POR KIMBERLY LÓPEZ
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Con 47 votos a favor y 67 en contra, hoy diputados del Congreso rechazaron el acuerdo gubernativo que declararía estado de Calamidad en las carreteras del territorio nacional. La propuesta surgió del Organismo Ejecutivo como una medida para dar mantenimiento a la red vial.
Con aplausos, los diputados celebraron que la mayoría de votos se hayan inclinado por rechazar la medida, que había sido sumamente criticada por los riesgos y poca transparencia que propiciaría en las compras y adquisiciones.
Previo a conocerse la decisión del Legislativo, el presidente Jimmy Morales manifestó que esperaba la ratificación de dicha medida para dar atención urgente al mantenimiento de carreteras.
“Si deciden apoyar al pueblo de Guatemala y lo ratifican, no toleraré ningún tipo de corrupción, tráfico de influencias, sobrevaloración o manejo político de las obras”, indicó el mandatario.
CRÍTICAS
El estado de Calamidad fue criticado tanto por diputados como analistas por la poca transparencia que se generaría en los procesos de compras. En respuesta a esos cuestionamientos, el Ministerio de Finanzas explicó las medidas que tomarían para transparentar compras. Aun así, para analistas consultados por La Hora, estas eran insuficientes.
El Ministerio de Finanzas (Minfin) había previsto que en caso de ser aprobado el estado de Calamidad, las compras realizadas deberían ser públicas por medio del sistema de Guatecompras y cumplir con los procesos de contrataciones para que se realizaran de forma transparente.
Los ministerios que habrían quedado facultados para adquirir bienes sin cotización ni licitación previa, serían los de Comunicaciones y de Defensa.
Adicional a eso, estaba previsto que la Dirección de normativa de contrataciones y adquisiciones de Finanzas generara un informe de las publicaciones que se realicen en Guatecompras y habilitara un portal para el monitoreo de las transacciones.
CONTRADICCIONES EN DECRETO
Según el analista y economista Erick Coyoy, el decreto del estado de Calamidad contenía varias contradicciones porque el artículo 5 del mismo facultaba al Ministerio de Comunicaciones a realizar modificaciones de contratos, pero el artículo 6 de adquisiciones decía que la excepción no aplicaba para contratos de obras.
“No quedaba claro qué es lo que debería aplicarse”, indicó.
Ricardo Barrientos, investigador del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), por su parte, consideraba que las medidas que contemplaba el Ejecutivo resultaban insuficientes.
“Las medidas debieron incluir la obligación de la Contraloría General de Cuentas (CGC) de rendir un informe de las compras y ese informe debería ser una condición para cualquier renovación”, señaló.
