Por Denis Aguilar
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El Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) presentó hoy acciones legales contra tres exmagistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) por el delito de prevaricato, al anular la sentencia por el delito de genocidio decretada contra el exjefe de Estado, José Efraín Ríos Montt y contra el exjefe de inteligencia militar, José Rodríguez Sánchez, en 2013.
La acción legal consta de una querella contra el exmagistrado de la CC y expresidente de la república, Alejandro Maldonado Aguirre, quien goza de inmunidad diplomática al ser diputado por el Parlamento Centroamericano (Parlacen).
De igual forma anunciaron que interpondrán denuncias penales contra los exmagistrados Héctor Pérez Aguilera y Roberto Molina Barreto. CALDH considera que en la sentencia emitida el 20 de mayo de 2013, que anuló la condena por genocidio, estos incurrieron en ilegalidades al tomar una decisión prevaricada en el caso.
El abogado de esa organización, Héctor Reyes, informó que hoy se estarán realizando estas acciones legales luego de un análisis realizado sobre el caso a raíz de la resolución que fue emitida hace cuatro años.
“Se hizo todo ese análisis muy minucioso, objetivamente para no venir y sorprender, sino presentar algo fundamentado”, dijo Reyes. “El caso por genocidio se presenta acá en Guatemala muy fundamentado, era una prueba súper abundante, era una prueba contundente de la responsabilidad de estas personas”, agregó el abogado.
CALDH considera que hay suficientes elementos para que los altos mandos militares de principios de los años 80 sean condenados por delitos de genocidio.
SEÑALAN DEBILIDAD DEL SISTEMA DE JUSTICIA
Según la entidad, los togados en aquel entonces tergiversaron hechos sucedidos durante el avance del proceso, lo que conllevó a que emitieran una resolución con argumentos basados en hechos falsos.
Entre lo que se tergiversó por los exmagistrados, CALDH asegura que no se le dio trámite a una recusación planteada por el abogado defensor Francisco García Gudiel contra la sentencia emitida. Sobre este suceso, la organización asegura que hay audios y vídeos que así lo demuestran.
Según CALDH, la CC incurrió en una ilegalidad al anular actuaciones de un proceso penal, ya que debieron resolverse en el mismo proceso a excepción de una reposición, la cual da lugar a una apelación. Con la resolución, aseguran que la CC alteró el proceso.
La entidad que fue querellante en el proceso contra Ríos Montt considera que con esto se evidencia la debilidad del sistema de justicia en Guatemala, lo que permite que se dé litigio malicioso de parte de magistrados y jueces, impulsado por abogados que tienen como fin entorpecer los procesos.
“Juzgar el prevaricato de estos tres exmagistrados de la CC es una deuda del sistema de justicia hacia las víctimas y hacia el pueblo de Guatemala”, señaló la organización en un comunicado.
