POR KIMBERLY LÓPEZ y JOSELINE AYALA
klopez@lahora.com.gt y jayala@lahora.com.gt
Aún es desconocida la identidad de los financistas del contrato por servicios de cabildeo ante la Casa Blanca y el Congreso de los Estados Unidos, firmado por Marvin Mérida, en nombre del presidente Jimmy Morales. El contrato fue cancelado, no obstante, no ha habido claridad de la fuente de financiamiento para el pago de esos servicios, por lo que, según analistas, tanto el presidente como el excomisionado Mérida incurrieron en testaferrato al ocultar la identidad de las personas que financiaron el cabildeo.
Por su parte, los diputados del Congreso, Fernando Linares Beltranena, Óscar Quintanilla, Julio Lainfiesta y Jaime Regalado, quienes prestaron su nombre para que algunos empresarios pagaran un plan cuyo objetivo final es el cese de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), no sólo han cometido una ilegalidad sino que sus acciones también han atentado en contra del país, aseveraron expertos consultados.
SOSPECHAN DE TESTAFERRATO
Según el analista y politólogo, Jorge Wong, lo que se entiende de dicho contrato es que se trata de un plan ideado de forma oculta, pero ahora que se conoció públicamente, no existen responsables que quieran dar la cara para explicar la razón de ser de dicho contrato.
“Ahora no hay nadie que se haga responsable, quién es el encargado, de dónde salió esta idea, se debería aclarar para ver si los contribuyentes estamos pagando por ese cabildeo de personas que se sienten incómodas con entidades extranjeras”, indicó.
Asimismo, señaló que lo que se deja ver es que hubo testaferrato, porque no está claro quién paga por esto.
De la misma forma, opinó el analista Renzo Rosal, quien expresó que al parecer ahora el Ejecutivo y Legislativo se están prestando a ser la “cara visible” de una nueva contratación de cabildeo que se enmarca en la intención de ir contra la CICIG y del embajador estadounidense, Todd Robinson.
“Los actores públicos puede que sean solo la vitrina a la cara de los operadores de un contrato en donde hay fondos privados, es una especie de alianza público privada pero perversa, en donde los recursos proceden del sector privado, pero se están haciendo a través de mecanismos oficiales que ahora están quedando a futuro”, comentó.
DIPUTADOS HABRÍAN COMETIDO ILEGALIDAD
Por su parte, al coordinador del Centro de Asistencia Legal Anticorrupción de Acción Ciudadana, Eddie Cux, señaló que la ley de probidad prohíbe expresamente que los funcionarios o dignatarios reciban financiamiento a favor de un tema de su agenda, esto al ser consultado sobre la acción de los diputados Fernando Linares Beltranena, Jaime Regalado, Julio Lainfiesta y Óscar Quintanilla.
“Ellos no pueden recibir financiamiento de ninguna persona privada o particular, ellos tienen la figura de dignatarios públicos y entonces ellos no podrían realizar ese tipo de actividades ni financiamiento y podría existir la posibilidad que podría existir una ilegalidad”, explicó.
Esto ha sido confirmado por el diputado Linares Beltranena, quien ayer aseguró que la incidencia que querían lograr con un contrato de servicio de cabildeo ante la Casa Blanca y el Congreso de los Estados Unidos, es para lograr la libertad de algunos derechos vulnerados y para eliminar los controles que ahora existen en el país.
Cux señala que esto sería parte de un ataque sistemático en contra de la CICIG, pero que este no debería ser suficientemente fuerte debido a que el gobierno norteamericano ya ha expresado su postura a favor de la Comisión en el país.
Aunque advierte que estas incidencias y sobre todo las declaraciones de Linares en contra del actual embajador estadounidense, Todd Robinson, sí podrían tener repercusiones entre ambos gobiernos por una intención de injerencia.
Por su parte, el diputado Amílcar Pop, presidente de la Comisión de Probidad, indicó que a menos que el asunto sea “personalísimo” y que el diputado Linares Beltranena lo haga con la intención de recuperar su visa, que le fue revocada, estarían cometiendo un delito grave.
“Si el asunto es asunto de Estado en temas nacionales y el objetivo es incidir en ello puede haber delito grave en virtud de que el único responsable de la política exterior del país es el Presidente de la República y aquí habría usurpación de funciones y algún tipo de tensión con el gobierno norteamericano”, señaló.
Pop asegura que no sólo estarían usurpando funciones al buscar estos cabildeos sino que no estarían siendo transparentes en cuanto al financiamiento, y es el jefe de Estado, Jimmy Morales, quien debería hacer las denuncias contra los parlamentarios para que se investigue el caso y además desconocerlos.
LOS CONTRATOS
El 14 de abril del año en curso, ante el Foreign Agents Registration Act (FARA) del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, se presentó una solicitud firmada el 6 de abril por Marvin Mérida, en nombre del presidente Jimmy Morales, en la que se solicitaba un servicio de cabildeo ante la Casa Blanca y el Congreso de los Estados Unidos, cuyo monto de pago mensual sería de US$80 mil.
MORALES: NO SE GASTÓ NADA
El presidente Jimmy Morales dijo en relación al contrato firmado por Marvin Mérida, en el que figura su nombre y cargo de Presidente, que el excomisionado no tiene vínculos con el Gobierno y que no se ha hecho gasto alguno para temas de cabildeo.
“Con relación al señor Marvin Mérida, para ustedes es conocido que fue destituido por hacer acciones que estaban fuera de su mandato, el Estado no ha gastado ni gastará un centavo en temas de lobby”, dijo el mandatario al ser cuestionado hoy sobre el cabildeo.
Asimismo, indicó a manera de aclaración que “si alguien” hace contratos por este tipo de servicios, lo hace bajo su responsabilidad y esa persona a quien se debe pedir explicación.
