cuando los bonos eran el meollo del asunto era justificable que los apoyara, indicó.
