POR REDACCIÓN LA HORA
lahora@lahora.com.gt
Defensores de derechos humanos y expertos en temas sociales mostraron su preocupación por el “discurso del odio” que ha validado expresiones violentas en contra de la ciudadanía que exige a las autoridades el cumplimiento a sus derechos, como el incidente ocurrido ayer en el que un conductor atropelló a 13 estudiantes de la Escuela de Comercio No. 2, en la Calzada San Juan.
Según testigos, los menores de edad manifestaban en ese lugar exigiendo la dotación de útiles para sus estudios y la remoción de algunas autoridades del plantel educativo.
El estado de salud de una de las adolescentes atropelladas es “inestable”, aseguró el director del hospital Roosevelt, Carlos Soto. Los doctores debieron amputarle la pierna derecha a la menor de edad.
Aunque el hecho generó muestras de indignación en las redes sociales y hasta del presidente de la República, Jimmy Morales, muchos usuarios mostraron su aprobación a la embestida realizada por el conductor contra los manifestantes.
PELIGROSO DISCURSO
Jorge Santos, de la Unidad de Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de Guatemala (Udefegua), explicó que el incidente se puede interpretar como el resultado de un discurso del odio promovido en el país en contra de las expresiones sociales de inconformidad, como las manifestaciones.
En ese sentido, recordó que el Procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque, emitió una resolución en contra de los discursos del odio en 2014, en la cual instaba a las autoridades a trabajar en su erradicación, certificándolo ante el Ministerio Público para que se impulsaran acciones para atacar ese tipo de pronunciamientos.
“Nos parece que el Ministerio Público no ha hecho lo suficiente para atacar y disminuir el discurso del odio, eso lo que ha producido es una estimulación permanente para que se pase del decir al hacer”, reiteró Santos.
A la vez, el activista mencionó que el atropello de los 13 estudiantes es la consecuencia del “aliento” en contra de la defensa de los derechos humanos y lamentó que los discursos que criminalizan la protesta social provengan en ocasiones de funcionarios.
“La libertad de manifestación está permitida en el país y no se necesita de autorización alguna, esos discursos solo alientan una mala intención de las circunstancias”, aseveró.
Santos indicó que este caso debe ser tomado por las autoridades como ejemplo para demostrar que se aplicará la justicia a las personas que pretendan socavar los derechos y las libertades de los demás, y mencionó que es necesario un mayor involucramiento del MP, Policía Nacional Civil (PNC) y el sistema de justicia en general para minimizar las expresiones de odio.
Por su parte, el director Ejecutivo de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), Javier Zepeda aseguró que “nada justifica” la acción que realizó el automovilista en contra de los manifestantes.
“Como sector empresarial lamentamos la situación de estos jóvenes…no se justifica ningún acto de violencia y agresión, que si lo que estaban haciendo era dentro u no de la ley, habrá que hacer sus análisis, pero bajo ningún punto de vista justifica que los atropellaran”, mencionó Zepeda, quien pidió a las autoridades realizar las investigaciones pertinentes para dar con el responsable.
VEN INFERIORIDAD
Por su parte, Marco Antonio Garavito, director de la Liga de la Higiene Mental, indicó que con este incidente se evidencia que en el país las peticiones y derechos de la niñez y adolescencia se categorizan de una forma inferior.
“El respeto a la niñez y a la adolescencia en este país históricamente siempre ha sido marginal, le puedo citar muchos ejemplos. Este es un componente que la tragedia de ayer pone en evidencia y nos tiene que poner a reflexionar”, argumentó.
Tanto Santos como Garavito coinciden en que los jóvenes de la Escuela de Comercio planteaban solicitudes de carácter educativo que no fueron atendidas por el sistema y que probablemente se habían agotado otras instancias y mecanismos que obligaron a los estudiantes a actuar.
“Me parece que esta persona en una manifestación de adultos no hace eso, se lo puedo asegurar, pero en este caso sí, ¿por qué? porque hay un desprecio por nuestra niñez y adolescencia, eso es muy preocupante”, manifestó.
Sin embargo, Garavito hizo énfasis en que las expresiones que avalan lo que hizo el conductor no se pueden tomar como el pensamiento colectivo de los guatemaltecos y que es más probable observar muestras de rechazo e indignación.
A la vez, indicó que no considera que esto pueda afectar otras manifestaciones o que se generen más temores de los existentes para reclamar los derechos humanos, y que podría generar escenarios que empoderen a la ciudadanía ante las injusticias.
CONDENAN LO SUCEDIDO
Abner Paredes, defensor de la Juventud de la Procuraduría de los Derechos Humanos, indicó que la institución dará seguimiento a las investigaciones y las solicitudes que hacían los estudiantes a las autoridades.
“Lamentamos este hecho que pone de manifiesto el nivel de descomposición social, intolerancia y la cultura de violencia que impera en el país, estamos indignados y condenamos el hecho”, destacó.
También, comentó que la integridad de las personas y a la vida es incomparable al derecho de la libre locomoción. “Nadie le da el derecho a una persona de atropellar a otros porque no compartan su opinión. Muchos han emitido opiniones que de verdad son asombrosas y que consideramos es en base a la ignorancia, y una réplica a los prejuicios y estereotipos sociales”, reiteró.
De momento, la Policía Nacional Civil (PNC) ubicó un automóvil que posee características similares a las del automotor que embistió a los estudiantes; se desconoce el proceso de la investigación.
