POR KIMBERLY LÓPEZ
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A pesar de que figuras como el titular de la Comisión Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, insisten en la necesidad de la aprobación de reformas constitucionales al sector justicia en el país, la iniciativa que plantea una serie de cambios al sistema se ha enfrentado a varios obstáculos en el Congreso de la República.
Según el comisionado de la CICIG, Iván Velásquez, Guatemala enfrenta una serie de problemas estructurales que propician la corrupción e impunidad. Precisamente, por ese motivo es que son urgentes las reformas a todo el Sistema de Justicia.
Velásquez se refirió a la situación de corrupción en Guatemala así como al trabajo hasta ahora realizado por la CICIG junto al Ministerio Público, (MP), en un foro de corrupción realizado en Colombia esta mañana.
A manera de diagnóstico, Velásquez indicó que en el país la mayor parte del financiamiento de la política procede de la corrupción y eso influye en el que la fortaleza de los partidos políticos no sean precisamente sus propuestas como organizaciones, sino la capacidad de sus financistas que ven la política como un instrumento.
Según el Comisionado, en vista de este escenario establecer un poder judicial honorable resulta fundamental para el proceso real de recuperación del Estado. De esa cuenta, dijo, es que son fundamentales las reformas al Sistema de Justicia para permitir el ingreso de nuevos funcionarios mediante concurso y así asegurar personas probas.
RETRASO EN EL CONGRESO
Sin embargo, hasta ahora ha sido lento el proceso de discusión y aprobación de los artículos que conforman la propuesta presentada por representantes de los tres organismos de Estado.
Desde octubre de 2016, los presidentes del Organismo Ejecutivo y Judicial, Jimmy Morales y Ranulfo Rafael Rojas, entregaron a Mario Taracena, el proyecto final de reformas constitucionales al sector justicia, iniciativa que el Congreso tendrá que aprobar.
Luego de recibir el proyecto, el entonces Presidente del Congreso aseguró que se comprometerían con la lectura y análisis de las mismas.
La propuesta se presentó luego de seis meses de discusión, durante los cuales diferentes sectores se reunieron para debatir los puntos en torno al tema. En el proceso participaron entidades como el Ministerio Público (MP), la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la PDH y otros actores. No obstante, seis meses después de su presentación oficial solo dos artículos han sido aprobados.
