Por Joseline Ayala
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El proceso de designación del nuevo Procurador de los Derechos Humanos realizado por la Comisión de Derechos Humanos del Congreso ha sido objeto de una serie de amparos que lo señalan de falta de transparencia o de criterios cuestionables por parte de los diputados, aunque de acuerdo a integrantes de la sala de trabajo, estas acciones legales no tienen validez.
De acuerdo a la secretaria de la sala de trabajo, Nineth Montenegro, las cuatro personas que han accionado en contra de algún aspecto del proceso debieron apelar a la Comisión, antes de presentar la solicitud ante la Corte de Constitucionalidad (CC).
La ley indica que un principio de definitividad obliga a los opositores de alguna decisión tomada por los parlamentarios de presentar en primera instancia las objeciones en contra del proceso ante la sala de trabajo, luego de 72 horas de haberse definido la terna finalista.
Montenegro indica que de acuerdo a su criterio eso le quitaría validez a las acciones presentadas.
Agregó que la falta de consensos empezó desde la Comisión, porque los parlamentarios que la integran no se encargaron de informar a sus bancadas de lo que pasaba en la sala de trabajo y eso pudo afectar para que los diputados no estuvieran listos para votar y no hubieran consensos.
El diputado Eduardo Zachrisson agregó que los amparos no siempre tienen asidero legal y que lo más que pueden utilizar como argumento es el cumplimiento de los plazos aunque según su criterio sí se cumplieron.
