POR MARIELA CASTAÑÓN
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De acuerdo con la Dirección General de la Policía Nacional Civil (PNC), tras la refundación de esa institución, en diciembre de 1996, un promedio de 600 policías han enfrentado un proceso legal por usar su arma o la fuerza en enfrentamientos, en los que supuestamente existía una amenaza en contra de su vida o de la ciudadanía. Este tema ha cobrado relevancia en las últimas semanas, debido a que algunos diputados y autoridades de la PNC buscan reformar dos artículos del Código Penal para que los policías no sean detenidos por responder en un enfrentamiento armado y no esperen a que delincuentes los asesinen.
Policías entrevistados por La Hora admiten que temen disparar en contra de delincuentes en enfrentamientos armados, debido a que regularmente se les abre un proceso legal, que en ocasiones termina en cárcel.
A pesar de que, tras la refundación de la Policía, 600 policías han enfrentado un proceso legal por usar su arma o la fuerza contra presuntos sindicados, antes no existía apoyo legal para estas personas; fue hasta en septiembre de 2015, cuando se implementó una Defensoría Técnica, la cual cuenta con 27 abogados que están en cada comisaría y que asiste a los agentes y oficiales cuando se ven involucrados en una situación de esta índole.
Por otro lado, los policías lamentan que cuando son detenidos en cumplimiento de sus funciones, dejan de percibir su salario y por tanto no pueden apoyar económicamente a sus familias.
Antes de la existencia de la Defensoría Técnica, únicamente había una asesoría jurídica; los agentes debían pagar de su propio dinero por esos servicios profesionales.
A criterio de representantes de la sociedad civil, las modificaciones de dos artículos del Código Penal deben ser muy bien analizadas, para evitar un abuso de autoridad. Además, los entrevistados refieren que sería mejor fortalecer el apoyo legal para los policías, pues históricamente se conoce que han quedado sin ningún soporte cuando han sido detenidos por cumplir con sus funciones.
LA PROPUESTA
En las últimas semanas el diputado Marcos Yax y las autoridades de la PNC se han reunido para promover reformas a los artículos 24 y 408 del Código Penal, que están relacionados con la legítima defensa y las sanciones para quienes atenten en contra de policías y otros funcionarios. (Lea el recuadro Los artículos y las reformas).
De acuerdo con Yax, lo que buscan es otorgar herramientas a la PNC para que los policías puedan sacar su arma antes de que sean atacados y “ofrenden su vida”, por resguardar la seguridad y la vida.
“Esto lleva tres aspectos fundamentales: que el artículo 24 –del Código Penal- ya lo asigna, pero yo estoy –proponiendo- que se exima de responsabilidad penal al funcionario o empleado de la PNC que en el estricto cumplimiento de sus funciones haga uso de su arma de fuego. La otra esencia es el artículo 408, que da las facultades para asignar la pena máxima de uno o tres años cuando alguien atente contra la Policía o un dignatario del país. En la reforma le estoy colocando de 12 a 20 años. Y la esencia de la iniciativa es incrementar el salario a los policías”, dice Yax.
En el caso de la dignificación, busca aumentar Q1 mil 500 a cada Policía. Los recursos económicos saldrían del incremento de impuestos por ingresar y salir del país por las diferentes vías.
“Guatemala le cobra US$30 de uso de aeropuerto, uso de instalaciones, saca un rubro económico para resguardar la seguridad de los turistas. A eso le vamos a sumar US$20. Hay una institución que se llama Asociación del Transporte Aéreo Internacional (IATA por sus siglas en inglés) que se encarga de recopilar ese dinero en todas las aerolíneas que vienen a Guatemala, que automáticamente cuando usted compra un boleto, le dicen: vale US$520, más los US$30 de impuestos son US$550. La gente no lo siente porque inmediatamente se lo colocan, ellos son los encargados de recopilar ese impuesto”, explica el diputado.
Según el entrevistado, las reformas han sido socializadas con algunos congresistas, quienes están de acuerdo con las propuestas. En agosto, tras el receso legislativo, presentarán los cambios ante el Pleno del Congreso y, de ser necesario, buscarán la forma de que el proyecto pase de urgencia nacional.
Por otro lado, Yax detalló que también se reunirán con la Comisionada para la Reforma Policial, Adela de Torrebiarte, para discutir la nueva Ley de la PNC.
DEBEN ANALIZARSE
Representantes de la sociedad civil consideran que se debe analizar lo que se está proponiendo, para evitar que exista abuso de autoridad.
Verónica Godoy, directora de la Instancia de Monitoreo y Apoyo a la Seguridad Pública (Imasp), opina que se debe hacer un análisis minucioso de la propuesta, en tanto, lo que se debe fortalecer es el número de abogados que deben defender a los policías.
“Es cierto que ha habido muchas injusticias dentro de la Policía, pero tampoco se puede ir al otro lado, que se puede disparar o herir a alguna persona sin que exista una fiscalización legal o consecuencia legal. No podemos quitar todos los controles y dejar que la Policía dispare libremente, porque recordemos que siempre se debe garantizar los derechos humanos de las personas y se debe llevar a cabo con el cumplimiento de la Ley, porque así como hay buenos policías, también hay malos”, refiere Godoy.
La entrevistada agrega que debe existir un análisis minucioso de lo que se propone y fortalecer el apoyo legal.
“A mí me parece que un tipo de reformas así deberían discutirse y ver en el contexto en que lo están planteando, porque tampoco se puede tomar a la ligera y dejarlo a la discreción, porque eso no resuelve un problema. Habría que dar mejor apoyo legal a los policías de parte de abogados que los puedan defender y dar seguimiento a los casos. Muchas veces los acompañan en las primeras gestiones y luego los dejan solos”, reitera.
Por otro lado, Sandino Asturias, del Centro de Estudios de Guatemala (CEG), considera que esta propuesta promovida desde el Congreso responde a una lógica de “populismo penal”, porque es pretender tomar medidas que vulneren derechos fundamentales, como ha sucedido con la pena de muerte, la encarcelación de menores o incrementar penas, sin embargo, eso no funciona.
“El Código Penal guatemalteco es el mejor ejemplo de que hemos estado encareciendo penas –en el caso de incrementar años a quien atente contra policías o dignatarios- pero la violencia sigue igual, no es un disuasivo aumentar la pena. Lo segundo, sobre el comportamiento de las fuerzas de seguridad en el uso de su arma, la acción que debe hacerse es preparar, entrenar y tener protocolos para que el uso de la fuerza sea legítima”, dice Asturias.
“NO PEDIMOS LICENCIA PARA MATAR, SINO CERTEZA PARA ACTUAR”
Nery Ramos, director de la PNC, fue consultado sobre las reformas propuestas; indicó que desde hace algún tiempo trabajan en una nueva Ley de la PNC donde se aborda la carrera policial, la organización, los incentivos, competencias, regímenes disciplinarios y económicos. En tanto, se buscó un cabildeo en el Congreso para atender el tema penal y procesal penal, el cual no podían incluir en la normativa policial.
“Lo que buscamos es que el policía no tenga la cárcel o el cementerio. La cárcel porque al momento de actuar con toda la legitimidad del caso, con la fuerza proporcional, con la neutralización de una amenaza a la vida de un ciudadano o del propio agente, el criterio era que se fuera a la cárcel. Ante esa incertidumbre, el policía, permitía dejarse asesinar, en muchos casos que nosotros vimos, esa falta de decisión, de determinación, al momento de neutralizar a un criminal, lo que provocaba era la muerte”, dice Ramos.
El Director refiere que existen muchos ejemplos de policías que están detenidos o han enfrentado un proceso legal por disparar contra un presunto sindicado. En tanto, otros han muerto por la duda y el temor de usar su arma debido a que podrían ser detenidos.
El jefe policial dice que pretenden tener una PNC fortalecida, que actúe con determinación para defender a los ciudadanos; en ningún momento buscan una licencia para matar. Ese es el mensaje en respuesta a los cuestionamientos de la sociedad civil.
“Para la duda de las personas que pueden existir abusos, les digo que no estamos pidiendo licencia para matar, estamos pidiendo certeza para actuar. Si existe alguna duda del actuar del policía, serán los procesos de investigación los que nos permitan determinar eso, las circunstancias en las que tuvo que actuar, el daño que evitó el policía y para eso es la investigación criminal, y se podrá determinar todas esas circunstancias sobre sí hubo o no abuso”, explica Ramos.
El Director agrega: “No queremos inmunidad, queremos certeza jurídica, queremos que el policía no tenga dos opciones: ir a la cárcel o ir al cementerio, que tenga una tercera opción, que es una presunción legal a su favor, que luego podrá ser revertida por un proceso legal si actuó mal o abusó de esa fuerza”, refiere.
El entrevistado concluye que actualmente promueven procesos de formación que se enfocan en el respeto a los derechos humanos, a la vida, a la integridad física, en el respeto a los derechos y libertades de los ciudadanos: “Tenemos a la Policía más respetuosa de los derechos humanos, quizá del continente, policías que se enfrentan con criminales armados con fusiles AK-47 y es tanto el respeto a la vida que buscan la forma de no neutralizarlos, sino de desarmarlos”, reitera.
Los artículos y las reformas
De acuerdo con el diputado Marcos Yax, estos son los artículos del Código Penal, que buscan reformar:
Artículo 24: Son causas de justificación
Legítima Defensa.
1º. Quien obra en defensa de su persona, bienes o derechos, o en defensa de la persona, bienes o derechos de otra, siempre que concurran las circunstancias siguientes:
a) Agresión legítima
b) Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla
c) Falta de provocación suficiente por parte del defensor. Se entenderá que concurran estas tres circunstancias respecto de aquel que rechaza al que pretenda entrar o haya entrado en morada ajena o en sus dependencias, si su actitud denota la inminencia de un peligro para la vida, bienes o derechos de los moradores. El requisito previsto en el literal c) no es necesario cuando se trata de la defensa de sus parientes dentro de los grados de la ley, de su cónyuge o concubinario, de sus padres o hijos adoptivos, siempre que el defensor no haya tomado parte en la provocación.
Estado de necesidad
2º. Quien haya cometido un hecho obligado por la necesidad de salvarse o de salvar a otros de un peligro, no causado por él voluntariamente, ni evitable de otra manera, siempre que el hecho sea en proporción al peligro. Esta exención se extiende al que causare daño en el patrimonio ajeno, si concurrieren las condiciones siguientes:
a) Realidad del mal que se trate de evitar
b) Que el mal sea mayor que el que se causa para evitarlo
c) Que no haya otro medio practicable y menos perjudicial para impedirlo. No puede alegar estado de necesidad, quien tenía el deber legal de afrontar el peligro o sacrificarse.
Legítimo ejercicio de un derecho
3º. Quien ejecute un acto, ordenado o permitido por la ley, en ejercicio legítimo del cargo público que desempeña, de la profesión a que se dedica, de la autoridad que ejerce, o de ayuda que preste la justicia.
Propuesta de reforma: De acuerdo con Yax, en este artículo se busca eximir de responsabilidad penal al funcionario o empleado de la PNC que en estricto cumplimiento de sus funciones haga uso de su arma de fuego, en otras palabras, evitar que los policías vayan a la cárcel por disparar en contra de presuntos sindicados, toda vez se justifique el contexto de cómo ocurrieron los hechos.
Antes, según las fuentes consultadas, en cualquier hecho, no importando si los agentes se enfrentaban a disparos con sicarios o si defendían su vida o la de la ciudadanía, se les abría un proceso y regularmente se les llevaba a la Torre de Tribunales o al juzgado correspondiente, en cambio, ahora buscan que esto no suceda.
Artículo 408: Cometen atentado
1o. Quienes, sin alzarse públicamente, emplean violencia para algunos de los fines señalados en los delitos de rebelión o sedición.
2o. Quienes acometen a funcionario, a la autoridad o a sus agentes, o emplearen violencia contra ellos, cuando se hallaren en ejercicio de sus funciones o cargos, o con ocasión o con motivo de ellos. Los responsables de atentado serán sancionados con prisión de uno a tres años.
Propuesta de reforma: De acuerdo con Yax, la reforma en este artículo busca sancionar hasta 20 años, a quien atente en contra de la Policía, o el dignatario de un país, como un juez, magistrado, un fiscal o miembro de la Policía Municipal de Tránsito.
Otra de las propuestas
Incremento de salario
De acuerdo con el legislador, también buscan incrementar Q1, 500 a cada miembro de la PNC, esto se lograría a través de un incremento de US$20 a todos los turistas que ingresen o salgan del país, por vía aérea, marítima y terrestre.
En cifras
600 policías han enfrentado un proceso legal por usar su arma o la fuerza frente a una amenaza, tras la refundación de la PNC.
2 modificaciones al Código Penal buscan algunos diputados.
27 abogados conforman la Defensoría Técnica de la PNC.
