POR MARIELA CASTAÑÓN
mcastanon@lahora.com.gt
Robert Brenneman es sociólogo estadounidense y profesor de Sociología en la Universidad de Saint Michael’s College en Estados Unidos. Durante diez meses realizó una investigación sobre la seguridad privada en el país. Su metodología de trabajo consistió en realizar análisis, documentar e interpretar datos, entrevistar a guardias, empresarios, clientes, profesionales de diferentes áreas y representantes de la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada (Digessp).
El próximo 21 de junio, Brenneman presentará en la Universidad Rafael Landívar el coloquio filosófico “El costo de la protección: la seguridad privada en una sociedad de posguerra”, donde explicará detalles de los hallazgos en su estudio.
El profesional concedió una entrevista a La Hora y detalló que las empresas grandes podrían invertir en servicios de seguridad privada hasta 1.5 millones de dólares anuales, lo que representa un 8 por ciento de su presupuesto. Sin embargo, los negocios pequeños podrían destinar hasta el 25 por ciento de sus fondos para este propósito, lo que los convierte en los más afectados.
El sociólogo refirió que en Guatemala podría existir un promedio de 80 mil guardias privados, cantidad que rebasa el registro de 44 mil 889 que tiene la Digessp.
El entrevistado destacó la importancia de mantener el control sobre las armas de fuego, aplicar la Ley que Regula los Servicios de Seguridad Privada y sus Reglamentos, y concienciar a los clientes y prestadores de seguridad privada para que cumplan con las normativas vigentes.
La Hora: ¿Cuál es el diagnóstico que hace de la seguridad privada en el país?
Robert Brenneman: Mi diagnóstico es que ha crecido mucho en los últimos 20 años, después de la firma de los Acuerdos de Paz, no necesariamente por abandono completo del Estado, sino porque la seguridad es, como decimos en inglés: un gorila de 800 libras en Guatemala, que no se puede solventar con más policías ni con más cárceles. Es un problema que solo se puede tratar con el esfuerzo de muchos sectores, sí de la Policía Nacional Civil (PNC), pero también se debe fortalecer al Ministerio Público (MP), agilizar los procesos en el Organismo Judicial (OJ) y, más importante que eso, trabajar a favor de la diseminación de la oportunidad a más sectores de la población.
Yo diría que la seguridad privada es una herramienta –que se usa- para mientras, pero ese mientras se va extendiendo y tiene sus costos en términos económicos. Cada vez hay más inversión en la seguridad privada. El único estudio que yo he encontrado donde han llegado a un estimado del costo entero de la seguridad privada en Guatemala, fue uno patrocinado por la Organización de Naciones Unidas (ONU) en 2005, que llegó a US$ 470 millones anuales en ese año, estoy seguro que subió mucho.
Las compañías grandes –que comercializan cervezas, gaseosas o telefonía- invierten un montón en seguridad privada, pero todavía no es tan alta la proporción como la que invierte el pequeño productor o negociante.
Entrevisté a una señora que tiene un comedor y paga a cuatro trabajadores. Una de esas cuatro plazas es para seguridad, es decir que el 25 por ciento de sus gastos van para seguridad. Ella paga un salario digno.
L. H. ¿Cuánto es el salario que ella paga?
R. B. Q3 mil, me contó. El 25 por ciento de su presupuesto va para seguridad. –El guardia- pasa todo el día parado y no contribuye a la producción de esa empresa. Claro, la seguridad también abre oportunidades para el emprendedor, por ejemplo, uno de los servicios que ofrecen los restaurantes y los centros comerciales, es un espacio seguro.
L. H. ¿Se puede estimar cuánto invierten las grandes empresas anualmente para la seguridad privada?
R. B. No es muy fácil lograr que te cuenten, por lo menos yo no he tenido mucha suerte, excepto en el caso de un encargado de seguridad de bebidas gaseosas; dijo que para Guatemala gastaba US$ 1.5 millones anuales aproximadamente, eso, según él, representa el 8 por ciento de su presupuesto.
L. H. ¿Cuáles son los hallazgos de su estudio sobre la seguridad privada en Guatemala?
R. B. No les están pagando sus prestaciones legales a muchos guardias, sé eso porque he entrevistado a varios. Hay compañías que les pagan y los entrenan, pero hay muchos que todavía no los entrenan ni les pagan sus derechos legales. Si faltan un día por un tema de salud, les quitan el día –laboral-, porque tienen que pagar a quien los reemplazará.
Otro hallazgo, a mi juicio, -es que- la Digessp está haciendo el intento –de regular-, pero todavía no tiene los recursos y la capacidad para regular a una industria que ha crecido mucho y donde los dueños no están acostumbrados a ser regulados. La Ley –que Regula los Servicios de Seguridad Privada- fue un logro, la Dirección ha crecido en su capacidad y a mi juicio parece que sí tienen la intención de hacer bien su trabajo, pero todavía faltan recursos.
También hay muchos estimados de la cantidad de guardias en el país, varían desde 50 mil a 150 mil, no hay manera de contabilizar exactamente; en parte, porque hay mucha gente que entra y sale por temporadas. Pero a través de la base de datos de la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos –del Instituto Nacional de Estadística (INE)- logré sacar una estimación, que demuestra que hay mucho crecimiento en la cantidad de guardias, probablemente está entre 80 mil personas que trabajan en la seguridad privada, es una estadística conservadora, pero con un poco de base.
L. H. ¿Cómo obtuvo esa estimación?
R. B. En una de las bases de datos se puede ingresar, a través del INE, a la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos, la cual se hace tres veces al año. Es una muestra bastante grande, científica, donde llegan a una estimación de la cantidad de personas que están trabajando o buscando empleo.
Lo que hice, a sugerencia de un economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), es que –analicé- una variable, una pregunta, que –indica- cuál fue el último trabajo que realizaste la semana pasada, ¿en qué área? Hay 99 categorías, y dentro de esas categorías hay una que se llama servicios de protección. Otra pregunta indica: ¿en la última semana trabajó en el Gobierno, en el sector privado, en el campo o por su cuenta? Yo crucé esas dos variables. Los que contestaron que trabajan en servicios de protección y en el sector privado, dieron una categoría de seguridad privada, que siento bastante confiable. Esa categoría abarca a los que trabajan en la seguridad privada. –Usé- los factores de multiplicación para proyectar los 5 mil que hicieron la encuesta. Cada uno tiene un valor por dónde los entrevistaron y, a través de ese valor, llega esa estimación.
L. H. Esa estadística rebasa la cantidad registrada por Digessp ¿Qué le hace falta a Digessp para tener datos reales de cuántas personas integran la seguridad privada?
R. B. La misma Digessp admite que puede haber más guardias que no están registrados. Yo confío en esta estimación porque entrevisté a varios dueños de empresas privadas y les preguntaba siempre cuántos guardias trabajan en las empresas de seguridad. Una señora –empresaria- me dijo que tenía 180 guardias, yo consulté en Digessp, vi el registro de su compañía y tenía 19. Ahí me di cuenta de que había más personas –de las reportadas-. Ella misma también me contó que maneja un número más alto de guardias que van y vienen para poder reemplazar a los que se van, esos 180 no necesariamente podrían estar trabajando todos, sino que algunos probablemente están a la espera de entrar.
L. H. ¿Cuál fue la metodología que usó y cuánto tiempo le llevó realizar este estudio?
R. B. He estado trabajando durante diez meses y los métodos que usé son mixtos; el principal es entrevistas semi estructuradas con personas dentro y fuera de la industria de seguridad privada. Entrevisté a 14 guardias, a varios supervisores, a cuatro dueños de empresas de seguridad, a gente de Digessp y a quienes estudian el tema como el Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (Iepades), sociólogos, psicólogos, etc.
También hay una parte de etnografía, asistí a un taller de seguridad y a un congreso anual de la Cámara de Comercio Guatemalteco Americano (Amcham) que se llamaba la Nueva Seguridad.
Además, realicé conversaciones diarias con guardias de mi sector, con personas que estaban a cargo de los guardias y finalmente –realicé- entrevistas con consumidores de la seguridad privada, tanto con gente de negocios como de casas, personas que están en el Comité de Vecinos y de diferentes sectores de la ciudad. Hay una parte cuantitativa en donde aún estoy haciendo un análisis.
L. H. ¿Cómo evalúa la aplicación de la Ley que Regula los Servicios de Seguridad Privada?
R. B. Todavía queda mucho campo por conquistar, se ha hecho un esfuerzo, pero no se puede solo culpar a Digessp o a los dueños, hay que concientizar al ciudadano también, eso es difícil. Si los ciudadanos siguen creyendo que lo único que necesitan es que alguien se pare frente a su tienda con una escopeta para lograr un precio más barato, van a tener a cualquier compañía, que no está siguiendo el reglamento.
No es que quiera exonerar a los empresarios que no siguen la Ley, o a la Digessp, pero cuando entrevisté a –representantes- de Digessp en diciembre del año pasado, no tenían ni un solo carro, esa entidad no tiene autos, ¿cómo van a poder regular o hacer las auditorías a las compañías, cuando tienen que hacer una coperacha para abastecer los carros de gasolina? Todavía falta y ellos reconocen esto. Creo que la ley está teniendo impacto, pero falta bastante voluntad política para que la Dirección tenga los recursos que necesita para presionar a los empresarios.
L. H. ¿Cuáles son las debilidades y fortalezas que observa en la seguridad privada?
R. B. Una fortaleza o un hallazgo es que he conocido a gente que toma en serio su trabajo y que lo toma como una vocación y no están ahí para presumir su arma, especialmente a unos muchachos jóvenes que están estudiando seguridad y que conocen la ley. Hay una nueva generación que cree que la seguridad privada debe ser regulada.
En lugar de debilidad yo diría peligro; sería la gran cantidad de armas que se mueven dentro de esta industria. Incluso, una de las preocupaciones de Iepades y otros sectores, no es solo la gran cantidad de personas que trabajan en este campo, sino que la gran mayoría está armada y no es necesario que todos tengan armas. Y ahí otra vez creo que hay una especie de educación para los consumidores, no siempre es necesario que los guardias tengan una escopeta o un arma, porque los pone en peligro.
Podríamos decir que es una debilidad comparada con Sudamérica; por ejemplo, hay indicios de que va bajando la proporción que guardias que tienen armas de fuego, Guatemala debería seguir ese ejemplo. Aunque sé que una empresa en este país –de comida rápida- contrata a empresas con guardias que no tengan armas. Hay momentos en los que es necesario el arma y otros no. La percepción del ciudadano guatemalteco es que si alguien no está armado no puede proveer ninguna seguridad, pero no es cierto. Puede ser herencia o legado de la guerra, creer que sin armas no hay seguridad.
L. H. ¿Qué recomendaciones cree que debe tomar el Estado guatemalteco para atender el tema de la seguridad privada?
R. B. Uno es tomar en serio la gran deuda de la regulación de la seguridad privada. Otro es aumentar la presión y la capacidad de regular el movimiento y el registro de armas, incluyendo a las compañías de seguridad, se está haciendo, pero es muy difícil con el poco personal y recursos que tiene la Digessp.
La Digessp tiene que dejar esa parte a la Dirección General de Control de Armas y Municiones (Digecam), todavía no está muy claro quien toma el protagonismo de regular las armas de las empresas de seguridad. Tercero, hacer una campaña de educación al ciudadano. Yo creo que eso podría ser algo importante, que no pueden contratar a alguien que no tenga licencia para prestar el servicio. Algunos dicen tiene licencia para portar su arma, pero no, son dos cosas distintas. Yo todavía me encuentro con ciudadanos que no entienden eso, que no cualquiera puede prestar servicio de seguridad, debe tener respaldo de una compañía que tiene licencia con la Digessp.
También, tiene que haber una campaña de concientización a las personas, no todos los guardias necesitan llevar arma de fuego para prestar los servicios de seguridad privada, muchas veces lo que falta son ojos en la calle, eso es lo que necesitan y eso mismo provee la misma cantidad o si no más disuasivo, que un señor con escopeta.
L. H. ¿En su estudio pudo determinar si existe relación entre los militares o exmilitares y la seguridad privada?
R. B. Vinculación ilícita no pude documentar, no tengo cómo. Lo que sí es muy obvio y le puedo decir que la gran mayoría de dueños de empresas de seguridad son militares retirados, que todavía se mueven en el entorno de sus redes, con personas dentro de la seguridad estatal. Hay supervisores que cuando necesitan mucho personal para cierto lugar, llaman a los soldados que estaban bajo su mando durante el conflicto y llegan ahí para contratarlos, eso sí lo pude constatar, pero ya sabemos que la gran mayoría de dueños son exmilitares y que muchos de los guardias son exsoldados.
Perfil profesional
Robert Brenneman es profesor de Sociología en Saint Michael’s College en Colchester, Vermont, Estados Unidos.
También ha investigado temas sobre las nuevas formas de violencia en Centroamérica. Su libro, Homies and Hermanos: God and Gangs in Central America (Homies y Hermanos: Dios y las Pandillas en Centro América) examina la vida de 63 expandilleros; muchos se unieron a una congregación evangélica en su intento de alejarse de la violencia de las maras.
Brenneman llegó a Centro América en 1994, cuando era estudiante universitario. Volvió en 1997 para desempeñarse por seis años como promotor de estudios de intercambio. Actualmente investiga la seguridad privada en Guatemala, con el apoyo del programa Fulbright.
