Por Joseline Ayala
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Las instalaciones de la Oficina Nacional contra la Tortura serán desalojadas el próximo 30 de junio cuando finalice el contrato de arrendamiento que provocará que los relatores y el personal se quede en la calle, por falta de la designación de los tres relatores faltantes, tema que ha incumplido el Congreso.
De acuerdo al relator, Carlos Solórzano, debido a la salida en marzo de tres de los cinco relatores y a la falta de disposición del pleno de votar para designar a los sustitutos, no se ha podido registrar una firma legal que pueda autorizar el pago de salarios, alquileres y de servicios, lo que también imposibilitó la ampliación del contrato de arrendamiento o de la logística para ocupar nuevas instalaciones.
Además, el año pasado el Congreso le recortó el presupuesto de 10 a 5 millones de quetzales a la Oficina, debido a acciones cuestionables y de gastos excesivos de salarios y dietas que denunció la diputada Nineth Montenegro.
La Comisión de Derechos Humanos del Congreso realizó el proceso de convocatoria, depuración y de presentación de las tres ternas para que el pleno realizara las designaciones a través de votación, y aunque el tema fue programado en más de tres ocasiones, los parlamentarios rompían quórum antes de abordar ese punto en la agenda, hasta que fue dejado fuera de la misma.
Montenegro denunció públicamente que el año pasado los cinco relatores contra la tortura devengaban un salario de 50 mil quetzales y cobraban dietas de hasta 36 mil, pero indicó que aunque esto se hizo modificando los manuales internos, sí es necesario atender urgentemente el asunto.
La diputada condicionó que la oficina podría recibir más recursos hasta que sea aprobada en su redacción final la reforma al Sistema Nacional de Prevención contra la Tortura, que se quedó en su tercer debate en el pleno.
