POR JOSÉ DEL ÁGUILA
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José Manuel Morales Marroquín y Samuel Everardo Morales Cabrera interpusieron un amparo en la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal en contra de la resolución que los envió a juicio por el delito de fraude en forma continuada y fraude, respectivamente, dentro del Caso Botín Registro de la Propiedad.
Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), informó que, en el amparo interpuesto, los Morales argumentan que la titular del juzgado Sexto de Primera Instancia Penal, Silvia de León, los envió a juicio por delitos distintos a los que fueron ligados a proceso penal durante la audiencia de etapa intermedia.
En virtud de lo anterior, solicitan que la jueza de León reevalúe su decisión.
Según la Fiscalía, también interpusieron un amparo por las mismas razones los sindicados Mario Estuardo Orellana López y Alma Verónica Barrios Moreno.
Se intentó contactar al abogado Gustavo Barreno, defensor de Morales Marroquín, sin embargo, no respondió las llamadas a su teléfono celular.
Según la Sala, se convocará a una audiencia a las partes el próximo viernes para que se pronuncien en relación al amparo interpuesto. Posteriormente la Sala emitirá su resolución.
ORDENAN JUICIO POR LAVADO
Derivado de una apelación que presentó el Ministerio Público (MP), la sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal ordenó que Morales Cabrera, hermano del presidente Jimmy Morales, también enfrentara juicio por el delito de lavado de dinero u otros activos.
Durante la etapa intermedia, la jueza De León declaró falta de mérito por ese delito a favor de Morales Cabrera debido a que, según ella, el MP no acreditó que el sindicado incurrió en dicho tipo penal.
No obstante, la Sala argumentó que la Jueza se excedió en su resolución e indicó que, en todo caso, la inocencia o culpabilidad de Morales Cabrera por lavado de dinero se debe esclarecer en un debate oral y público, ante un tribunal de Sentencia.
Dicha resolución también envió a juicio a Orellana López por el delito de fraude en forma continuada.
EL CASO
Según las investigaciones del MP y de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), durante la gestión de Anabella de León como titular del Registro General de la Propiedad, se documentó la existencia de al menos 16 plazas fantasma, las cuales significaron un desembolso para la institución de más de Q3 millones.
En tanto, Morales Marroquín, hijo del Presidente, gestionó con su tío, Morales Cabrera, facturas y documentación falsa para ganar contratos anómalos en el Registro General de la Propiedad. Esto, con el fin de favorecer a sus allegados.
El pasado 29 de mayo, el juzgado Sexto de Primera Instancia Penal ordenó juicio contra 25 sindicados, entre quienes se encontraba De León, acusada por peculado por sustracción en forma continuada.
