POR JOSÉ DEL ÁGUILA
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Un año ha transcurrido desde que el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) develaran una supuesta estructura criminal, liderada por el exbinomio presidencial conformado por Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, que asumió al poder para beneficiar a sus líderes. Sin embargo, recursos interpuestos y la incapacidad de los órganos jurisdiccionales para solventarlos han impedido avances en el caso.
Al ser consultado sobre los atrasos, el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, señala que uno de los factores que retrasa este tipo de procesos es la sobrecarga laboral en los juzgados de Mayor Riesgo y la falta de personal.
«-Una solución es- que se apoye a los Juzgados de Mayor Riesgo con la asignación de más personal; eso evitaría el tema de la imposibilidad material, que es la razón por la cual muchas veces no se cumple con los plazos», dice el Fiscal.
Y agrega que «no se puede evitar que las partes interpongan recursos, pero en la medida en que se descongestionen los tribunales se van a solventar de manera más rápido los procesos».
Sandoval dice que existen apelaciones que se plantearon desde agosto de 2016 en contra de algunas faltas de mérito que decretó el juez de Mayor Riesgo «B», Miguel Ángel Gálvez, pero que hasta la fecha no han sido resueltas.
«Nosotros apelamos faltas de mérito y resulta que no hemos tenido respuesta. Esas fueron planteadas en agosto del año pasado y estamos en junio de 2017, diez meses después -sin que se resuelvan», explica el fiscal.
David Pineda, abogado en casos de mayor riesgo, señala que es un derecho legítimo, tanto del Ministerio Público como de la defensa, interponer recursos legales contra resoluciones, pero la responsabilidad de resolverlos con tiempo recae en el Organismo Judicial.
«En el ejercicio de los derechos, tan legítimo es el MP para interponer recursos, como legítimo es el ejercicio de sus derechos de parte de la defensa», afirma.
ACUSACIÓN
El MP acusa a 46 personas de conformar una estructura criminal, liderada por exbinomio presidencial, que «cooptó» las instituciones del Estado para lavar cifras millonarias de dinero y así obtener beneficios ilícitos.
Para llegar al poder, el Partido Patriota (PP) obtuvo financiamiento ilícito por parte de medios de comunicación y demás empresas. Posteriormente, dichas entidades fueron beneficiadas con la adjudicación de contratos multimillonarios por parte del Estado.
La Fiscalía asegura contar con la declaración testimonial de 95 personas, entre quienes se encuentra el exsecretario privado de la vicepresidencia, Juan Carlos Monzón, y de Salvador Estuardo González Álvarez, alias Eco.
