POR JOSÉ DEL ÁGUILA
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La Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal rechazó un recurso legal que presentó la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP) con el cual buscaban separar a la jueza Miriam Hernández, vocal del Tribunal Undécimo de Sentencia Penal, del Caso IGSS-Pisa e IGSS-Chiquimula, debido a que ella había declarado contra la exmagistrada Blanca Stalling.
Juan Francisco Sandoval, jefe de la FECI, dijo que la intención de separar a la jueza Hernández se debe a que ella declaró como testigo en contra de Stalling, procesada por tráfico de influencias por supuestamente presionar al juez Carlos Ruano para que otorgara una medida sustitutiva a su hijo, Otto Molina Stalling, sindicado en IGSS-Pisa.
Según el fiscal, el hecho de que la jueza haya declarado en contra de la madre de un sindicado podría perjudicar la objetividad del juicio, por lo que lo pertinente es separarla del caso.
No obstante, los magistrados rechazaron los argumentos de la FECI y confirmaron a Hernández como integrante del tribunal que conocerá el juicio contra 16 personas, acusadas de participar en la firma de un contrato anómalo por Q116 millones entre el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y la Droguería Pisa para brindar servicios de análisis peritoneal.
En tanto, otras cuatro personas son acusadas por un arrendamiento anómalo de un inmueble en Chiquimula que serviría al IGSS.
