POR JOSÉ DEL ÁGUILA
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El Ministerio Público (MP) apeló la resolución de la jueza Sexto de Primera Instancia Penal, Silvia de León, en la que se ordenó cesar los cargos en contra de Samuel Everardo Morales Cabrera por el delito de lavado de dinero u otros activos, en el Caso Botín Registro de la Propiedad.
Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), informó que la impugnación se realizó por medio de un recurso de apelación, en donde se solicita a una sala de apelaciones que anule la resolución que favoreció a Morales Cabrera.
Dicha apelación también reprocha el desistimiento que decretó la jueza por el mismo delito a favor del sindicado Mario Orellana López.
Sandoval dijo que “se causa agravio con la resolución emitida por la juzgadora, porque la Fiscalía considera que existen elementos de probabilidad de que estas personas –Morales Cabrera y Orellana López– hayan incurrido en el delito de lavado de dinero u otros activos”.
El jefe de la FECI asegura que ambos procesados, con pleno conocimiento, realizaron operaciones financieras con dinero de procedencia ilícita.
“Con conocimiento de que un dinero, por muy grande o muy pequeño que sea, proviene de una actividad ilícita y que –además– con ese –dinero– se realizan operaciones financieras, se cumplen los ciclos de lavado de dinero”, afirmó Sandoval.
El pasado 18 de enero, la jueza Silvia de León envió a juicio a Morales Cabrera y a José Manuel Morales Marroquín (hijo del presidente Jimmy Morales) únicamente por el delito de fraude.
Asimismo, la extitular del Registro General de la Propiedad, Anabella de León, fue enviada a juicio por sustracción en forma continuada.
CASO
Según la Fiscalía, durante la administración de De León, se realizaron tres eventos fraudulentos por medio de los cuales se defraudaron las finanzas del Registro General de la Propiedad (RGP).
En uno de los eventos se pretendía adjudicar el servicio de alimentación para 40 personas por tres días, en los cuales se elaboraría el Plan Operativo Anual del (RGP), para ello, se adjudicó un contrato de Q89 mil 975 a favor de Plus Espectáculos y Promociones, pero el servicio nunca se prestó. El representante de dicha empresa era Morales Cabrera.
En otro evento, el RGP le adjudicó a la misma empresa un contrato para proveer de 564 canastas navideñas y, aunque las mismas sí se entregaron, fueron elaboradas por Abdy Sucelly Estrada.
Según las pesquisas, Morales Marroquín sostenía una relación con la hija de Estrada, y gestionó con su tío, Morales Cabrera, documentación falsa para la adjudicación del servicio.
