POR JOSÉ DEL ÁGUILA
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La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) dirigieron esta mañana 40 allanamientos a nivel nacional, en los que se buscaba capturar a empresarios de la construcción, contadores públicos y exfuncionarios, quienes presuntamente están implicados en negocios del exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, contra quien se giró una segunda orden de captura.
La Fiscalía confirmó que, por este nuevo caso, también se giró una orden de captura contra el exembajador de Guatemala en Washington, Julio Ligorría, por el delito de financiamiento electoral ilícito. Ni Sinibaldi ni Ligorría fueron ubicados por los elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) hasta la hora de cierre de esta edición.
Uno de los allanamientos se realizó en el apartamento de Ligorría, pero no fue ubicado y hasta el momento se desconoce su paradero.
En conferencia de prensa, el MP dijo que los sindicados participaron en operaciones de negocios ilícitos, a nivel nacional e internacional, de Sinibaldi. Con las investigaciones se identificaron tres empresas de cartón, supuestamente utilizadas por el exministro para simular servicios y facturar sumas millonarias de sobornos entre 2012 y 2014, durante la gestión del Partido Patriota.
Estas empresas son Constructora Benelli S.A., Agropecuaria y Constructora Agua Azul S.A. y Agropecuaria y Constructora El Florido S.A., entidades que facturaron millones de quetzales simulando la prestación de servicios a otras empresas que eran contratistas del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi).
Al momento de prestar los servicios, entre 2012 y 2014, ninguna de las empresas contaba con los activos, personal ni infraestructura para realizarlos, determinaron las autoridades.
Así, por ejemplo, en tan solo nueve meses la constructora Agua Azul emitió 152 facturas por ventas arriba de Q24 millones.
De acuerdo con las pesquisas, con los sobornos recibidos, las empresas de Sinibaldi invirtieron en fincas ganaderas y agrícolas, casas y apartamentos en lugares de alta plusvalía, transportes aéreos, vehículos de lujo, etcétera.
En tanto, el pago total que el Micivi realizó entre 2012 a 2015 a las empresas que dieron sobornos fue de Q1,882,939,989.38, dio a conocer Luis Arturo Archila, fiscal general en funciones.
Las empresas que pagaron sobornos son: Asfaltos de Guatemala, Compañía Constructora de Obras Civiles Cocisa, Construcciones y Diseño Codisa, Ferretiendas, Coingua, Constructora Jireh, Servicios Calificados de la Constructora, Constructora Nacional, M&C Construcciones, Diseño y Desarrollo de Proyectos de Construcción, Pavimentos de Guatemala y Grupo Samayoa.
Hasta este mediodía se había ejecutado 17 capturas, por los delitos de lavado de dinero u otros activos, cohecho activo, financiamiento electoral ilícito y asociación ilícita.
Entre los capturados se encuentra el gerente general de la empresa constructora Conasa, Juan Tejada, por cohecho activo. A su ingreso a la Torre de Tribunales, el empresario aseguró que conoció a Sinibaldi hace 10 años, en un evento musical en un restaurante. Sin embargo, dijo que no mantiene ningún tipo de relación con el exministro.
Otro de los capturados fue José Guillermo Yupe, quien al ser entrevistado dijo que formó parte del comité de fiscalización del Partido Patriota y posteriormente fungió como vocal tercero del tribunal de honor de dicha agrupación política.
«Yo estuve dando declaración por el caso de Otto Pérez Molina porque yo fui representante legal de la empresa que intentó comprar el terreno de la casa de Chimaltenango. Pero me pidió favor -Pérez Molina- que lo representara legalmente, porque obviamente por sus ocupaciones no podía, y me pagaron un sueldo por ser representante legal y por crear la empresa», dijo Yupe.
El detenido aseguró que abandonó la representación legal de la empresa cuando Pérez Molina fue electo como Presidente de la República y entregó las acciones y escrituras públicas al señor Víctor Hugo Hernández, quien también es señalado como testaferro del exmandatario.
Por asumir la representación legal, Yupe recibió Q3 mil mensuales en concepto de honorarios, dijo, y agregó que consideró su actuar como «normal» por las funciones que desempeñaba como contador público y auditor.
Entre los detenidos por asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos figuran: Douglas Paredes Ramos, José Guillermo Yupe, René Felipe Cardona, Aneliese Mercedes Herrera y Juan Ignacio Florido.
Por cohecho activo se coordinó la captura de: Juan Francisco Sandoval, Juan Tejada, Otto Vinicio Samayoa, Elder Romualdo Vásquez y Otto Vinicio Samayoa Soria.
EL ROL DE LIGORRÍA
Respecto al financiamiento electoral ilícito, Archila informó que para los gastos de campaña electoral del 2011, se detectó el ingreso de sumas cuantiosas de dinero en cuentas vinculadas a Sinibaldi.
De tal cuenta, Telgua S.A. pagó Q15 millones a la campaña de Sinibaldi, los cuales no fueron reportados al Tribunal Supremo Electoral. También se identificó el financiamiento de Q12 millones provenientes de las empresas de cartón manejadas por el exministro.
Para identificar el financiamiento de Telgua, la Fiscalía y la CICIG entrevistaron al entonces gerente general de Telgua, Julio Carlos Porras Zadik, quien dijo que los aportes de campaña se realizaron como parte de una estrategia comercial-política realizada por Julio Ligorría, para tratar de resolver un litigio con la empresa TIGO.
Los motivos de Telgua para financiar al PP se deben a que, a raíz de dos resoluciones de la Superintendencia de Telecomunicaciones y del Micivi durante el gobierno de la UNE, Tigo fue favorecido con un reclamo que hizo a Telgua, por lo que esta segunda entidad tenía que pagar 400 millones de dólares.
