POR MARIELA CASTAÑÓN
mcastanon@lahora.com.gt
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a un hombre por los delitos de servicio ilegal de empresas de seguridad y por falsedad ideológica. También secuestró armamento en la oficina de la empresa de seguridad privada Army, la cual no está autorizada, según las autoridades.
La PNC detuvo a Damián Nazario Maldonado Morán, de 51 años, quien tenía una orden de captura por los delitos anteriormente descritos, con fecha 15 de mayo de este año.
Las autoridades también secuestraron 9 escopetas, 19 armas de fuego, municiones, documentos a nombre de la empresa Army, insignias, estatus del armamento con reporte de robo emitido por la Dirección General de Control de Armas y Municiones (Digecam), además de radiotransmisores y tablets.
Las diligencias corresponden a 25 allanamientos realizados en los departamentos de Quetzaltenango, San Marcos, Suchitepéquez y Escuintla.
EMPRESAS DE SEGURIDAD
La Hora intentó obtener una declaración de América Estrada, directora de la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada (Digessp), que regula a los 176 prestadores de seguridad, registrados en el país, sin embargo, no fue posible obtener una respuesta.
En tanto, a través de un comunicado, el Ministerio de Gobernación (Mingob) se limitó a informar que la Digessp, como entidad reguladora de los prestadores de seguridad privada, dio acompañamiento a los operativos iniciados conjuntamente con la PNC y el Ministerio Público (MP).
En el comunicado, la Digessp hizo un llamado a la población a contratar empresas debidamente registradas y adecuadas a la Ley que Regula los Servicios de Seguridad Privada y Reglamentos.
ANTECEDENTE
El 24 de octubre de 2014, La Hora publicó la nota “Detienen a guardias por muerte; empresa funciona ilegalmente”, donde se explica sobre la captura de cinco guardias de la empresa Asesoría Básica contra Riesgos (Marsam), que presuntamente participaron en el secuestro y muerte de Nyvia Aracely Quiñónez Pérez, de 63 años, el 18 de octubre de ese año.
La empresa funcionaba ilegalmente, debido a que fue suspendida por la queja de un trabajador en 2012.








