Por Grecia Ortíz
gortiz@lahora.com.gt
Un año ha transcurrido desde que los presidentes de los tres poderes del Estado anunciaron públicamente el “Diálogo Nacional: Hacia la reforma de la Justicia”, que tenía como objetivo promover las reformas constitucionales en materia de justicia. Sin embargo, un año después el proceso sigue entrampado en el Congreso sin que exista hasta ahora una exigencia de parte de la población para que se apruebe el proyecto como sí ocurrió cuando apenas fue destapado el caso de “La Línea”, cuando la sociedad exigió cambios al sistema.
Uno de los obstáculos más férreos que encontró el proyecto fue la resistencia de los diputados a aprobar el artículo referente a la jurisdicción indígena. Pese a que este artículo fue retirado por las autoridades ancestrales e indígenas los congresistas no han mostrado voluntad para avanzar en la discusión casi cinco meses después de conocer el proyecto en el Congreso.
Hasta la fecha el Legislativo solo ha logrado avanzar con la aprobación de las tres primeras lecturas. Los diputados ya rechazaron los dos primeros artículos, vinculados al antejuicio y se postergó la discusión del artículo 203, referente a la jurisdicción indígena, que autoridades indígenas solicitaron retirar.
En tanto aprobaron el artículo 4 del proyecto que reforma el artículo 205 de la Constitución relativo a las garantías judiciales; también el artículo 5 referente a los requisitos para ser magistrado o juez y el 6, relativo al artículo 208 de la Carta Magna, sobre la Carrera Judicial de Jueces y magistrados del Organismo Judicial.
El analista político independiente Renzo Rosal considera que es lamentable la serie de estrategias empleadas por diputados, que están en contra de las reformas constitucionales e indica que quizá sea por miedo que “juegan al doble recurso”. Dicen estar a favor pero cuando votan no se manifiesta ese interés, indica.
A criterio de Rosal ese actuar es lamentable, puesto que “los diputados están actuando con su propia agenda, o por la agenda instrumentalizada por otros, pero no le están diciendo al país, o la sociedad ningún elemento positivo que permita caminar efectivamente”.
En lugar de quedar bien con la población los diputados envían un mensaje a favor de quienes cumplen prisión preventiva y han estado involucrados en casos de corrupción, “esta inacción en el Congreso, lamentablemente tiene otras repercusiones”, que afecta a otras instituciones que sí trabajan como el MP, indicó Rosal.
MÁS PRESENCIA CIUDADANA
Para el colectivo Somos, el papel que debe mantener la ciudadanía es de un mayor involucramiento dado a que hay congresistas que podrían ser cómplices o socios de los sindicados en casos de corrupción que están recluidos en la cárcel militar de Mariscal Zavala y que estarían buscando incidir a favor de ese grupo a través de leyes que puedan revertir los avances logrados.
“Existe actualmente una oportunidad de hacer verdaderos cambios de fondo. Las reglas de juego para hacer política en este país excluyen a las grandes mayorías y hacen que tengamos muchos delincuentes electos. El Congreso parece sordo a las necesidades de todos nosotros, por lo que es el deber de la ciudadanía de hacerles comprender que ellos deben obrar por el bien común”, señaló el colectivo en un correo electrónico, al ser consultado sobre la participación ciudadana y las reformas.
Por ese motivo también señalan que una segunda reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) es esencial, porque permitiría la democratización de los partidos políticos y que exista la paridad de género y de pueblos indígenas.
Asimismo expresan que es la ciudadanía la que debe dar seguimiento al proceso de reformas del Estado y entender que el proceso corresponde a la lucha contra la impunidad en el país.
“La ciudadanía es la única fuerza política que, a estas alturas, puede exigir que se apruebe la creación de un Consejo Nacional de Justicia y que el texto de esa reforma no sea manoseada por intereses dentro del Congreso”, enfatizó el colectivo ciudadano.
También señalan que es necesario que se audite, monitoree e interpele el Congreso ya que es la herramienta para que se garantice que no se sigan tomando medidas que afecten los intereses de la población.
SIN APOYO, SITUACIÓN CONTINUARÁ IGUAL
El analista político independiente Jorge Wong indicó que existen estructuras que buscan que las condiciones no cambien en el país y es ese mismo enquistamiento el que prevalece y el que combaten el MP y CICIG pero que sin el apoyo de la ciudadanía continuará igual.
Debemos presionar al Congreso, y presionar a Ministros, necesitamos presionar al mismo Presidente de la República para que se hagan los cambios que los ciudadanos requerimos cada quien en su interés por supuesto, porque unos demandarán carreteras, educación, salud, pero creo que todas las peticiones son completamente válidas, dijo.
Wong hizo énfasis en que se necesita que la población se eduque dentro de un sistema democrático porque quien conoce sus derechos los exige pero quien no lo sabe no lo hace.
“Habría una verdadera fiscalización y la sociedad civil no sabe ni siquiera como se hace fiscalizar, y todo se mueve a través de las redes sociales, hay denuncia y manifestación, pero no hay en sí cambios concretos, porque esa parte sigue estando dormida entre la población”, expresó.
Sobre las reformas constitucionales, el analista considera que aunque una ley se entregue fortalecida al Congreso eso no significa que salga de la misma manera, “Entra un elefante y sale un ratón” señaló. Agrega que no se sabe cuándo podría verse el proceso finalizado por lo que es necesario que no deje solas a las instituciones que la apoyan como MP y CICIG.
Wong indica que la propuesta de reformas se encuentra en un punto muerto porque llevan demasiado tiempo en el Congreso y no cuentan con el interés de los diputados para que sean aprobadas.
CONGRESO SIN FISCALIZAR
Álvaro Montenegro, representante de JusticiaYa, indica que se ha evidenciado que los diputados no tienen interés en mejorar el sistema de justicia porque muchos de ellos tienen un proceso legal o personas allegadas están involucradas en casos penales o investigaciones.
Sobre el rol de la ciudadanía, Montenegro indica que le corresponde dar un seguimiento a la labor del Congreso y denunciar a los diputados que tratan de retrasar el proceso.
“Las estructuras y personas que se han beneficiado de esta misma impunidad no quieren que se haga este cambio, porque les afecta directamente”, comentó.
A decir de Montenegro, los congresistas “hacen lo que les da la gana” y por eso no asisten a las sesiones plenarias, o si lo hacen presentan iniciativas que van en favor de la impunidad por lo que se necesita fiscalizar sus acciones.
NO HAY CAMBIOS SIN PRESIÓN
Ada Valenzuela de la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas, destacó que es preocupante que las reformas no avancen como se esperaba en el Congreso y aún más cuando se sabe que se dejó de lado el reconocimiento al derecho indígena.
A diferencia de lo que ocurre actualmente, Valenzuela, cree que en 2015 sí existía un interés social que buscaba que algo cambiara en el país y aunque se lograron algunas exigencias, eso no significa que hayan sido cambios profundos como las reformas al sector justicia y otras que son necesarias.
“Es altamente preocupante porque la única forma en que avanzan las cosas en nuestro país, está comprobado desde el año 2015, y otras luchas sociales que ha habido en año anteriores, es que si no hay presión ciudadana no hay cambios”, puntualizó.
LO QUE DICEN LOS QUE SE OPONEN
El pasado 26 de abril la expresidenciable Zury Ríos, hija del general retirado Efraín Ríos Montt, se presentó al Congreso con representantes de varias organizaciones en donde manifestó su rechazo a las reformas constitucionales.
Ríos expresó que acudió junto a varias entidades para presionar a los diputados. También indicó estar en contra del Consejo Nacional de Justicia que propone el proyecto de reformas constitucionales en el artículo 209.
COMISIONADO: “Se equivocan quienes consideran y proclaman que derrotar la reforma constitucional, significa una derrota para la CICIG o el MP”
Iván Velásquez, de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), reiteró durante su intervención en la presentación del Observatorio Judicial del Sistema de Justicia Penal, que no será la CICIG ni el MP, los afectados por una derrota a la reforma constitucional sino el país, al perder una vez más una oportunidad histórica de modernización institucional.
El titular de la CICIG, también recordó la convocatoria al dialogo nacional por la reforma de la justicia, efectuada el año pasado, y que después de efectuadas las jornadas, dicha reforma recibió la firma de 52 diputados que la avalaban.
“Casi, imperceptiblemente, la desconfianza retornó al seno de la sociedad. La discusión sobre el reconocimiento constitucional de la jurisdicción indígena radicalizó a algunos sectores, y esto fue aprovechado por otros grupos interesados en mantener el statu quo y perpetuarse en el goce de la impunidad que por tantos años han disfrutado, para destruir a los demás y revivir fantasmas ideológicos inexistentes”, aseguró Velásquez.
Asimismo Velásquez expresó que se equivocan quienes creen –con mala intención-, que el derrotar la reforma Constitucional significaría una derrota para la CICIG o para el ente investigador, puesto que será el país el que sufra las consecuencias.
Por tal motivo, también hace un llamado a la conciencia de empresarios, trabajadores, estudiantes, organizaciones gremiales y sociales, indígenas, hombres y mujeres de Guatemala, para que reflexionen sobre el futuro del país de ustedes.
“Fundamentalmente invoco en el día de hoy a la responsabilidad y al patriotismo de los diputados del Congreso de la República de Guatemala para que, deponiendo transitorias contradicciones, pasajeros intereses políticos, contribuyan con decisión a la modernización del sistema de justicia de su patria. El momento de hoy exige grandeza”, enfatizó Velásquez.
EL LARGO CAMINO DE LAS REFORMAS
El proceso incluyó una convocatoria abierta lanzada a principios del año pasado para aquellos sectores de la sociedad civil interesados en dialogar y aportar en el desarrollo de las reformas, cuya finalidad es fortalecer el sistema de justicia.
Los debates se realizaron en: Quetzaltenango, Huehuetenango, Cobán, Zacapa, Petén, Jutiapa y en la Antigua Guatemala, posteriormente las mesas de trabajo se trasladaron a la ciudad de Guatemala donde el borrador siguió depurándose.
En todas las actividades se contó con la participación de personas que no tenían una propuesta concreta pero que decidieron hacerlo en calidad de observadores. Finalmente los cambios fueron entregados al Congreso de la República, encargado de la aprobación final del proyecto.
En noviembre de 2016 la Comisión Legislativa y de Puntos Constitucionales recibió la propuesta y le dio un dictamen favorable para luego entregarla a la Dirección Legislativa que se encargaría de su proceso de aprobación.
La discusión de las reformas constitucionales al sector justicia contó con el apoyo de una Mesa Técnica que estaría integrada por: el Ministerio Público (MP), la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Guatemala (OACNUDH).
El 8 de marzo de 2017, las autoridades indígenas anunciaron que retirarían el artículo 203 de las reformas, correspondiente al reconocimiento del pluralismo jurídico, esto con el fin de que la propuesta avanzara en el Congreso.
“Las fuerzas oscuras en este país que quieren seguir manteniendo sus privilegios están haciendo que las reformas no se aprueben”, denunció Rigoberto Juárez, líder comunitario de Huehuetenango.
El líder comunitario también dijo que el tema del artículo 203 había sido utilizado para deshacerse de las reformas constitucionales.
El proyecto ha recibido varios cuestionamientos, entre ellos la participación de la CICIG, institución a la que señalan que no tiene establecida su participación en este tipo de temas.
Las reformas han permanecido en el Congreso al menos 5 meses sin que los avances hayan sido significativos y positivos.
Tan solo el pasado 29 de marzo, el Legislativo logró la aprobación del primer artículo del proyecto constitucional al sector justicia.
