Por Joseline Ayala
jayala@lahora.com.gt
El presidente de la Comisión de Probidad y Transparencia del Congreso, Amílcar Pop, aseguró que la intención del Ejecutivo de reformar la Ley de Compras y Contrataciones no es solo peligrosa sino que buscaría intereses particulares, aunque sí aceptó que de forma consensuada la misma necesita reemplazarse.
El diputado asegura que aunque sí es necesario actualizar las medidas que ya se aplican en el país, se debe hacer a través de la armonización legal por las disposiciones dispersas existentes, la modernización de la institucionalidad del estado para sus contrataciones y la sectorización del Estado para disposiciones específicas.
“A nosotros nos preocupan los mecanismos de transparencia y son esos mismos los que ahora el Ejecutivo tiene como argumento para pedir reformas a la ley. En principio me parece arriesgado simplemente abrir la posibilidad de pagar deudas sin mecanismos de control y peor aún aumentar la compra directa que genera grandes mecanismos de corrupción”, explicó Pop.
Debido a la naturaleza de cada cartera, el diputado sí apoya disposiciones específicas, pero rechaza rotundamente que la justificación para cambiar la ley sea la baja ejecución presupuestaria, específicamente de las municipalidades.
Además, denunció que la ejecución presupuestaria ha alcanzado únicamente un 30% a finales de mayo, por lo que interpreta esa baja ejecución como una opacidad y contención del gasto que desconoce si ha sido simulada o con intención para presionar que se retiren los candados para cumplir con la erogación de fondos asignados.
“Yo creo que el Ejecutivo tiene presiones, recordemos que llegó a grandes acuerdos de gobernabilidad con los alcaldes y por supuesto que siempre un funcionario público buscará menores mecanismos de control y siempre mayor facilidad en la ejecución”, dijo el congresista.
El Presidente de la Comisión de Probidad asegura que antes que una propuesta del ejecutivo sea promovida, la Comisión ha instalado una mesa técnica de discusión para analizar los retos reales de la formulación de mecanismos actualizados de transparencia.
LEY PARCHADA
El subcontralor, César Elías, confirmó que la postura de la Contraloría se orienta a separar los controles generales de los que deberían aplicarse al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social debido a la necesidad de comprar medicamentos, pero también calificó la ley actual como parchada por lo que sí considera que se formule una nueva propuesta.
“Tenemos un enfoque de control, pero hemos podido observar que las unidades ejecutoras se enfrentan con varios problemas, como es el tema del sector Salud, no debemos olvidar que la ley originalmente fue creada con una visión para regular la contratación de obra pública y ahora se debe aplicar a todo, lo cual no es correcto”, declaró Elías.
