POR JOSÉ PABLO DEL ÁGUILA
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El juez Carlos Ruano Pineda se presentó esta mañana al Juzgado Octavo de Primera Instancia Penal para testificar cómo la magistrada Blanca Stalling, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), lo presionó para que dictara una medida de arresto domiciliario a favor de su hijo, Otto Molina Stalling, en el Caso IGSS-Pisa. En dos ocasiones, la defensa de la sindicada intentó frenar la declaración del juez.
Ruano relató ante el titular del Juzgado, Carlos Toledo Cruz, que el 31 de agosto de 2016 la oficial mayor de la Secretaría de la CSJ, Karla Santizo, le indicó que Stalling lo requería en su despacho el 1 de septiembre, para comunicarle algo.
Ruano testificó que en la reunión Stalling le hizo el requerimiento de influir en los demás jueces del Tribunal Noveno de Sentencia Penal -que conocía el Caso IGSS-Pisa- para que otorgara arresto domiciliar a su hijo.
Al ser interrogado por la fiscalía sobre por qué grabó la citación, el juez explicó que lo hizo para dejar constancia de que había sido Stalling, y no él, quien solicitó la reunión. Además, el togado dijo que cuando Stalling le sugirió cómo tenía que resolver dentro del proceso penal atentó contra su independencia judicial.
DEFENSA SE OPONE A DECLARACIÓN
Al inicio de la audiencia, el juez Toledo aceptó que la abogada Delmy Castañeda se reincorporara a la defensa de Stalling. Castañeda había sido separada de la defensa por el juez Adrián Rodríguez debido a que no se presentó a citaciones judiciales anteriores.
Sin embargo, recién ingresó al Juzgado, la abogada solicitó al juez que suspendiera la audiencia porque, debido a requisas que se realizaron en Mariscal Zavala ayer, su patrocinada se encontraba con crisis nerviosa y no estaba apta para permanecer en la sala de audiencias.
Además, Castañeda dijo que, debido a que con anterioridad había sido separada del proceso, no tenía la certeza si sería reincorporada y, por ende, no estaba preparada para ejercer la defensa.
No obstante, la Fiscalía expuso que Castañeda defendió a Stalling desde que inició el proceso y por tanto, tenía conocimiento desde fechas anteriores del caso, por lo que era inaceptable el argumento de que no estaba preparada.
El juez aceptó los argumentos de la Fiscalía y declaró sin lugar la petición.
No satisfecha con ello, Castañeda solicitó, previo a que Ruano testificara, que una autoridad judicial distinta, en fases posteriores del proceso, anule la declaración testimonial de Ruano.
Según la abogada, cuando se programó la audiencia de anticipo de prueba para que Ruano testificara, ni el juez ni el Ministerio Público expusieron los motivos por los que era urgente que él declarara en anticipo de prueba.
La audiencia de anticipo de prueba se programó porque, a criterio de la Fiscalía, hay riesgo de que los testigos no puedan estar presentes durante la etapa del juicio.
El juez Toledo dejó asentada la protesta de la abogada y prosiguió con la declaración de Ruano. Hasta el cierre de esta edición la declaración testimonial se encontraba en curso.
