POR JOSÉ DEL ÁGUILA
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La defensa de la jueza Marta Sierra de Stalling, sindicada en el Caso Bufete de la Impunidad, presentó dos recursos legales para evitar que los magistrados de la Cámara Penal, Josué Felipe Baquiax y José Antonio Pineda Barales, sean quienes resuelvan si el proceso penal debe ser trasladado a un Juzgado de Mayor Riesgo.
Francisco García Gudiel, abogado defensor de Sierra de Stalling, manifestó que ambos magistrados emitieron resoluciones en las que se demostró su parcialidad.
«Los magistrados han emitido algunas resoluciones en las cuales se puede determinar que su parcialidad está siendo notoria», dijo el abogado.
La cita para discutir las recusaciones estaba programada hoy para las 10:30 horas en la Sala de Vistas del Palacio de Justicia; sin embargo, debido a un error en la notificación de la audiencia, la misma fue reprogramada para el próximo 4 de julio.
UN AÑO DE RETRASO
El jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP), Juan Francisco Sandoval, informó que la solicitud para trasladar el caso a un Juzgado de Mayor Riesgo se planteó a la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) desde el 9 de junio de 2016.
Sin embargo, según el fiscal, la audiencia no se ha podido desarrollar debido a que abogados defensores de los sindicados han recusado a los jueces en reiteradas ocasiones.
El pasado 14 de junio, el titular del Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal, Mynor Motto, ordenó que la jueza Marta Sierra regresara a prisión preventiva, en cumplimiento a lo que ordenó la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal desde diciembre de 2015.
Según las investigaciones de la Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP), la jueza Sierra de Stalling negoció con los principales cabecillas del Caso La Línea una medida sustitutiva, durante la audiencia de primera declaración. Esto, mientras Sierra de Stalling fungía como jueza titular del Juzgado Octavo de Primera Instancia Penal.
A través de interceptaciones telefónicas, el MP informó que se pudo documentar las negociaciones que se sostuvieron entre la jueza y los sindicados Francisco Javier Ortiz Arriaga, Miguel Ángel Lemus Aldana y Salvador Estuardo González Álvarez. En este caso, permanece prófugo Luis Alberto Mendizábal Barrutia.
Salvador Estuardo González Álvarez, alias “Eco”, fue beneficiado con un “criterio de oportunidad” por parte del juez Motto. De tal cuenta, no enfrentará cargos penales respecto a los hechos que le imputó la Fiscalía.
