Por Joseline Ayala
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Hoy el pleno de la Corte de Constitucionalidad (CC) conoció la solicitud de amparo presentada por la organización Acción Ciudadana para que se determine de manera definitiva si los diputados del Congreso deberían recibir bonificaciones salariales como un empleado del Estado y cómo se debería calcular.
De acuerdo al director de la organización, Manfredo Marroquín, es necesario aclarar cómo deberían ser contratados los diputados y cómo deberían ser clasificados debido a que la Constitución los denomina como dignatarios de la nación, pero exigen prestaciones laborales de un empleado.
“Nosotros queremos que se clarifique y se defina de una vez por todas la categoría de la figura del diputado nacional porque ellos en la Ley Orgánica del Legislativo se atribuyen darse beneficios como trabajadores o empleados públicos, es decir que están recetándose beneficios que van más allá de un trabajador de la administración pública”, indica.
Marroquín asegura que el tema ha estado pendiente desde hace más de un mes y explica que es necesario que se acabe con una costumbre de más de dos décadas en el Congreso y que no ha sido definido.
“Nosotros creemos que ellos no son trabajadores y que por lo tanto no deberían percibir los beneficios de un empleado público aunque históricamente los diputados han recibido el pago sobre la totalidad de sus ingresos, es decir, con la bonificación de dietas y de gastos de representación”, explicó.
YA REALIZARON PAGO
El presidente de la Directiva, Óscar Chinchilla, indicó que el criterio que se utilizó fue pagarle a los diputados sobre el salario base y no sumando las bonificaciones y que ese tema ha sido liquidado pues a menos que la CC indique lo contrario ya no se le pagará a los diputados una compensación para igualar el monto que los parlamentarios suman al mes.
“Ya vamos a entrar al mes de agosto, ya cumplimos con hacer el pago, esa era una obligación que debíamos cumplir y pagamos únicamente 9 mil 550 quetzales que son del sueldo base que percibe un diputado y que es parte del hallazgo que denunció la Contraloría General de Cuentas”, explicó Chinchilla.
Chinchilla indicó que hasta que una instancia superior indique lo contrario el tema estaría finalizado aunque esto le haya costado al Congreso que el director general interino del legislativo, Manuel Castellanos, haya presentado su renuncia por las presiones que realizaron los diputados por el pago recibido.
En su momento, los parlamentarios expresaron su descontento por el tema y aseguraron que desde 1994 el Congreso hace un pago de 29 mil 150 quetzales en promedio a los parlamentarios, incluso de hasta 69 mil 150 quetzales que devenga un presidente de la Junta Directiva.
