POR JOSÉ DEL ÁGUILA
jaguila@lahora.com.gt
La mayoría de quejas son por abandono de la defensa y falta de buena conducta
Abandonar la defensa de sus clientes e incurrir en faltas de respeto durante las audiencias son los hechos más denunciados en el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), según reportes de esa institución. No obstante, para bien de los profesionales del derecho, la mayoría de señalamientos se resuelven con «juntas conciliatorias», es decir, mediante algún acuerdo de solución entre el denunciante y el abogado.
El Tribunal de Honor del CANG no cuenta con un registro actualizado de cuántas sanciones se han impuesto en lo que va del año a los profesionales del derecho, según dijo su presidente, Julio Enrique Dougherty Liekens.
El último reporte del tribunal, que data del período del 18 de febrero de 2016 al 25 de enero de este año, da cuenta de que se presentaron 440 denuncias contra abogados.
El expresidente del Tribunal de Honor, Luis Fernando Ruiz, explicó que, durante su mandato, la denuncia más recurrente fue el abandono de la defensa técnica por parte de los abogados, regularmente, en procesos penales.
«Esto es cuando se le notifica al profesional del derecho que debe asistir a una audiencia y, por alguna razón, no asiste o se le pasa o no le notifican, entonces se vuelve un problema porque para el tribunal queda en estado de indefensión la persona», dijo Ruiz.
Al ser consultados, profesionales del derecho aseguran que uno de los motivos principales por los cuales se presenta esta denuncia es porque, en muchas ocasiones, los abogados asumen la defensa de sindicados durante la etapa de primera declaración pero, en fases procesales posteriores, los clientes se quedan sin recursos económicos para continuar con el pago de los servicios de defensa.
Atender una audiencia de primera declaración puede costar entre Q3 mil y Q10 mil, aunque el monto puede elevarse considerablemente dependiendo del delito imputado y la situación de detención.
Oswaldo Samayoa, analista del Centro de Estudios de Guatemala (CEG), explica que una posible solución a este problema podría ser establecer la figura de los abogados «probonos». Esto consiste en que el Estado pague una cuota periódica de honorarios a abogados privados para que ellos, a cambio, ejerzan la defensa legal gratuita de sindicados.
Esto ayudaría, según Samayoa, a descongestionar el Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), que es la que con mayor frecuencia brinda defensa técnica a los sindicados en procesos penales.
Según Samayoa, es necesario crear una ley de acceso a la defensa legal gratuita, que implemente estos procedimientos y establezca los parámetros bajo los cuales actuarían los sindicados que podrían acceder a estos servicios.
«Esto implica la obligación de que todos los abogados en el país, cada año, tengan la obligación de llevar uno o dos casos probonos. El Estado tendría que pagar los recursos para llevar esos dos casos con las personas que no tienen recursos económicos, y así descongestionar la Defensa Pública Penal y darle la posibilidad a la persona que decida qué abogado lo puede defender. Es un sistema que se utiliza en Canadá, Estados Unidos y Europa», dijo Samayoa.
JUNTAS CONCILIATORIAS
Según reportes del Tribunal de Honor, se realizaron 100 juntas conciliatorias entre el período en mención, logrando resolver conflictos sin imponer sanción alguna a los abogados. El expresidente del CANG señaló que estos métodos permiten ahorrarse hasta dos años para la resolución de pugnas que puedan surgir entre los abogados y los usuarios.
«Nos ahorramos dos años de trámite, cuando podemos resolver problemas inmediatamente», asegura Ruiz.
EL CASO GARCÍA GUDIEL
Recientemente, la Corte de Constitucionalidad (CC) confirmó la suspensión temporal que ordenó el Tribunal de Honor del CANG contra el abogado Francisco García Gudiel. Esto, derivado de una denuncia que presentó el director de la Comisión de Juristas (CIJ), Ramón Cadena, en la que indicaba que le faltó el respeto a los jueces del Tribunal de Mayor Riesgo A y, particularmente, a la presidenta Yassmín Barrios, durante el juicio por genocidio.
La denuncia dio a raíz de unas declaraciones que dio García Gudiel a Guatevisión, en las que calificó a los jueces como «delincuentes» y «títeres». Cuando se refirió a Barrios el abogado dijo que le daba «náusea» cuando la veía.
La CC confirmó la suspensión del ejercicio de la abogacía para García Gudiel que decretó el Tribunal, pero lo habilitó para ejercer como notario.
La Hora solicitó al CANG estadísticas sobre el número de abogados inhabilitados a la fecha y la cantidad de sanciones, pero la institución aseguró que no cuenta con estos registros.
TRIBUNAL DE HONOR
El Tribunal de Honor es el órgano disciplinario del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, a quienes les corresponde conocer las denuncias, instruir la averiguación y dictar la resolución, imponiendo las sanciones cuando proceda. El Tribunal de Honor se integra con siete miembros titulares: un presidente, un vicepresidente, un secretario y cuatro vocales, así como dos miembros suplentes, quienes durarán en sus cargos dos años a partir de la fecha en que tomen posesión.
