POR KIMBERLY LÓPEZ
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Miembros del Gabinete Económico explicaron las consecuencias que consideran podría traer para el país el cierre de la minera San Rafael, como resultado de una resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que amparó provisionalmente a CALAS. Entre los efectos mencionaron la pérdida de certeza jurídica, así como de miles de empleos, además de una desaceleración en el crecimiento económico.
Esta mañana, los funcionarios que conforman el Gabinete Económico se reunieron con personeros de la minera San Rafael para que estos últimos expusieran los efectos que tendría el cierre de operaciones de la minera en el país que opera en el departamento de Santa Rosa.
El vicepresidente, Jafeth Cabrera, quien preside el Gabinete, explicó que en la reunión abordaron el «impacto económico del cierre de la minera San Rafael para que los miembros conocieran las implicaciones desde el punto financiero y de las familias que estarían dejando de trabajar en esa mina».
Sergio Recinos, presidente del Banco de Guatemala (Banguat), estimó que la decisión de la CSJ provocaría una desaceleración en el crecimiento económico previsto.
Recinos explicó que esto se daría como respuesta a la incertidumbre que generaría la resolución.
PREOCUPACIÓN POR CERTEZA JURÍDICA
Cabrera por su parte manifestó que esta decisión afecta a la certeza jurídica del país.
«Nosotros buscamos que haya certeza jurídica y es lo que se está perdiendo, el mensaje que mandamos a nivel internacional es malo», indicó el vicemandatario al ser consultado por la postura que tendrían frente a dicha resolución.
El vicepresidente agregó que con el cierre se estarían perdiendo 1 mil 600 empleos directos y 6 mil empleos indirectos.
A su criterio, el proceso para aprobar la licencia de operaciones de la minera fue cumplido a cabalidad, a pesar de los señalamientos que se hacen por el incumplimiento del Convenio 169, que establece la realización de consultas comunitarias previas.
En tanto, el ministro Luis Chang, titular de Energía y Minas, reiteró que el otorgamiento de licencias se dio porque se cumplió con lo establecido.
Según Chang, con base en un estudio realizado se determinó que en el lugar no existen comunidades xincas, razón por la que no se realizó la consulta. Se está llevando a cabo un proceso de reglamentación para definir la ruta de cómo se deben realizar las consultas en el país, agregó.
El ministro de Energía y Minas coincidió en que el escenario afecta la certeza jurídica de las empresas que buscan trabajar en Guatemala y agregó que debería haber un trabajo en conjunto para atraer inversión al país.
