POR JOSÉ DEL ÁGUILA
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Luego de que el Ministerio Público (MP) revelara que existe una investigación en curso por posibles manipulaciones en dictámenes médicos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), el Juzgado de Mayor Riesgo “B” informó que solicitará una reevaluación médica para aquellas personas sindicadas en casos de corrupción que permanecen internadas en centros médicos por supuestos quebrantos de salud.
El Juzgado informó que son varios los sindicados en casos de corrupción que deberían estar guardando prisión preventiva pero, por supuestos padecimientos, se encuentran internados en centros asistenciales.
Entre las personas que reciben atención médica fuera de la prisión, se encuentran los sindicados en el Caso Cooptación del Estado: Fernando Peña, expresidente de Banrural, y Mario Contreras, señalado de invertir Q200 millones en empresas ficticias con el fin de dar apariencia de legalidad al dinero.
Además, según el juzgado, también permanecen internados Francisco Javier Ortiz Arreaga, alias el Teniente Jerez, y Osama Ezzat Azziz Aranki, ambos sindicados en el Caso La Línea.
La Fiscalía destacó el caso de Juan Sebastián Palomo Murga, ligado a proceso por asociación ilícita, concusión y peculado, por su presunta vinculación a una estructura criminal que desvió fondos de la municipalidad de Antigua Guatemala.
Según el Juzgado, Palomo Murga permaneció internado ocho meses, aproximadamente, con el aval del Inacif. Sin embargo, una evaluación médica que practicaron recientemente los médicos de la entidad determinó que Palomo Murga no necesita recibir atención clínica fuera de la prisión.
En virtud de lo anterior, el Juzgado solicitará nuevas evaluaciones médicas al Inacif de todos aquellos sindicados contra los que se ordenó prisión preventiva, pero que se encuentran internados en centros hospitalarios.
FECI TEME ANOMALÍAS
Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), dijo que existe la preocupación de que los centros hospitalarios sirvan a personas en prisión preventiva para evadir las cárceles.
“Siempre se ha tenido la preocupación de que se utilicen los centros hospitalarios como medida para evadir las medidas de coerción. Entonces las distintas judicaturas han realizado peticiones al Inacif para que reevalúen a las personas y determinen si en realidad ameritan su hospitalización”, dijo el fiscal.
