POR KIMBERLY LÓPEZ
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La decisión del Organismo Ejecutivo, de decretar un estado de Calamidad en la red vial del país preocupa a quienes ven en esta medida el riesgo de que se burlen las normativas de la Ley de Contrataciones y las normas de transparencia. Al ser consultados, analistas señalaron incongruencias en el Decreto Gubernativo publicado hoy en el Diario Oficial.
Ayer el presidente Jimmy Morales anunció en conferencia de prensa la decisión tomada en Gabinete de ministros, de decretar estado de Calamidad en las rutas centroamericanas de Guatemala, para la recuperación de las carreteras. Asimismo, pidió que no se especule ni se manipule la decisión del estado de Calamidad, pues las excepciones que esta medida plantea despiertan dudas en cuanto a la transparencia con la que se ejecutan los recursos.
En un decreto gubernativo publicado hoy, el Ejecutivo plantea la opción de que durante 30 días para los Ministerios de Comunicaciones y Defensa no sea obligatoria la licitación ni la cotización, para la adquisición de bienes, suministros y servicios disponibles para solucionar las situaciones derivadas del estado de Calamidad.
“PORTÓN ABIERTO A LA CORRUPCIÓN”
Según el analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), Ricardo Barrientos, las incongruencias del Estado radican en que en el artículo seis del decreto publicado se establece la excepción a los controles de la Ley de Contrataciones pero no especifica para qué tipo de obras.
“Estas ambigüedades son un portón abierto para la corrupción, es un artículo mal redactado”, comentó.
Asimismo, dijo que es preocupante que frente a los señalamientos de contratistas guatemaltecos en casos de corrupción, se seleccionen nuevos proveedores de forma discrecional.
PROYECTOS DESPIERTAN INTERESES
De la misma forma lo señaló el economista Erick Coyoy, quien dijo que esta es una acción tardía que preocupa por la poca transparencia que se pudiera propiciar en las contrataciones y compras.
“Es una medida tardía, el gobierno hasta ahora reacciona con el estado de la red vial que estaba colapsada desde principios de gobierno”, comentó.
Según Coyoy, el decreto abre la posibilidad de contratar sin cumplir con la Ley de Contrataciones.
No obstante, cabe mencionar también las discrecionalidades que se podrían generar, dijo.
“Es sabido que es común la práctica de adjudicar proyectos de infraestructura para que los diputados tengan incentivos económicos que los lleven a aprobar decisiones en cierto sentido y estos son proyectos importantes en todos los territorios donde diputados distritales tiene fuerte presencia e intereses económicos”, indicó.
Según el decreto publicado hoy, como medida de transparencia la dirección técnica del presupuesto y normativa de contrataciones y adquisiciones del Ministerio de Finanzas emitirá una circular en la cual se establecerán los procedimientos a seguir para la publicación de las adquisiciones o contrataciones que se realicen.
