Por Denis Aguilar
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Colaboradores y proveedores de la Minera San Rafael manifestaron esta mañana en contra de la resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que suspendió provisionalmente las operaciones de la empresa, y pidieron que se revoque el fallo que benefició al Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala (CALAS), entidad que accionó contra la empresa que tiene sus operaciones en Santa Rosa.
Vinicio Méndez, uno de los colaboradores de la minera, dijo que están reclamando por sus derechos y por un trabajo justo. Méndez señaló que el comercio está siendo seriamente dañado.
“En este momento nosotros tenemos un empleo, un trabajo digno y justo. No vemos justo de que un grupo de personas atacándonos de esta forma tan sistemática para que nosotros perdamos nuestro empleo”, indicó.
El entrevistado aseguró que el municipio de San Rafael La Flores, en Santa Rosa, está siendo damnificado por la resolución de la CSJ; agregó que los trabajadores de la empresa están en medio de la incertidumbre.
“Somos más de 1 mil 500 colaboradores que en forma directa tenemos un empleo seguro con todas las prestaciones de ley en Guatemala y además algunos otros beneficios. No vemos ninguna opción que nos permita darnos empleo”, indicó.
Álvaro Zebadua, representante de una de las empresas proveedoras de la Minera, dijo que el fallo de la Corte es violatorio en materia de derechos al trabajo y del derecho a la libre locomoción, ya que afecta directamente a miles de trabajadores.
Según Zebadua, la mina cuenta con 600 proveedores activos, los cuales aportan todos los implementos necesarios para el trabajo que se realiza dentro del proyecto minero.
“Estos 600 proveedores generamos 17 mil puestos de trabajo”, expresó el entrevistado, quien agregó que ellos son los encargados de proveer alimentos, equipo de seguridad industrial, repuestos, uniformes, maquinaria, entre otro tipo de productos necesarios para las labores de la empresa.
Zebadua indica que aparte de esos 17 mil puestos de trabajo que generan, hay un sinnúmero de proveedores que no están relacionados directamente con la minera.
SEÑALAN QUE AFECTA TEMA FISCAL
El empresario asegura que con la resolución de la CSJ también se ve afectado el tema fiscal, ya que se cortarían los aportes de regalías e impuestos, entre otros aspectos. Agregó que las compras a proveedores de la minera generan al menos 100 millones de dólares al año.
Zebadua señaló que Ministerio de Energía y Minas (MEM) hizo consultas y realizó trámites administrativos para otorgar la licencia a la Minera San Rafael. “El Ministerio no otorgó la licencia sin haber cumplido las etapas administrativas y legales que correspondían en el momento que se realizaron las licencias”, dijo.
Por ahora, las operaciones de la empresa se encuentran en suspenso, sin embargo, el sector empresarial ya ha presentado acciones para pedir que la CSJ revoque su decisión.
