Redacción La Hora
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Primero fue el Presidente de la República, a través del exembajador Marvin Mérida y tras ese fallido plan, cuatro diputados: Fernando Linares Beltranena, Oscar Quintanilla, Julio Lainfiesta y Jaime Regalado han prestado sus nombres para que algunos empresarios, (Linares Beltranena no especificó quienes), paguen un plan cuyo objetivo final es el cese de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
El 14 de abril del año en curso, ante el Foreign Agents Registration Act (FARA) del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, se presentó una solicitud firmada el 6 de abril por Marvin Mérida, en nombre del presidente Jimmy Morales, en virtud de la cual solicitaron un servicio de cabildeo ante la Casa Blanca y el Congreso de los Estados Unidos.
La firma contratada en Estados Unidos fue Barnes & Thornburg LLP, cuya sede principal está en Indianapolis, Estado de Indiana, misma que tiene una sucursal pequeña en Washington D.C.
Según consta en los reportes, al tenor del referido contrato, se llevó a cabo una gestión cuyo informe está pendiente y por ende no se puede establecer, a la fecha, en qué consistió la misma.
Pero 11 días después, el 25 de abril, el contrato quedó cancelado tras haberse revocado el nombramiento de Mérida como Embajador en el tema de migrantes. La carta y los documentos que salieron a luz hacían constar que el exembajador y amigo de Jimmy Morales se quejaba de la intromisión del embajador de los Estados Unidos, Todd Robinson.
El monto de pago mensual era de $80 mil y no queda claro cuál era la fuente de financiamiento. El Ejecutivo ahora dice que Mérida actuó sin autorización y por ende no revelan quién iba a pagar la cantidad mensual.
EL SEGUNDO CONTRATO
Tras quedar sin efecto el primer contrato, cuatro legisladores guatemaltecos prestaron sus nombres para que algunos empresarios del país pagaran por los mismos servicios de cabildeo que se habían quedado en el aire.
Es así como el FARA recibe, el 2 de junio del año en curso, la solicitud de Barnes & Thornburg LLP firmada por los diputados: Linares Beltranena, Quintanilla, Lainfiesta y Regalado, para llevar a cabo los mismos servicios detallados en el contrato firmado por Mérida.
El pago mensual es el mismo, es decir, $80 mil y según Linares Beltranena, fueron algunos empresarios guatemaltecos los que “pusieron el dinero”, pero no especificó quiénes y descartó que fuera el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), agregando que “la idea es que se hable de los problemas que hay en Guatemala y de la falta de libertad y de las intromisiones que se tienen del embajador (Robinson)”. Linares Beltranena aceptó ser un “intermediario” en la contratación de la firma de lobistas.
ROBINSON, UNA EXCUSA
Los creadores del plan han utilizado la excusa que las acciones van en contra del embajador de los Estados Unidos en Guatemala, Todd Robinson, pero una persona con conocimiento de los hechos y que pidió no ser citada por su nombre, manifestó: “lo de Robinson es la excusa. No hace sentido destinar tanto recurso contra él porque ya se va, la verdadera intención es hacer un cabildeo en contra de la CICIG y tratar que los recursos que Estados Unidos invierte en el ente internacional no sigan fluyendo. La Embajada no puede judicializar casos”, mencionó.
Además agregó: “Como no han tenido éxito en Naciones Unidas, pretenden ahogar financieramente a la CICIG, que se quede sin recursos y apoyos y así lograr que se retire de Guatemala. Hay alguien que está usando, primero a Mérida y ahora a los diputados, pues éstos le están ocultando la identidad a los verdaderos jefes, que son los que pagan. Básicamente, Mérida, Morales y los cuatro diputados son testaferros y ya el mismo Beltranena reconoció que algunos empresarios hacen los pagos y que él es un intermediario”.
En el pasado, Linares Beltranena ha sido un claro opositor al trabajo de la CICIG en Guatemala y fue quien lideró el esfuerzo por bloquear las reformas constitucionales.
