Por Redacción La Hora
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El exembajador de Guatemala en Estados Unidos, Julio Ligorría, quien tiene una orden de captura en su contra por financiamiento electoral ilícito, criticó el proceder del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) por el allanamiento realizado a su residencia el pasado viernes, mientras se encontraba de viaje.
En un comunicado de prensa señaló que desconoce las razones por las que el MP con el apoyo de la Cicig actuaron “de esta forma tan arbitraria y sin respeto al debido proceso”, en referencia al allanamiento de su vivienda, como parte de las diligencias realizadas en contra la estructura criminal que supuestamente fue liderada por el exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, en el caso conocido como “Construcción y Corrupción”.
Ligorría señaló que en todo momento se ha mostrado a disposición de la Comisión o de quien corresponda para aclarar cualquier extremo que sea de interés para la autoridad referida.
No obstante, indicó que exige que se garanticen sus derechos en un proceso “al que no he tenido acceso previo alguno”.
El exembajador agregó que ni él ni sus empresas recibieron, donaron, pagaron o transfirieron fondos a partidos políticos o a persona alguna relacionada al referido caso. “Mis servicios de consultoría se enmarcan exclusivamente en el ámbito privado, entre empresas en conflicto y no implica nada relacionado con funcionarios públicos”, anotó.
También señaló que desde octubre de 2015, cuando dejó su actividad como embajador en Washington, no desempeñó ninguna actividad relacionada con el PP o con la esfera pública del país.
Siento que estoy siendo objeto de difamación y persecución por razones políticas y, a pesar de ello, prestaré mi colaboración hasta el esclarecimiento total de los hechos y el descubrimiento de los verdaderos responsables que se ocultan bajo el mando de la impunidad pactada a cambio de acusaciones infundadas, indicó.
LOS SEÑALAMIENTOS
Según la investigación del MP y la Cicig, Telgua entregó un financiamiento de Q15 millones al Partido Patriota, como parte de una estrategia político-comercial de la empresa, diseñada por Ligorría, para tratar de resolver un litigio existente entre las dos empresas, para el que propuso un acercamiento con los candidatos del PP, que en ese entonces lideraban las encuestas, para “atemorizar” a Tigo y lograr un arreglo, pero para ello Telgua tenía que igualar el financiamiento que Tigo ya había dado a la campaña del PP.
Ligorría entregó al exgerente de Telgua, Carlos Porras Zadik, un listado de empresas vinculadas a Sinibaldi, algunas de cartón, las que expidieron facturas por servicios no prestados, para ocultar el motivo de la entrega del dinero informaron las autoridades el pasado viernes. La misma operación se realizó en la segunda vuelta electoral.
El exembajador también organizó en agosto de 2011 una reunión con Carlos Slim, propietario de América Móvil, dueña de Telgua, con Otto Pérez Molina, Roxana Baldetti y Alejandro Sinibaldi, para mostrar un acercamiento entre Telgua y el futuro gobierno, lo cual surtió efecto y poco tiempo después se firmó un contrato de transacción y finiquito de litigio entre Telgua y Tigo por US$ 400 millones.
Para los entes investigadores, la actuación de Ligorría evidencia cómo las relaciones del poder político estatal y empresarial se influyen y utilizan mutuamente para el desarrollo de prácticas de competencia comercial malsana y para perversión de los modelos democráticos de elección de funcionarios y de ejercicio del poder del gobierno.
