Por Denis Aguilar
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Los defensores y defensoras del medio ambiente y los recursos naturales en Guatemala se enfrentan a graves peligros y en muchos casos pagan su lucha con su propia vida, denunció la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en fecha reciente. Tan solo este año la entidad internacional ha recibido información de al menos 5 ataques contra ecologistas.
En 2016 murieron en la región 122 ambientalistas de forma violenta, de acuerdo con un informe publicado por la organización Global Witness. Seis de cada diez de los 200 asesinados el año pasado en el mundo eran latinoamericanos.
El documento ubica a Guatemala como décimo país con más muertes de ecologistas en 2016, con seis casos reportados.
En ese contexto, la CIDH pronunció su preocupación e hizo un llamado para que el Estado de Guatemala asuma un compromiso para cesen los ataques contra estas personas.
“Los expertos –de la CIDH – recuerdan que los Estados deben luchar contra la impunidad de los ataques contra las y los defensores de derechos humanos mediante investigaciones serias, independientes y transparentes para identificar a los autores intelectuales y materiales, procesarlos y garantizar una reparación adecuada”, reza un comunicado de la Comisión.
“Asimismo, los Estados deben prevenir cualquier atentado contra la vida y la integridad física de las personas defensoras del medio ambiente, la tierra y el territorio y garantizar que en todas las circunstancias puedan llevar a cabo sus legítimas actividades de derechos humanos sin temor o represalias y libres de cualquier restricción”, agrega el texto.
EL ORIGEN DE LA CONFLICTIVIDAD
Jorge Santos, de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (Udefegua), se manifestó ante el pronunciamiento de la CIDH e indicó que los ataques y amenazas contra ambientalistas han venido agravándose en los últimos años. Además, señaló que una gran cantidad de presos políticos en el país tienen causas relacionadas a la defensa de la tierra, el medio ambiente y territorio.
“La mayor causa de asesinatos contra defensores de derechos humanos y de criminalizados, fundamentalmente presos políticos en el país, ha estado vinculado a la defensa del territorio”, dijo Santos, quien agregó que son constantes los ataques contra estas personas.
Para el activista, en Guatemala existe un modelo económico impuesto que no permite la defensa de los derechos humanos y de los intereses colectivos, por los cuales se manifiestan muchas comunidades del país, sobre todo aquellas que se ven afectadas por la industria extractiva.
Estas situaciones han sido generadas porque el Estado de Guatemala no es capaz de respetar el marco legal vigente en el país, según Santos, lo que queda evidenciado en la no realización de las consultas comunitarias previo a la instalación de un proyecto para explotar y extraer los recursos naturales.
“La Corte de Constitucionalidad ha sido enfática al referir que todos los convenios internacionales ratificados por el Estado de Guatemala forman parte de su marco jurídico institucional, y al no darle cumplimiento a estos convenios internacionales se está violando la Constitución Política de la República y se está cayendo en ilegalidades”, asegura.
El entrevistado considera que la no realización de una consulta previa e informada, además de no efectuar estudios de impacto ambiental y no permitir que las comunidades expongan sus oposiciones al momento de la disposición sobre licencias de exploración o explotación, provoca que las poblaciones entren en resistencia para la defensa de sus derechos.
“De ese marco es de donde se produce la violencia por estos actores del capital y del Estado guatemalteco”, dijo Santos.
PDH DICE QUE ES UNA TAREA PENDIENTE
El Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jorge de León Duque, dijo que los ataques contra defensores y defensoras del medio ambiente ha sido una preocupación en los cinco años de su gestión al frente de esa institución.
“Vemos con mucha preocupación que seguimos privilegiando cualquier otro tipo de actitudes violentas, de acoso, de hostigamiento y dejamos siempre por un lado el respeto. Creo que esa es la responsabilidad que tenemos como Estado”, señaló.
El Procurador considera que el hecho de que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos esté pendiente, esté alertando y esté haciendo llamados de atención al Estado de Guatemala por estos casos es una prueba de que la protección a estos defensores y defensoras es una tarea pendiente para el país.
Para de León Duque, la CIDH viene a ser ese mecanismo que actúa cuando la jurisdicción ordinaria guatemalteca no da respuesta y considera que es “penoso” que en una gran cantidad de casos, sobre todo cuando son violaciones a los derechos humanos, se tenga que acudir a dicha entidad internacional.
El PDH no quiso entrar en detalles de los casos denunciados por la CIDH, sin embargo, fue enfático en asegurar que el Estado debe asumir su responsabilidad de dar una respuesta en el marco de la legalidad y en el marco del respeto de los derechos humanos.
Por último, aseguró que el Estado tiene una deuda pendiente, no únicamente en cuanto a la protección de los defensores del medio ambiente, sino en todos los aspectos relacionados a los derechos humanos, ya que hay muchas sentencias del Sistema Interamericano pendientes de que se ejecuten.
COPREDEH PROMUEVE PROTECCIÓN A DEFENSORES
La Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos (Copredeh) manifestó que está promoviendo una política pública para protección de personas defensoras del medio ambiente, debido a que consideran que existe una necesidad de implementar mecanismos específicos para protegerlas.
“Actualmente los mecanismos que se utilizan son que los que se han utilizado de manera común, no existen mecanismos especializados”, manifestó Ronaldo Galeano, de la Copredeh. Asimismo indicó que ellos son los encargados de coordinar las medidas de protección cuando existe un riesgo para estas personas.
Galeano explica que realizan monitoreos constantes con el Ministerio Público para dar seguimiento a los casos que conocen a través de la CIDH.
El representante de la Copredeh explicó que en el 2016 conocieron dos casos similares a los que han ocurrido en este año y fueron señalados por la CIDH, entre ellos ataques contra los miembros del Comité de Unidad Campesina (CUC) Esteban Hermelindo Cux y Daniel Pascual Hernández.
LOS CASOS
La Hora pudo conocer, a través de la Copredeh, sobre tres de los cinco casos de ataques contra defensores y defensoras de la tierra y el medio ambiente que la CIDH denunció, y por los que hizo una llamado de atención al Estado de Guatemala para que cesen las acciones violentas contras estas personas.
CARLOS MAAZ COC
El 12 de junio del 2017, la Copredeh solicitó información al Ministerio Público (MP) relacionada al caso de Carlos Maaz Coc, quien falleció en el municipio de El Estor, Izabal, a consecuencia de las acciones de una turba de personas. En esa oportunidad seis agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) resultaron heridos por proyectiles disparados con arma de fuego.
Según la CIDH, en el momento de su muerte Maaz Coc protestaba debido a la contaminación en el Lago de Izabal como consecuencia de las actividades mineras en la zona.
El MP mantiene este caso bajo reserva. El expediente aún se encuentra bajo investigación en la Fiscalía Municipal de Morales, Izabal.
SEBASTIÁN ALONSO
La CIDH informó que Sebastián Alonso fue asesinado el 23 de enero de 2017 en Huehuetenango, cuando participaba en una protesta pacífica en contra de un proyecto hidroeléctrico ubicado en ese departamento. La información del MP señala que hombres armados empezaron a disparar contra la multitud, hiriendo de muerte al defensor del medio ambiente.
El ente investigador informó a la Copredeh que ha realizado diligencias a cargo de la Unidad de Delitos cometidos contra Activistas de Derechos Humanos de la Fiscalía de Sección de Derechos Humanos.
La información indica que la investigación está avanzando. En el mes de mayo se coordinó una reunión entre el MP y representantes del proyecto hidroeléctrico para la práctica de estudios de balística que permitan determinar si las armas empleadas en la muerte de Alonso pertenecen a la empresa que le presta seguridad.
AURA LOLITA CHÁVEZ
Aura Lolita Chávez, integrante del Consejo de Pueblos K’iche’, fue amenazada, perseguida e intimidada por diez hombres armados no identificados en Santa Cruz del Quiché. A raíz de estos sucesos, Chávez fue beneficiada con medidas cautelares otorgadas por la CIDH.
La Copredeh informó que por este caso, actualmente se le presta protección personalizada con acompañamiento las veinticuatro horas por medio de la PNC.
