Por Denis Aguilar
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El Ministerio de Energía y Minas (MEM) se pronunció hoy sobre el amparo que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) otorgó al Centro de Acción Legal Ambiental y Social (CALAS), que suspende provisionalmente la licencia de operaciones de la minera San Rafael ubicada en Santa Rosa, aseverando que respetan la decisión aunque cuestionan el fallo.
Según el comunicado, el MEM respetará y cumplirá con la resolución, aunque cuestiona el fallo emitido por la Corte al asegurar que se han realizado diálogos con las comunidades de influencia al proyecto de minería y que han logrado una convivencia entre la población y la minera desde el 2012.
Además, señalan que la mina ha cumplido con la entrega de regalías al Estado, las cuales ascienden a los 42 millones de quetzales.
El MEM asegura que las consultas comunitarias deben realizarse de buena fe en las comunidades indígenas y que en el caso de la mina San Rafael, que opera en el municipio de San Rafael Las Flores, Santa Rosa, no se ha determinado que existan poblaciones indígenas.
IMPACTO NEGATIVO
En una actividad pública efectuada hoy, el ministro de Energía y Minas, Luis Chang, dijo que al menos 85 mil empleos se perderán debido al cese provisional de las operaciones mineras, además de que esto tendrá un impacto negativo en la recaudación tributaria.
Chang indicó que el Convenio 169 de la OIT en ningún momento habla de suspender operaciones de las empresas y señaló que acciones de algunos sectores que se han opuesto a los proyectos han sido conflictivas.
“El Convenio no habla del paro de los proyectos, el Convenio no habla de aprobar o improbar un proyecto, el Convenio habla de construir acuerdos y consensos”, dijo Chang, agregando que las acciones de los opositores están lejos de estos objetivos.
CACIF CONDENA RESOLUCIÓN
Por su parte el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), señaló que ven una decisión arbitraria de la CSJ en suspender provisionalmente las operaciones de la mina y aseguraron que dicha resolución tiene repercusiones graves en los trabajadores y sus familias.
«Los fallos de las cortes no pueden atentar contra derechos fundamentales de ciudadanos, tales como trabajo y la libre empresa”, expresó Antonio Malouf, presidente del CACIF.
El vocero de la minera San Rafael, Andrés Dávila, dijo que en San Rafael Las Flores, Santa Rosa, no hay comunidades xincas, por lo que las consultas comunitarias no se pueden aplicar, debido a que dicho convenio es aplicable únicamente para las comunidades indígenas.
El sector empresarial presentó un memorial ante la Corte de Constitucionalidad (CC) por la resolución de la CSJ.
