POR MARIELA CASTAÑÓN
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Martínez Amador: La hipótesis de una riña entre narcos se queda muy corta

Mañana 18 de julio se cumple un año de la ejecución de 14 personas en la Granja Penal Pavón, entre ellas Byron Lima, considerado como “dueño de las cárceles”. El caso es investigado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y por tanto, el Ministerio Público (MP) y el Ministerio de Gobernación (Mingob) prefieren no referirse al tema, argumentando que está “en reserva”. Las dudas persisten sobre ¿quién mató a Lima? ¿Por qué? ¿quién heredó su poder dentro de presidios?

_Repo6-1bNi la secretaria general del MP, Mayra Véliz, ni el titular de la Cartera del Interior, Francisco Rivas, respondieron las dudas planteadas sobre el caso de Lima, argumentando que el hecho está en “reserva”.

Véliz dijo que no era posible proporcionar información, debido a que las pesquisas continúan por el caso.

En tanto, Rivas explicó que la información inicial que recopilaron del caso fue remitida a la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), para que continuara con las diligencias respectivas.

“Los informes fueron remitidos a la Fiscalía Especial contra la Impunidad y el caso está en reserva. Estamos pendientes de que se concluya con la etapa de investigación para continuar con la segunda fase”, reiteró el Ministro.

El entrevistado fue cuestionado sobre si ubicaron más armas, aparte de la pistola y la .40 localizadas, tras las ejecuciones. Rivas respondió escuetamente que no.

En tanto, se buscó a representantes del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) sobre las diligencias realizadas por el caso Lima y únicamente refirieron que efectuaron un total de 90 peritajes requeridos por el MP, entre estos: dos evaluaciones clínicas, 28 necropsias, 12 análisis balísticos, nueve biológicos, nueve fisicoquímicos, 14 toxicológicos, nueve genéticos, tres lofoscópicos, uno de identificación de vehículos y tres odontológicos.

LIMA: “NO FUE CASUALIDAD”

También fue consultado Luis Lima, hermano de Byron Lima, e indicó que como querellante adhesivo no puede opinar sobre lo que ocurre en las audiencias del caso, sin embargo, reiteró su intención de esclarecer quiénes fueron los autores materiales e intelectuales de la muerte de su familiar.

“Le puedo decir que se está investigando, tal vez no con la velocidad que se quisiera. Recordemos que la FECI es una fiscalía muy activa en sus diferentes agencias y no digamos la señora jueza. Sumado a la burocracia se ha atrasado bastante. Yo como representante de la familia no pierdo las esperanzas. No tengo ni un gramo de duda de que voy a descubrir quién fue el autor material de la muerte de Byron y las otras 13 personas. También es fundamental aclarar quién fue el autor intelectual, porque este tipo de muertes no son producto de una casualidad, tuvo que haber una planificación”, explicó Lima.

El entrevistado reiteró que la muerte de su hermano fue una “ejecución extrajudicial” donde participaron miembros del Ejecutivo activos y de otros tiempos, sumados a miembros del Organismo Judicial que están plegados a la corrupción, en alianza con el crimen organizado.

“Es un grupo bien diverso que participó en la muerte de Byron, por eso la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, está metida en el caso”, justificó.

Luis Lima expresó que su hermano tenía seguridad del Sistema Penitenciario (SP), por disposición de juez competente y “alguien misteriosamente la quitó”. En tanto, su familiar fue traslado de Matamoros a Pavón, con un criterio que aún no se logra determinar.

“La orden de tres jueces y hasta de la FECI era que no fuera trasladado; sin embargo, cierran el penal –Matamoros en 2015–, se lo llevan, y por orden de magia lo vuelven a abrir. Todas esas acciones administrativas y las violaciones de las órdenes de juez, aparte de la omisión de denuncias que nunca se investigaron, todos esos factores, hacen que el Estado en el nivel judicial y ejecutivo sean cómplices”, detalló.

Martínez Amador: La hipótesis de una riña entre narcos se queda muy corta

La Hora buscó a David Martínez Amador, académico y miembro de la red de investigadores Insumisos Latinoamericanos, para conocer su opinión sobre el caso de Byron Lima y su impacto en las cárceles.

La Hora. ¿Cree que es posible considerar que a Byron Lima lo mató un grupo rival de narcomenudeo en la cárcel?

David Martínez. El entorno guatemalteco se presta para gustar mucho de la especulación y las teorías de la complicidad, llegando incluso a confundir rumores con investigaciones periodísticas serias. Producir posibles explicaciones sobre este hecho –estando afuera– requiere ser muy cauteloso para caer en la construcción de castillos en el aire. Lo primero es definir el modelo y comprender las dinámicas del modelo para que eso permita elaborar una hipótesis. En este caso, el modelo se refiere a la estructura del Sistema Penitenciario y entenderlo como un rubro que se coloca en una lógica neocorporativa. El Estado transforma ese sector (al igual que muchos otros) en un botín que puede ser exprimido económicamente al mejor postor. Cuando eso funciona así –y en este caso particular– resulta que el perfil de alguien como Lima se hace fundamental para la lógica del Estado: alguien que por su formación militar sabe imponer el orden y establecer la violencia cuando es necesaria. Lo anterior asegura en efecto el control del espacio físico, pero la mancuerna no se cierra sin reconocer que también el perfil de Lima tenía un componente de empresarialidad que hacía rentable la estructura de la cárcel. Tanto para desarrollar rubros económicos legítimos hacia lo interno, así como para el cobro de cuotas, diezmos, sobornos y además, sí, el control del narcomenudeo. Esto es interesantísimo porque, la conformación de una Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS) termina siendo el instrumento del Estado por vía de mecanismos no formales (allí, la ilegalidad) para asegurar el funcionamiento del sistema de prisiones. Con eso dicho, ¿Pudo haber sido la temática del narcomenudeo la razón del homicidio? Sí, es posible, porque un rubro tan rentable siempre estará en disputa por parte de otros actores paralelos que desean acceder a dichos recursos. Pero el mismo modelo que establecemos, abre la cancha para otras posibles hipótesis que son congruentes.

L.H. ¿Quiénes cree que pudieron tener interés en asesinar al reo considerado como el dueño de las prisiones?

D.M. Aquellos que tenían, para empezar, suficiente poder en volumen de armas y además algún interés concreto. Una regla muy vieja para leer este tipo de situaciones pasa por preguntarse siempre ¿Quién se beneficia? De nuevo, las posibilidades 1) acceso de parte de otra estructura para controlar el narcomenudeo. Un narcotraficante como el “Taquero” que compartía ese mismo espacio, ¿Podía quedar al margen de ese entorno económico? Pero debemos leer otro detalle. Por la precisión del hecho, el volumen de fuerza y el control que se tuvo de la infraestructura para cometer el acto estamos hablando de un actor o grupo de actores que deben tener un nivel de cercanía muy directo con el poder formal. Es un hecho que debajo de la estructura de gobierno (de cada gobierno) hay grupos paralelos que son utilizados para ejecutar la violencia (para eliminar opositores etc.). Estas estructuras paralelas por mucho tiempo se enquistaron en el Ministerio de Gobernación siendo acusadas por cierto de ejecuciones extrajudiciales. Esto es la representación más que perfecta del concepto de poderes paralelos. De nuevo, en razón del volumen de fuerza, la precisión, la cercanía con la cual fue abatido y el control que se tuvo del espacio físico durante el acto, incluso la hipótesis de una riña entre narcos se queda corta. Considerando de nuevo, que este homicidio por sus características podía ser tomado para ser investigado por la CICIG (cómo en efecto sucede), si incluso con esto el acto sucedió es más que claro que había un interés muy fuerte por eliminarlo a pesar de un posible involucramiento de la Comisión para resolver el hecho.

L.H. ¿Por qué razón habrían matado a Byron Lima?

D.M. Eso no lo pueden responder más que los peritos que están formalmente investigando el caso. Hacer cualquier afirmación es irresponsable. Yo sólo agregaría a todas las posibles líneas de hipótesis el siguiente hecho, la noción del control carcelario en manos de estructuras paralelas es ya un hecho –antes de este acto– que se estaba investigando por parte de la Comisión. El dedo se puso en la vinculación entre Lima y Bonilla, intentando el anterior funcionario justificar su relación en términos de la práctica de involucrar a los internos en consultas sobre el mejor funcionamiento del entorno. Pero en este caso, la dinámica paralela era la consulta de un ministro –de Gobernación– a un privado de libertad sobre los mejores perfiles a designar como directores de centros penitenciarios. Todo esto se tiene que agregar al ejercicio de hipótesis.

L.H. ¿Cuál es su opinión sobre el caso? respecto a la demora con que ingresaron las autoridades para restablecer el control del penal el día del crimen y la falta de ubicación de las armas usadas en el asesinato de Lima y los otros reos, pues transcurrió una semana y el armamento no era ubicado.

D.M. Muy simple: un problema de colusión del sistema. Es un aspecto a considerar. Las cárceles han sido tierra de nadie y esto es lo que sucede. El Estado se percibe lento para operar y esa lentitud genera las dudas sobre la colusión.

L.H. Algunos reos decían que Lima abusaba de su poder en las prisiones, otros consideran que ayudó a mantener el orden en las cárceles ¿cree que el asesinato de Lima incidió en el sistema carcelario?

D.M. Aunque el perfil de Lima era utilísimo para el Estado, y a pesar de lo eficiente que era, lo triste de toda esta historia relacionada con la dinámica de estructuras paralelas es que nadie es indispensable. Así las cosas, el sistema absorbe el shock y tiene la facilidad de escoger entre tantos perfiles para cumplir con los mismos objetivos. Esto es una representación de cuando un problema es estructural: el vicio informal, la corrupción abren la cancha para que el Estado utilice el amplísimo mercado de estructuras paralelas para generar simplemente una circulación de las mismas. Resolver el homicidio es fundamental. Romper la cadena de complicidad es fundamental. Pero antes que eso pase, es importantísimo tomar conciencia de las implicaciones que generaron esto. El país se acostumbró a tercerizar el control del sistema penitenciario en manos de estructuras que son crimen organizado u operan cómo que fueran crimen organizado. Y esto se entendió como perfectamente normal.

Perfiles y causas de muerte

Catorce personas murieron el 18 de julio del año pasado en la Granja Penal Pavón. El SP detalló el perfil de los fallecidos, mientras que el Inacif explicó la causa de muerte.

1. Byron Lima Oliva, sentenciado por el delito de ejecución extrajudicial. Murió por heridas de arma de fuego en el cráneo.

2. Anahel Ochoa, sentenciado por extorsión. Falleció por heridas de arma de fuego en el tórax.

3. Héctor Jerónimo Juárez, condenado por el delito de asesinato. Murió por heridas de arma de fuego y decapitación post mortem.

4. Juan Zúñiga García, sentenciado por los delitos de plagio o secuestro y portación ilegal de arma de fuego. Murió por heridas de arma de fuego y decapitación post mortem.

5. Víctor Manuel Cruz Cruz, sentenciado por comercio, tráfico y almacenamiento ilícito; lavado de dinero y otros activos y tenencia ilegal de municiones. Murió por heridas de arma blanca craneofacial.

6. Geans Adán González Agustín, condenado por asesinato. Falleció por heridas de arma de fuego en el tórax.

7. Julio César Aguirre Pérez, sentenciado por plagio o secuestro, robo agravado y encubrimiento propio. Murió por heridas de arma de fuego toracoabdominal.

8. Toribio Aguilar, acusado por violación. Murió por heridas de arma de fuego.

9. Marcos René Chub Santos, sentenciado por robo agravado en grado de tentativa. Falleció por heridas de arma de fuego en el cráneo.

10. César Geovanny Monroy Martínez, condenado por el delito de robo agravado. Falleció por heridas de arma de fuego en el tórax y craneofacial.

11. Érick Fernando Canel Martínez, sentenciado por extorsión. Murió por heridas de arma de fuego toracoabdominal y cráneo.

12. Emanuel de Jesús Martínez Castañeda, sentenciado por portación ilegal de arma de fuego y homicidio. Heridas por arma de fuego en el tórax.

13. José Alberto Pérez Paredes, sentenciado por asesinato, robo agravado y portación ilegal de arma de fuego. Falleció por heridas de arma blanca en el cráneo y amputación de una mano.

14. La visitante de Byron Lima, Joanna Birriel, de nacionalidad argentina. Murió por heridas de arma de fuego cervicofacial.

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