POR KIMBERLY LÓPEZ
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Las condiciones de trabajo de los salubristas han sido un tema descuidado por años en la gestión pública; sin embargo, no es viable entregar beneficios laborales por encima de las leyes, comentaron analistas respecto a la sentencia emitida contra el Ministerio de Salud para otorgar incentivos que transgreden una serie de normativas.
En octubre de 2008, el Juzgado Séptimo de Trabajo y Previsión Social, liderado por la jueza Diana Carolina Ruiz Moreno, dictó un laudo arbitral en respuesta a una serie de peticiones promovidas por el Comité Permanente de Trabajadores Coaligados del Hospital General San Juan de Dios (Copetraco).
La resolución obliga al Estado a cumplir una serie de peticiones planteadas por los trabajadores del Hospital General San Juan de Dios, pero que según el Ministerio de Salud transgreden varias leyes y comprometen Q76 millones de los recursos de la cartera.
NEGOCIACIONES HAN SIDO “ABUSIVAS”
Erick Maldonado, analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) especializado en salud y beneficios laborales, destacó la importancia de incentivar y dignificar al sector de trabajadores en salud y otras áreas. Sin embargo, enfatizó en que se deben tomar en cuenta las capacidades presupuestarias de las carteras y procurar que las medidas sean legales. Según dijo, el caso de este laudo arbitral es similar a las condiciones acordadas en pactos colectivos.
Maldonado recordó que años atrás se planteó una normativa para que los pactos y beneficios a trabajadores puedan ser negociados solo si cuenta con el aval del Ministerio de Finanzas para saber si hay disponibilidad presupuestaria.
“De una manera abusiva se han negociado pactos colectivos con muchas organizaciones y no solo con Educación y Salud, que son los más costosos para el Estado por la cantidad de empleados que tienen”, dijo.
El analista, sin embargo, advirtió que negociaciones de este tipo no existirían si hubiera una adecuada Ley de Servicio Civil, en la que las mejoras salariales pudieran darse a través de la meritocracia.
DIGNIFICACIÓN DEBE SER ACORDE A PRESUPUESTO
Stephanie Rodríguez, analista del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (IECCP), calificó como “preocupantes” las diferentes denuncias que ha tenido el MSPAS sobre esta resolución y otros pactos.
“Hay que revisar las condiciones laborales de los trabajadores, pero en caso de este laudo pareciera que efectivamente no se contempló la Ley de carácter ordinaria y la Ley de Servicio Civil, que establece que personas no puedan tener diferentes tipos de salario”, indicó.
A decir de Rodríguez, si bien es cierto que los trabajadores tienen derecho, por su profesión de salubristas, también hay que ser conscientes de que sus salarios y contratos sean acordes a las carteras.
ACCIONES CONTRA JUECES
Atender o no a lo resuelto en el laudo arbitral, coloca al Ministerio de Salud en una situación complicada, agregó el analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), Luis Linares, pues ya existe un fallo de la Sala de Trabajo contra el cual ya no caben recursos.
“Habría que ver si cabe todavía presentar un recursos de responsabilidad contra los jueces que participaron en los fallos o si se deducen responsabilidades a los funcionarios que suscribieron los acuerdos que dieron lugar a las acciones judiciales”, agregó Linares.
