POR KIMBERLY LÓPEZ
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En el momento en que el exministro de Salud Pública, Jorge Villavicencio, firmó el Pacto Colectivo con el Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala (SNTSG) no había recibido un dictamen favorable de la Comisión de Finanzas para respaldar la disponibilidad financiera de los compromisos que se adquirieron con esa negociación. Así lo reconoció Villavicencio, en declaraciones previas a la segunda audiencia del juicio por el cumplimiento del pacto colectivo que se realizó esta mañana.
Uno de los cuestionamientos que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y la Procuraduría General de la Nación (PGN) hacen a la legalidad del Pacto Colectivo de Salud es que este se firmó sin contar con un aval de que financieramente los compromisos adquiridos con los trabajadores eran viables.
De acuerdo con la PGN, durante el proceso de negociación y previo a la suscripción del acuerdo, no se solicitó al Ministerio de Finanzas el dictamen o pronunciamiento respecto a la existencia del respaldo financiero del Estado para el pago de los beneficios que se pretendían otorgar.
Según las estimaciones realizadas por la PGN, dar cumplimiento al Pacto tendría un costo de Q2 mil 156 millones 080 mil 076.30, recursos con los que no cuenta la cartera de Salud. La versión del exministro es que en realidad tenía un costo de Q600 millones, según estudios que supuestamente se realizaron antes de autorizar la negociación.
Tampoco se consideró la fuente de financiamiento de la cual se tomarían los fondos para cubrir los beneficios contraídos y no se sustentó, por medio de algún dictamen técnico o financiero, la viabilidad de los compromisos adquiridos, pasando por alto principios constitucionales de razonabilidad, proporcionalidad y derecho presupuestario.
En 2013, cuando fue firmado el Pacto Colectivo, el MSPAS no había recibido un dictamen de finanzas sino que lo recibieron más de un año después de que se concretara la negociación, dijo Villavicencio, quien fue citado para declarar como testigo en la segunda audiencia del juicio en el que se discute la opción de declarar nulos varios artículos del Pacto Colectivo.
El exfuncionario indicó que son falsos los señalamientos de la PGN, pues sí contaban con los recursos financieros al momento de firmar el acuerdo.
PACTO SE FIRMÓ ANTES DE RECIBIR DICTAMEN
“El pacto se firmó en agosto y ya teníamos el dictamen, pero no lo mandamos a pedir porque no teníamos la plata… El dictamen lo dieron a unos pocos meses después, cuando se firmó ya habíamos cerrado el ciclo y el dinero estaba previsto en el presupuesto 2014”, justificó el exministro.
Asimismo, defendió su actuar argumentando que contaba con un dictamen jurídico del Ministerio que daba constancia de que todo se estaba realizando de forma legal. También recibieron la homologación de la cartera de Trabajo.
“Ya leí lo que plantean y es totalmente falso lo que ellos pretenden, se dice que no hay financiamiento, dictámenes técnicos, cosa que es totalmente falso, pero puede ser que hayan algunos errores”, declaró.
Otro de los aspectos que influyó en que el pacto se firmará a finales de 2013 fue el riesgo de que el país fuera sancionado por la Organización Internacional de Trabajo (OIT), por haber incumplido con compromisos adquiridos anteriormente con el sector trabajador, agregó el exministro.
AUDIENCIA
En la audiencia la PGN señaló que veía defensa de intereses personales en el abogado del sindicato, César Franco, quien recibiría 17 millones de ser cumplido el artículo 51 de ese pacto.
Por ese motivo la Procuraduría presentó una recusación que fue rechazada por la jueza, bajo el argumento de priorizar el derecho de defensa del sindicato.
Sin embargo, la PGN pidió la anulación de ese rechazo por lo que el expediente fue enviado a la Corte de Apelaciones, en donde se deberá analizar y ratificar esa decisión.
