POR JOSÉ DEL ÁGUILA
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El jefe de la Fiscalía contra la Corrupción, Stuardo Campo, calificó de “aberrante” la resolución de la jueza de Primera Instancia de San Marcos, Blanca Elizabeth González Gálvez, de dejar en libertad al exdirector del área de Salud de dicho departamento, Nehemías Santizo Ramón, y a otras tres personas, a quienes se les sindica de participar en el arrendamiento irregular de un inmueble y en la contratación ilegal de personal.
La jueza González Gálvez manifestó que era procedente dejar sin efecto las órdenes de captura porque las mismas habían sido giradas por un Juzgado de Diligencias Urgentes, ubicado en la ciudad capital, mientras que las detenciones se efectuaron en San Marcos y Quetzaltenango, informó el fiscal.
No obstante, Campo dice que la jueza desconoce el acuerdo de creación del juzgado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en el que se establece que dicha judicatura tiene competencia a nivel nacional.
Además, según la fiscalía, la jueza argumentó que por tratarse de un Juzgado de Diligencias Urgentes, únicamente estaba facultado para ordenar diligencias de métodos especiales de investigaciones (escuchas telefónicas), y no para autorizar órdenes de aprehensión.
“El acuerdo de creación del juzgado dice que puede ordenar cualquier diligencia urgente, requerimiento del Ministerio Público, ya sea aprehensiones, allanamientos y autorizaciones judiciales, pero ella decía que el juzgado solo estaba creado para autorizaciones de diligencias de métodos especiales de investigación”, dijo Campo.
Por tal motivo, la jueza decretó una “actividad procesal defectuosa”, mediante la cual dejó las órdenes de aprehensión y citó a los sindicados a una audiencia de primera declaración el próximo 28 de julio.
La Fiscalía contra la Corrupción adelantó que analizan presentar una acción de amparo para revertir la resolución de la jueza y, además, evalúan la posibilidad de recusar a la jueza González Gálvez debido a que ya emitió dentro del proceso.
Según el MP, el exdirector del Área de Salud, Santizo Ramón, arrendó un inmueble entre septiembre y diciembre de 2014 y, sin contrato alguno, pagó Q40 mil a su suegra, Odilia Marleny Robledo.
Además, el exdirector intervino en la contratación de su sobrino, Kelvini Alexis Santizo, y de su cuñada, Lilyan Eunice Ávila, devengando salarios de Q5 mil y Q10 mil, respectivamente.
