POR JOSÉ DEL ÁGUILA
jaguila@lahora.com.gt
A raíz de la reciente citación del Juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, a la Junta de Disciplina Judicial, analistas del sistema de justicia ven varias rutas a seguir para descongestionar los órganos jurisdiccionales de alto impacto. Las soluciones van desde el fortalecimiento del presupuesto del sector justicia hasta la promoción de una ley de aceptación de cargos.
Durante la audiencia disciplinaria a la que fue citado por señalamientos de retraso de procesos, el juez Gálvez explicó que el Juzgado que dirige tiene asignados 40 procesos y algunos de ellos, como La Línea y Cooptación del Estado, tienen más de 30 sindicados, con distintas imputaciones cada uno.
Helen Mack, representante de la Fundación Myrna Mack, opina que, a fin de evitar la mora judicial que se produce por la sobrecarga laboral en las judicaturas, es necesaria la asignación de más personal y aumentar el equipo inmobiliario disponible.
Mack explica que uno de los problemas también ha sido el débil presupuesto que le es asignado al Sector Justicia.
“Hay que proponer soluciones integrales que requieren de recursos. Al presupuesto para el sector justicia no se le pone atención, es dejado a un lado porque no les interesa que funcione; en vez, le incrementa –presupuesto- al Ministerio de la Defensa, por ejemplo”, indica Mack.
Javier Monterroso, analista del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (IECCP), no considera que la asignación de más personal sea la solución para reducir la mora judicial. En cambio, propone revisar la gestión de trabajo de los juzgados de alto impacto.
“Hay que revisar los mecanismos de gestión interna de los Tribunales de Mayor Riesgo. Hay que revisar cómo está la agenda judicial. Esto es cómo el juez establece su horario de trabajo en relación a las audiencias que tiene que atender”, señala Monterroso.
Asimismo, refiere que una ley de aceptación de cargos, como la propuesta por la Corte Suprema de Justicia, podría ser una solución a la mora judicial.
Una ley de aceptación de cargos disminuiría la pena a aquellas personas que acepten los cargos que se les imputan, por lo cual se simplifican los procesos penales y con ello se disminuye la inversión de tiempo y recursos.
