POR JOSÉ DEL ÁGUILA
jaguila@lahora.com.gt
Aura Marina López, jefa de la fiscalía a cargo de perseguir penalmente a quienes transgredan los derechos ambientales, advierte que cada año las denuncias por delitos ambientales van en aumento, sin que la sección que dirige tenga la capacidad para atender adecuadamente cada una.
Para impedir que los delitos contra el ambiente queden impunes, la fiscal se enfrenta a un reto monumental, explica, y es demostrar ante jueces sin conciencia ambiental que el dañar los recursos naturales es un delito grave que merece ser sancionado en esa misma medida.
“Matar recursos naturales es matar seres humanos; sin recursos naturales no tenemos vida”, dice López, para explicar la importancia de aplicar la justicia ambiental.
Aunado a ello, existe un segundo reto, que se vincula con el poco recurso humano para llevar a cabo las investigaciones. Por ejemplo, para atender las denuncias a nivel nacional, la Fiscalía solo cuenta con 19 auxiliares fiscales, dice López.
La jefa de la Fiscalía de Delitos contra el Ambiente no es una funcionaria que tienda a figurar en medios de comunicación. No obstante, esta vez aceptó una entrevista con La Hora con el fin de ilustrar los obstáculos de la justicia ambiental. Eso sí, no sin antes manifestar su temor por la manipulación indeliberada de la información que realizan a menudo los medios de comunicación.
¿A qué obstáculos se enfrenta la fiscalía para perseguir delitos contra el ambiente?
Hay varios factores. Entre ellos estaría la falta de recurso humano, no solo de la Fiscalía de Delitos contra el Ambiente como tal, sino la misma situación atraviesan otras instituciones que dan el apoyo para la ejecución de las labores. Diprona (División de Protección a la Naturaleza), por ejemplo, carece de vehículos y de personal que cubra todas las inspecciones que les pedimos. El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, por ejemplo, no tiene suficientes técnicos asignados al área de recursos hídricos. El Ministerio de Salud, de cierta manera, tiene una limitación sobre el análisis de las muestras de agua residuales que se le envían para análisis.
En cuanto a la fiscalía, como tal, nos hace falta personal para poder ser más eficientes. Tenemos únicamente 10 auxiliares fiscales en la sede central, que somos los que atendemos las denuncias y toda la demanda que hay de atención de combate a estos delitos.
Con la educación de denuncia que se fomentó, se considera la necesidad de la creación de agencias fiscales por región; por lo menos que hubiera una sede en cada región, así como la tienen Petén, Cobán e Izabal. En la –agencia– central solo poseemos dos pilotos para verificar todo el país, a excepción de estas tres regiones. Lo que hacemos es apoyarnos con fiscalías distritales o municipales para poder trabajar.
La fiscalía prevé este año un aumento de denuncias por delitos ambientales, ¿está en capacidad para investigarlas todas?
Sí se atienden todas –las denuncias–, pero decir que vamos a lograr concluir la investigación de todas es humanamente imposible por la distancia en las que hay que hacer la investigación de campo. Hay que desplazarse y cada desplazamiento al interior implica, como mínimo, un día en ir y venir, cuando son lugares no tan lejanos. Y no es solo llegar al área central de los departamentos, sino todavía hay que desplazarse, porque nuestro trabajo se refleja, más que todo, en áreas de bosques, en los que, incluso, no hay acceso de vehículos, sino hay que entrar por veredas, caminando hasta 3 o 4 horas.
¿Las penalizaciones establecidas en la ley contra delitos ambientes son coherentes, en relación a la gravedad de los daños que se provocan?
Las penas son muy leves para el gran daño que se causa a los derechos ambientales. Se ha tratado también de quitar aquellas lagunas legales que no permiten la aplicación de las leyes y que son las que dan pie a que se queden impunes algunos delitos.
Esto se ha hecho con una propuesta de ley que impulsó el diputado Marcos Yax. –Pero–, a la vez que estábamos trabajando estos temas, había otras personas que llegaron al extremo de trabajar un proyecto –de ley– de despenalización de delitos ambientales. Entonces, hay fuerzas externas que luchan porque no se den estas reformas.
¿De qué se tratan estas “lagunas legales”?
Por ejemplo, –en un caso determinado– una norma nos dice que podemos aplicar la Ley de Áreas Protegidas. El nombre –de la ley– dice, nada más, “áreas protegidas”, pero realmente es para especies protegidas también, y cuando uno trata de trabajarlo así le sale la defensa –de los sindicados de cometer delitos contra el ambiente– o el criterio del juez de que si no –se están tratando– áreas protegidas, aunque la especie sea protegida, no se aplica esta norma, en algunos juzgados.
Otra situación podría ser el hecho de que el juez de paz, utilizando las lagunas legales que existen en las normas, tipifican como faltas y sancionan con multa nada más algunos hechos que son constitutivos de delitos, pero que la ley permite que ellos –los jueces–, extensivamente, hagan una interpretación distinta a la norma. Entonces le aplican lo más benévolo, lo sancionan con multa y se terminó el caso. Entonces le facilitan al delincuente el poder liberarse de una sanción penal.
¿Se podría decir, entonces, que existe incapacidad por parte de los jueces para juzgar delitos contra el ambiente?
No, es falta de conciencia ambiental.
¿Cómo se define esta conciencia ambiental?
La conciencia ambiental, para mí, es estar sensibilizado de lo que significan los recursos naturales y la falta que ellos implicarían en la vida humana. Sin recursos naturales no tenemos vida, somos un complemento. Se necesita que ellos –los jueces– tengan la sensibilidad de reconocer que, si usted tala un árbol, por ejemplo, está restando el oxígeno a tantas personas. Desde primaria le enseñan a uno que los árboles se alimentan del dióxido de carbono que los humanos exhalamos y –a cambio– nos devuelven oxígeno. Son un complemento de nuestra vida, son la fuente de recargas hídricas en las áreas en donde estén, porque gracias a que hay bosques, hay recargas hídricas y, por tanto, tenemos agua.
No se está pidiendo que se sancione a alguien que no lo merezca, sino que se cree esa conciencia ambiental para que todos apliquemos nuestra labor como tenemos que hacerlo, tapándonos los ojos de a quién estamos sancionando para aplicar la norma como corresponde.
¿Cuáles son las consecuencias de que exista esta falta de conciencia ambiental por parte de autoridades de justicia?
Impunidad. La mala aplicación de la ley que, al final, se aplican normas que no son las correctas para aquellas personas a quienes se quiera beneficiar.
¿Dónde se ve reflejada la impunidad?
En la mayoría de casos, no digo que en todos, tiene que ver con la tala ilegal. A nosotros nos suspenden muchas audiencias en los juzgados. Por ejemplo, tenemos una audiencia en Totonicapán o en Quetzaltenango, –entonces– se llega a la audiencia desde acá y cuando llegamos resulta que se suspende porque hay otras audiencias que, a criterio de ellos –de los jueces–, son más importantes y suspenden la nuestra y la trasladan para otra fecha. Eso implica tiempo y recursos. No hay manera que un día antes, por lo menos, nos avisen que se suspendió –la audiencia–.
Con la creación de un juzgado especializado en temas ambientales en Petén, ¿se ha fortalecido la justicia ambiental?
Totalmente. Me atrevo a decirle que era un caos trabajar delitos ambientales en Petén y ahora es distinto. La ley se aplica de forma más objetiva y esa persona –la jueza a cargo del Juzgado– tiene una maestría en derecho ambiental, conoce el tema y tiene conciencia de los daños –al ambiente–. La justicia debe ser ciega y aplicarla de acuerdo al daño que se cause.
¿Por qué los delitos ambientales se califican como delitos de lesa humanidad?
En primer lugar, porque están constitucionalmente protegidos. Si usted ve la Constitución, uno de los primeros parámetros es la protección al medio ambiente. Segundo, porque se atenta en contra de la vida de los humanos. Matar recursos naturales es matar seres humanos. Esa es la base fundamental para que pueda decirle esto.
¿Hay voluntad por parte del Estado para fortalecer la justicia ambiental?
El apoyo que se ha necesitado de las instituciones lo hemos tenido. Pero como Estado, no miro ningún proyecto –destinado a fortalecer la justicia ambiental–. Tendrían que existir proyectos de trabajo, de reforestación o de depuración de áreas o de lugares contaminados.
“Sí se atienden todas –las denuncias–, pero decir que vamos a lograr concluir la investigación de todas es humanamente imposible.”
“Se necesita que ellos –los jueces– tengan la sensibilidad de reconocer que, si usted tala un árbol, por ejemplo, está restando el oxígeno a tantas personas.”
“El apoyo que se ha necesitado de las instituciones lo hemos tenido. Pero como Estado, no miro ningún proyecto –destinado a fortalecer la justicia ambiental–.”
