Por Joseline Ayala
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La Corte Suprema de Justicia (CSJ) presentó ante el Congreso una iniciativa para reformar el Código Procesal Penal que en búsqueda de la agilización de la justicia penal incorporaría la aceptación de los cargos para los sindicados, propuesta que no es bien vista por los diputados.
De acuerdo a Juan Ramón Lau, jefe de la bancada TODOS, aunque debería haber celeridad procesal, que los casos se realicen con el cumplimiento de los plazos y que se dicten sentencias, la nueva condición de aceptación de los cargos podría poner en peligro el trabajo investigativo de los procesos.
El diputado advirtió que hay personas que podrían ser procesadas por casos de corrupción que podrían tomar esta nueva disposición como un beneficio y explica que con esta nueva modalidad las personas tendrían que optar por aceptar las imputaciones, aunque no fueran culpables, para evitar el largo proceso de la prisión preventiva mientras se resuelve su caso.
“Lo que pasa es que los plazos no se cumplen, hay muchos procesos que llevan años sin resolverse, lo importante es que haya celeridad procesal, pero a cuenta de que todos los sindicados sean confesos pero con esto pueden haber algunos que van a salir beneficiados y van a aprovecharse de esto”, indica.
Por su parte, el jefe de la Unidad Nacional de la Esperanza, Orlando Blanco, indicó que esta propuesta debería ser analizada para determinar si el cambio es más beneficioso o si, por otro lado, debería ser modificado para evitar que los sindicados utilicen esa figura para su beneficio.
Acepta que la intención de agilizar los casos podría afectar de otras maneras el sistema de justicia.
DEBE ANALIZARSE CON LUPA
La jefa de Encuentro por Guatemala, Nineth Montenegro, explicó que la propuesta debe analizarse con una lupa exhaustiva debido a que se debe reflexionar si el planteamiento presentado es el correcto o se debe cambiar.
Montenegro resalta que es importante reconocer que actualmente las cárceles se encuentran saturadas y de acuerdo a las estadísticas la disponibilidad de los jueces es de seis por cada cien mil acusados de algún delito y que cada año se dictan unas 14 mil sentencias de 250 mil personas pendientes de una.
“Hay que reflexionar si es correcta como se está planteando y si es aplicable a cualquier delito, esto puede favorecer el sistema de alguna manera, pero hay que estudiar para que tampoco la moral de la población decaiga”, expresó.
La diputada se refiere a que debido a los tratos que reciban los sindicados por delitos de corrupción o algún otro delito similar, podrían resultar exentos o beneficiados con penas menores a la gravedad de las acciones ilegales que cometieron.
