Por Joseline Ayala
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La Corte de Constitucionalidad (CC) declaró con lugar la cancelación de un delito específico creado por el Congreso que condenaba hasta con tres años de prisión a los funcionarios que no atendieran las citaciones solicitadas por los diputados, algo que los congresistas lamentan.
Uno de los diputados ponentes, Amílcar Pop, aseguró que las personas que ocupan un cargo público deberían asistir a las citaciones de forma obligatoria aunque ya no está vigente la condición, porque de igual forma estarían cometiendo un incumplimiento de deberes.
Por su parte el diputado Orlando Blanco, jefe de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), explicó que no es necesaria esa disposición porque a los parlamentarios les favorece un derecho constitucional de fiscalización.
El jefe de la bancada Todos, Juan Ramón Lau, aseguró que como bloque respetarán la resolución porque el Código Penal ya tipifica los delitos de incumplimiento de deberes y de otros en los que pueden incurrir los funcionarios, pero que aunque ya no se tenga esa condición los diputados aún tendrán el derecho de denunciar a los funcionarios que falten a las citas.
Por su parte, el jefe del Movimiento Reformador, Jaime Regalado, indicó que la bancada analizará presentar una nueva disposición en el pleno para obligar a los funcionarios a asistir al Congreso.
