Por Denis Aguilar
daguilar@lahora.com.gt
La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) dijo a “La Hora” que el gobierno guatemalteco aún no ha ayudado a las familias que fueron desalojadas en Laguna Larga, Petén y considera que se violaron sus derechos humanos; el desalojo se ejecutó el pasado 2 de junio y afectó a unas 500 personas según fuentes de la Policía.
Giovanni Guzmán, subdirector de mediación de la PDH en los desalojos, dijo que las personas afectadas se encuentran actualmente en la frontera con México, y que han recibido apoyo de parte del vecino país del norte.
“Tenemos conocimiento que del gobierno de Guatemala no han recibido ningún apoyo”, dijo Guzmán, quien agregó que el gobierno de Jimmy Morales es el responsable de darle apoyo a las familias y para eso se debe crear una comisión de alto nivel para que visiten inmediatamente a las personas desalojadas.
“Hemos planteado que no es tema de ayuda humanitaria, es su obligación de ir a ver cómo están, de garantizarles derechos mínimos como el de alimentación, salud y la educación”, dijo Guzmán.
Según el Subdirector de mediación, los habitantes de esas comunidades vivían en condiciones de pobreza. Agregó que los niños también fueron afectados ya que había dos escuelas en el área.
“Ellos tenían dos escuelas ahí (…) todo el tema de niños que estaban estudiando es una situación de derechos que se les debe restituir”, dijo el entrevistado.
La PDH considera como urgente que el gobierno de Guatemala se acerque a las familias para que los derechos de estas personas no sigan siendo violentados.
HAN INTENTADO DIALOGAR
Por su parte la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos (Copredeh) indicó que se ha intentado dialogar de manera institucional con los habitantes de esas comunidades, pero que los resultados han sido infructuosos.
Al cuestionarles sobre si el gobierno central ha enviado algún tipo de apoyo para estas personas, representantes de Copredeh dijeron que no podían responder a esa pregunta debido a que no tenían detalles.
Las diligencias judiciales fueron realizadas el pasado 2 de junio en Laguna Larga, dentro de la zona de usos múltiples de la Reserva de la Biósfera Maya, en San Andrés Petén, tras una solicitud del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) y de la fiscalía departamental, por lo que posteriormente el Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal de Medio Ambiente de Petén ordenó el desalojo judicial.
