POR JOSÉ DEL ÁGUILA
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Hoy se cumplen 24 años desde que el expresidente Serrano Elías disolviera el Congreso de la República y destituyera a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. En los tribunales, su abogado defensor busca que cesen las investigaciones y que se anule la orden de captura en contra de su cliente.
El Ministerio Público busca que Elías enfrente un proceso penal por 15 delitos, entre los cuales se encuentran: violación a la Constitución, rebelión, abuso de autoridad, abandono del cargo, usurpación de funciones, encubrimiento propio, peculado, malversación, usurpación de atribuciones, entre otros.
Melvin Medina, jefe de la Fiscalía de Delitos Administrativos, explicó que, debido a que el expresidente se encuentra asilado en Panamá, no es posible iniciar un proceso en su contra.
El fiscal dijo que, a lo largo de estos 24 años, se han presentado dos solicitudes de extradición, pero el sindicado aún no ha sido trasladado al territorio nacional.
LA ESTRATEGIA DE LA DEFENSA
Hiram Sosa, abogado defensor del exmandatario, aseguró que se presentó un incidente legal denominado “ultractividad de la ley penal”, mediante el cual se busca que su cliente sea juzgado con el Código Procesal Penal anterior, el que estaba vigente el 25 de mayo de 1993.
Según Sosa, en el código anterior, se establece que, antes de abrir una investigación penal contra el expresidente, el Ministerio Público debía iniciar un proceso de antejuicio.
Sin embargo, debido a que las diligencias de antejuicio no fueron practicadas por el Ministerio Público en su momento, automáticamente quedaría sin efecto la orden de captura contra Serrano Elías, explica Sosa.
“Al no haberse cumplido por parte del Ministerio Público en el diligenciamiento de esos antejuicios, entonces queda sin efecto lo actuado y, como consecuencia, queda sin efecto la orden de captura”, dijo el abogado.
El abogado agregó que, además, se deberían anular las investigaciones en contra de su defendido, “dejando sin efecto la orden de captura y que él pueda regresar a Guatemala tranquilamente”.
“Lo que se persigue es que se declare la nulidad de lo actuado por no haberse seguido diligencias de antejuicio y que se aplique la prescripción, dejando sin efecto la orden de captura y que él pueda regresar a Guatemala, tranquilamente”.
PROCESO SE RETRASA
El proceso se entrampó debido a que la jueza que originalmente conocía el proceso, Judith Secaida, titular del Juzgado Quinto de Primera Instancia, presentó una excusa para separarse del caso. La togada argumentó el sindicado ha hecho diversos señalamientos en su contra y que además la denunció penalmente.
La excusa fue aceptada por la Sala Tercera de Apelaciones y, en consecuencia, se nombró al Juzgado Sexto de Primera Instancia Penal, Silvia de León, para que llevara el caso.
