POR MARIELA CASTAÑÓN
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Diez comunitarios resultaron afectados y cuatro fueron trasladados a un centro asistencial por los Bomberos Municipales Departamentales, tras inhalar gas lacrimógeno lanzado por la Policía Nacional Civil (PNC) en el kilómetro 80 de la ruta a Casillas, Santa Rosa, según los socorristas. Los pobladores se mantienen en resistencia, por la operatividad de la minera San Rafael, que fue suspendida provisionalmente por orden judicial.
Los comunitarios dijeron a los Bomberos que fueron afectados por el gas luego que trataran de impedir el ingreso de una pipa con combustible a esa empresa.
En tanto, los socorristas trasladaron al Centro de Atención Permanente (CAP) de la localidad a Domingo Santos, de 64 años; Enrique Pérez Pérez, 81; Yeison Hernández, 18 y Manuel López, 31.
El director de la PNC, Nery Ramos, argumentó que debido a que los pobladores pretendían incendiar el vehículo para evitar su paso, los agentes intervinieron para que no se originara un siniestro.
Ramos negó que los policías custodiaran la pipa de la minera, pues actuaron porque están destacados en el área de conflicto.
En tanto, reiteró que la PNC actuó con “absoluta imparcialidad” ante esta situación.
EN RESISTENCIA
Yuri Melini, del Centro de Acción Legal, Ambiental y Social (CALAS), entidad a la que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le otorgó un amparo provisional el pasado 5 de julio y que suspende provisionalmente la licencia de operaciones de la minera, explicó que desde hace 40 días las comunidades de 8 municipios mantienen una resistencia en la ruta que va de Barberena a Jalapa.
De acuerdo con Melini, la resistencia ya ha sido notificada al Ministerio de Gobernación (Mingob), a la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), a la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos (Copredeh) y al Sistema Nacional de Diálogo.
El representante de CALAS dijo que la PNC actuó sin protocolo de mediación, en tanto, hubo abuso de parte de la empresa al “ampararse” en la Policía, mientras que desde la semana pasada la minera ha intentado que ingrese un camión con combustible para sus operaciones, permiso que fue extendido por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, lo cual “no es válido”, porque cualquier movilización o acción debe ser autorizada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Melini dijo que presentaron una denuncia ante el Ministerio Público (MP) por estos hechos.
NO ESTÁ OPERANDO
Andrés Dávila, vocero de la minera San Rafael, negó que estén operando pues lo que se está haciendo es una “contingencia ambiental”, que consiste en bombear agua de los túneles porque pueden inundarse y para eso se necesita combustible.
“El Ministerio de Ambiente pidió que se continúen esas medidas de mitigación, porque no es que estemos operando, es contingencia ambiental”, reiteró.
Al entrevistado se le consultó si le han explicado a los comunitarios sobre las diligencias que han realizado y dijo que sí, incluso las autoridades les compartieron la información, pero “ellos no han querido acatarlo y ponen en riesgo los impactos ambientales que se pudiera tener por un tema de inundación”.
Dávila indicó que no han requerido el apoyo de la PNC, en tanto, se le cuestionó por los relatos de los comunitarios, que dijeron que miembros de esa institución acompañaban el vehículo con combustible. El portavoz dijo que esto ha sido una coordinación de las autoridades ante la negativa de la gente de poder trasladar el combustible.
