POR DENIS AGUILAR
daguilar@lahora.com.gt
Hasta para la secretaria ejecutiva de la Comisión de Acceso a la Información Pública de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), Violeta Mazariegos, la fiscalización de los fideicomisos municipales se ha convertido en una tarea cuesta arriba.
En una entrevista con Diario La Hora, Mazariegos abordó la situación y aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública como herramienta para la fiscalización del ejercicio público, sin embargo, hace énfasis en las dificultades que las mismas entidades encargadas de verificar su cumplimiento enfrentan, principalmente en las municipalidades.
Por ejemplo, aunque destaca “mejoras” en la entrega y publicación de información por parte de la Municipalidad de Guatemala, una de las más señaladas por el uso de fideicomisos, ese punto se convierte en una dificultad para verificar la utilización adecuada de los recursos depositados en ellos.
Mazariegos reconoce que únicamente ha podido revisar la información de dos fideicomisos, situación similar a la enfrentada en ocasiones anteriores por la Contraloría General de Cuentas y La Hora. En otros casos, ni siquiera pudo conocer qué corporaciones ediles también manejan fideicomisos.
También explicó las conclusiones del informe más reciente sobre acceso a la información presentado por la oficina del Procurador, en el cual se evidencian algunos avances en materia de transparencia, aunque todavía insuficientes para llegar a los niveles ideales.
En el informe elaborado por la PDH se hace mención de que se ingresaron 62 mil 830 solicitudes de acceso a la información en el 2016, ¿Qué nos dice esta cifra?
Nosotros hicimos una interpretación en lo que es el ejercicio del derecho, o sea, cuántas personas en Guatemala después de casi nueve años de estar vigente la ley van hacia una entidad pública y presentan una solicitud de información. Ese número ha crecido desde 2012, que eran 21 mil 900, a 2016, que llegamos a 62 mil. A pesar de que creció, es un número muy bajo. Lo que nosotros interpretamos de ese número es que muy poca gente conoce la información pública. Muy poca gente sabe que existe la ley.
Este informe se realiza con los mismos datos del sujeto obligado. Por ejemplo, una municipalidad, una entidad puede decir: aquí no vino nadie, cuando en realidad están rechazando solicitudes. Otra cosa es que en el interior de la República no hay unidades de acceso a la información pública ni se pueden pedir por correo electrónico, no es que la gente no sepa, sino que no hay quien la reciba y quien la acepte.
En los últimos años se ha aumentado el número de solicitudes respondidas, sin embargo, los números de respuesta siguen siendo bajos, ¿a qué podemos atribuir esta problemática?
La gente se desmotiva. El año pasado se pusieron más de 250 denuncias de acceso a la información pública, 200 fueron en el interior del país. Eso significa que 200 personas fueron, rogaron y no les dieron atención; ellos se tomaron la molestia de buscar una auxiliatura y con sus propios recursos pusieron una denuncia. Después de nueve años hay una sola condena por retención de información. Entonces, las personas qué motivación tienen. Va usted para que no pase nada, va usted a perder el tiempo.
¿Qué tan transparentes son las municipalidades en el país?
El problema con las municipalidades es que son las que menos cumplen. Las municipalidades el año pasado 180 no tenían portal web; 160 sí. Las municipalidades, a pesar de la reducción de la brecha tecnológica, no tienen página web. Eso significa que no transparenta nada de su función, además, no tienen un correo electrónico donde usted pueda solicitar información. Entonces están violentando la facilidad de la ley de que usted haga la solicitud, esperan que usted vaya en persona a pedirlo. Y lo que pasa en las comunidades es que todo mundo se conoce, la gente tiene miedo de llegar en persona e identificarse, porque le piden, aparte de su DPI, el boleto y le preguntan para qué quiere saber cuánto gana el alcalde, entonces la gente mejor no va.
¿Por qué los Consejos de Desarrollo han superado a las municipalidades como las entidades públicas que más niegan la información pública?
Las han superado por número. Ahora está realmente complicado porque casi no hay gobernadores, pero los gobernadores además están a cargo del Consejo Departamental. Entonces, si los gobernadores departamentales no cumplen, entonces los Consejos Departamentales tampoco. Lo que necesitas y nos urge es que los gobernadores y gobernadoras cumplan con la ley, nosotros ya hicimos un primer informe, les dimos una capacitación y un lapso para que cumplieran, pero por los problemas que se tienen pasaremos la revisión hasta el mes de agosto. Si en la segunda revisión no se cumple, se pone la denuncia.
En las supervisiones que se hicieron en las municipalidades del departamento Guatemala durante 2016, ¿qué hallazgos se tuvieron?
Las municipalidades, primero son las más denunciadas, en donde más se pide información pública. Es en las únicas en donde hay un abuso en el cobro y en la cantidad de requisitos. La ley indica que solo se identifiquen, pero las municipalidades le están pidiendo el Boleto de Ornato, le piden fotocopia del DPI, le preguntan para qué quiere la información. No es un tema del desconocimiento de la ley, sino que hay una mala aplicación de la normativa, le piden requisitos que no son, hace cobros exagerados y clasifican la información.
El colmo es la municipalidad de San José el Golfo, ellos sacaron una resolución ilegal que no publicaron, que dice que no van a entregar información de salarios y compras nunca, hemos puesto dos denuncias.
¿Cuál es la situación de la municipalidad de Guatemala en este caso?
Con el caso de la municipalidad de Guatemala ellos han ido mejorando año con año. Hace tres años ellos tenían la unidad de acceso a la información pública en unas bodegas lejanas, pero se hizo la recomendación y ahora la tienen en las oficinas centrales con bastante gente para atender. Las veces que hubo denuncias contra ellos, son por denuncias de impago. Ellos no tienen denuncias de gestiones propias de la muni, sino en empresas de la municipalidad y ahí ha habido denuncias que han prosperado, pero son muy pocas, en términos de denuncia es una de las municipalidades menos denunciada.
La PDH no considera como incumplimiento cuando la información se entrega posteriormente. No sé cómo opera el Ministerio Público. Pero vienen acá y nos dicen: pedí tanta información en cualquier entidad y ya se pasaron tantos días. Si al final lo entregan en doce o en diez días, nosotros no la mandamos al MP como -denuncia por- retención de información. Este no es el caso del municipio de San José del Golfo, donde no solo se las niegan sino que también los amenazan.
En el caso de la municipalidad de Guatemala yo recuerdo haber tenido una denuncia de una persona que está pidiendo facturación de Empagua. Entonces, metió un recurso de revisión; el recurso se resolvió en tiempo por el concejo municipal; el concejo ordenó a Empagua entregar la información y le había dado cinco días para entregarlo. Pasaron los cinco días, la información no se había entregado y la persona se iba a dirigir al MP. Entonces, para saber si en el MP hay denuncias contra la municipalidad por incumplimiento de información sería allá, ya no con nosotros.
La Hora ha tenido dificultades para obtener información sobre los fideicomisos que manejan distintas entidades, entre ellas la municipalidad de Guatemala. El Contralor también ha calificado a los fideicomisos como infiscalizables ¿Han tenido denuncias sobre este aspecto?
La información que nosotros tenemos es de fideicomisos de –la administración central. La verdad nosotros todos los fideicomisos los deberíamos de poder revisar, aunque es de la administración –municipal-, significa que el Ministerio de Finanzas, ellos que son los órganos rectores del fideicomiso, deberían de tener información de todos los fideicomisos del país. Sin embargo, ellos solo tienen los que tiene el Ejecutivo. De esos hay dos que se auditaron el año pasado que están en forma conjunta con el Ministerio de Finanzas, que es el caso de Fidemuni, por ejemplo. Entonces el año pasado nosotros auditamos los ocho fideicomisos que más recursos manejan y ahí entraron los de la Muni, dos de ellos.
Nosotros los otros –fideicomisos- municipales no los hemos podido auditar por varias razones: uno, por limitaciones de recursos, pero sobre todo porque no hemos obtenido el listado de Munis que tienen fideicomiso. Entonces, en forma escrita lo pedimos a la Contraloría, a la Superintendencia de Bancos y nos indicaron que esa información no se nos puede entregar. Se puso recurso de revisión de todas formas. Nosotros lo que queríamos saber era qué municipalidades tenían, porque en el caso de Guatemala se tiene idea de cuáles son, pero en el caso de las otras municipalidades no se sabe.
¿Cuáles son las principales causas por las que los sujetos obligados no hacen pública la información de oficio?
Yo creo que es más cultural que real. Digamos, si usted llama al Ministerio de Finanzas y quiere preguntar algo, le mandan el informe, aunque no sean ellos quienes lo generan, es poco probable que usted no consiga un dato hoy por hoy, pero hay mucha resistencia. Lo de los salarios es un mal ejemplo porque normalmente le preguntan “¿para qué quiere saber?” y “¿usted quién es”, “qué va a hacer con la información”, es un miedo natural. Pero con las compras públicas lo que les da miedo es que los acusen ahora, entonces no quieren dar nada para que no los acusen. Es más barato un problema de acceso a la información que una denuncia de la CICIG, es tal el pánico que la gente no quiere dar nada, entonces está muy paralizado todo por miedo.
¿Cómo califica el acuerdo que firmaron la PDH y el Ministerio Público para fortalecer la Ley de Acceso a la Información Pública?
Nosotros estamos preocupados porque hay muy pocas condenas, hace un par de años todos los delitos de corrupción iban a una Fiscalía de Delitos Administrativos. Cuando estos se rebasan abre la Fiscalía contra la Corrupción que entró con miles y miles de casos abiertos, entonces a todos esos casos le suma la Ley de Acceso a la Información Pública. Todos los días me viene una solicitud del Ministerio Público donde nos preguntan si es delito o no, que aquí qué hago y aquí qué pasa, porque ellos, para toda la cantidad inmensa de leyes, se suman la ley de acceso. Entonces, – El convenio – es una forma de mejorar.
La Fiscal General indicó que la agencia iniciará con 117 casos abiertos por denuncias de retención de información, ¿hay alguno que destaque?
La mayoría de denuncias son contra alcaldes, es un 80 por ciento, pero resulta que en todos esos casos hay que levantar el antejuicio porque tienen inmunidad, no es tan fácil llevar estos casos.
A raíz de todos los hallazgos del informe que presentaron hace unos días, ¿cómo califica la transparencia en Guatemala?
Se está mejorando, pero falta mucho. Yo lo miro desde la perspectiva del Procurador, él en muchos temas no acciona, como ejemplo en términos penales. Pero accionar en términos penales tampoco ha hecho mucha diferencia, realmente es un tema de liderazgo, es un tema de voluntad política.
¿Qué se debe mejorar para fortalecer la transparencia en las instituciones públicas? ¿Cómo obligar a las instituciones a cumplir con la ley?
Lo primero es el liderazgo, usted necesita muy poca gente comprometida para resolver todo el problema porque es una decisión administrativa, no es un problema que sea caro, que sea de tecnología. Es mucho de liderazgo y de voluntad política, no que cada quien mire cómo cumple, sino asumir más allá de su propia responsabilidad.
¿Considera que los ciudadanos conocen sus derechos y las obligaciones de las instituciones con respecto a la Ley de Acceso a la Información Pública?
El problema con la población es que mundialmente el acceso a la información pública es elitista, por concepto. Las leyes en general de acceso a la información a nivel mundial, y eso es algo que está comprobado. Son para ciertos sectores de la población, incluso tampoco es para periodistas porque tienen acceso por otra vía. Para estudiantes, para ONG, para movimientos sociales y muy de vez en cuando para personas individuales. Las denuncias contra las “munis” casi todas son de asociaciones.
Aunque usted tenga el acceso, no tiene el conocimiento para lo que está procesando, usted no sabe dónde pedirla y si sabe dónde pedirla no sabe cómo pedirla y si se la dan no sabe cómo interpretarla. Entonces, el problema del país es de educación y al final todo termina en lo mismo, un problema de educación.
¿Qué entidades deben enseñar y promover la Ley de Acceso a la Información Pública?
La Universidad de San Carlos y el Ministerio de Educación, en todos los niveles, tienen que estar dando la Ley de Acceso a la Información Pública, llevamos muchos años y todavía no lo están dando en los pensum.
El colmo es la Municipalidad de San José del Golfo, ellos sacaron una resolución ilegal que no publicaron, que dice que no van a entregar información de salarios y compras nunca.
Secretaria Ejecutiva de la Comisión de Acceso a la Información Pública, Violeta Mazariegos.
Nosotros los otros –fideicomisos- municipales no los hemos podido auditar por varias razones: una, por limitaciones de recursos, pero sobre todo porque no hemos obtenido el listado de Munis que tienen fideicomiso
Secretaria Ejecutiva de la Comisión de Acceso a la Información Pública, Violeta Mazariegos.
