POR MARIELA CASTAÑÓN
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El Código de Migración entró en vigencia a finales de abril de este año, luego que se mantuviera en suspenso por varios meses, debido a diferentes acciones legales interpuestas en 2016. Funcionarios, analistas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) consideran positiva e importante la disposición, que reconoce los derechos de los migrantes extranjeros en Guatemala, sin embargo, también se admite que el proceso de implementación será burocrático.
La CIDH emitió un comunicado recientemente, en el que destacó que este Código integra y armoniza múltiples normas y estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, del Derecho Internacional de los Refugiados, así como de la Convención Internacional sobre la Protección de los Trabajadores Migrantes y sus Familiares al ordenamiento jurídico guatemalteco.
“La CIDH celebra el reconocimiento en la ley del derecho a migrar y al acceso en igualdad de condiciones a los servicios públicos de seguridad, salud, educación, trabajo, vivienda y todos aquellos necesarios para el desarrollo de las vidas de las personas migrantes. Asimismo, la ley reconoce los derechos inherentes de las personas para cualquier persona migrante, entre los que se encuentran el derecho a la familia, a la no discriminación, a la justicia y al principio in dubio pro operario y crea autoridades especializadas y diferenciadas para los temas de migración y asilo, así como un sistema de carrera migratoria”, detalló la CIDH.
De acuerdo con Jean Paul Briere, uno de los diputados que impulsó el Código, con esta disposición se creará el Instituto Guatemalteco de Migración, que tendrá subdirecciones específicas. También se implementarán controles biométricos para la solicitud de residencias, de permiso de trabajo y de visados.
Por otro lado, según el entrevistado, el Código tiene énfasis en derechos humanos, donde se reconoce la migración legal. En este tema también se incluyen los procesos de atención de niñez migrante no acompañada, además de procesos de refugio y asilo.
Aunado a esto, se busca implementar la carrera migratoria, se crea la autoridad migratoria, donde participa el Vicepresidente de la República, cinco ministros de Estado y el director del Instituto Guatemalteco de Migración; esa autoridad debe implementar la política pública migratoria de Guatemala.
También se crea el Consejo de Atención y Protección al Migrante, entre otros, según el funcionario.
El proceso de transición llevará aproximadamente dos años, explica Briere.
IMPORTANTE, PERO BUROCRÁTICO
Por otro lado, Erick Maldonado, experto en temas migratorios, destaca que es importante el ordenamiento del tema migratorio, a través del Código, además de reconocer el derecho a migrar de las personas.
Maldonado explica que este Código le da la solvencia a Guatemala para exigir un trato digno a los connacionales en otros países, principalmente en México, que es un lugar de tránsito para llegar a Estados Unidos.
El entrevistado dice que el surgimiento del Instituto Guatemalteco de Migración crea nueva institucionalidad, a través de un enfoque humanista, antes que desde una perspectiva punitiva.
Por otro lado, el profesional admite que también existirá burocracia para la implementación del Código.
“A mi juicio crea excesiva institucionalidad y burocracia, porque además del Instituto Nacional de Migración, se crea una autoridad nacional, un consejo asesor y a la vez se reconoce que seguirá existiendo el Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (Conamigua), creo que fue uno de los puntos que en su momento hicimos ver”, reitera.
¿EN QUÉ LE BENEFICIA A LOS MIGRANTES GUATEMALTECOS?
Briere fue consultado para conocer cuáles son los beneficios que recibirán los migrantes guatemaltecos que se encuentran en el exterior; dice que con este Código se puede exigir a México y otros países que den un trato digno a los guatemaltecos, como se hará acá.
En tanto, se contempla que el 25 por ciento del pago que se hace por los pasaportes, sea destinado para el Ministerio de Relaciones Exteriores, para fortalecer la red consular.
“Eso significa más o menos US$2 millones al año, lo que va a percibir el Ministerio de Relaciones Exteriores para fortalecer la red consular en Estados Unidos”, indica el diputado.
