Por Joseline Ayala
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El pasado 9 de marzo la Corte de Constitucionalidad (CC) emitió un amparo provisional suspendiendo la designación de Calixto Monzón y Elvia Álvarez como representantes del Legislativo ante el directorio del Registro Nacional de las Personas (Renap). A pesar de ello, tanto el titular y la suplente asistieron a las sesiones que se realizaban de forma ilegal por dos meses.
Eso hasta que el departamento legal del Congreso envió un dictamen al Renap en el que sugería que los dos representantes cesaran del cargo, algo que hicieron dos meses más tarde de haberse emitido el amparo, que además mandaba al Legislativo a que comenzara un nuevo proceso de elección en un plazo de 48 horas a partir de la notificación.
Durante ese tiempo, la directora interina del Renap, Brenda Gramajo, confirmó que ellos cobraron los 3 mil quetzales de dietas que la ley les otorga por cada una de las ocho sesiones que realiza el directorio.
«Ya no están asistiendo, hace aproximadamente 15 días el Congreso nos mandó un dictamen legal en donde nos indicaban sobre el tema diciendo en donde posiblemente se estaría incurriendo en algún delito que estas personas siguieran asistiendo al directorio», confirmó Gramajo.
La directora interina aseguró que el viernes 26 de mayo las dos personas le indicaron al directorio, a través de una carta, que abandonaban el cargo derivado del dictamen que analizaron.
«A partir de la sesión número 42, ellos ya no forman parte del directorio por decisión individual indicando que ellos lo hacían de forma personal y que se quedaban a la espera de las resoluciones correspondientes para entrar en obediencia en atención a lo que indique la CC», explicó.
Agrega que la institución ha insistido tanto en la CC como en el Congreso para que les indiquen cómo proceder y derivado de eso la Corte les aseguró que la designación de los nuevos delegados continúa siendo tarea del Legislativo, por lo que han solicitado en varias ocasiones que apresuren el proceso.
ASISTIERON A 24 SESIONES
Monzón y Álvarez asistieron a un total de 24 sesiones fuera de la legalidad del nombramiento y por eso cobraron un total de 72 mil quetzales en dietas cada uno y 144 mil quetzales en conjunto, que aún no se determina si deberán devolver.
Además, las decisiones y los votos que emitieron durante esos dos meses podrían ser evaluados debido a que la CC ordenó que tanto ellos como el proceso realizado no cumplían con los requerimientos de legalidad que debía cumplir el proceso.
Los dos designados fueron juramentados el pasado 9 de febrero, por lo que únicamente estuvieron dentro de la legalidad del cargo un mes.
